El presidente del Perú, Pedro Castillo designó un nuevo gabinete el pasado martes liderado por el congresista Héctor Valer Pinto. Su intención fue renovar un Consejo de Ministros que venía desgastado para darle un nuevo aire. Pero al parecer tuvo el efecto contrario. Las críticas por los antecedentes de Valer y otros ministros han sido feroces.
La Defensoría del Pueblo también alzó la voz frente al nombramiento del equipo ministerial. Señaló en un comunicado que la facultad presidencial para designar ministros no es irrestricta, pues se encuentra sujeta a un conjunto de parámetros contenidos en la Constitución que resultan de obligatorio cumplimiento para el jefe de Estado.
Agrega que la lucha contra la corrupción y toda forma de delito, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es una obligación constitucional. “Por ello, resulta inaceptable que varios de los integrantes del gabinete registren sentencias condenatorias o procesos judiciales en trámite”.
La entidad indica que el deber de proteger derechos fundamentales es uno de los parámetros que debe ser garantizado por toda persona que sea nombrada como ministro de Estado. Por ello, indica, resulta grave que en el actual gabinete se constate la presencia de ministros que han afectado estos derechos gravemente mediante sus acciones y discursos.
La Defensoría puntualiza que no pueden continuar en el cargo las personas con acusaciones de violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y adolescentes (como es el caso del premier Héctor Valer), o quienes niegan la diversidad sexual (como la ministra de la Mujer, Katy Ugarte).
“Debe recordarse que la desigualdad, la violencia y la discriminación contra los grupos mencionados constituyen graves problemas que aquejan al país históricamente. Por ello, hemos señalado que quienes asuman la responsabilidad de dirigir las políticas públicas para enfrentarlos deben mostrar un compromiso integral con las mismas”, aseveran en el comunicado.
Precisan que la lucha por la igualdad de género y contra la violencia, así como el reconocimiento de la diversidad, exige el concurso de personas que demuestren una trayectoria de vida, conducta y formación óptimas. Y proceder de forma contraria, transgrede los parámetros establecidos por la Constitución y coloca en riesgo los avances que se han tenido en estos años.
Recuerda que como dicta la Constitución, es obligación del presidente garantizar la buena marcha de la administración pública, lo cual solo es posible designando en los cargos ministeriales a personas de probado conocimiento y experiencia en la gestión privada y pública. “Sin embargo, es patente en el gabinete la presencia de ministros con escasa o nula formación para la cartera que deben gestionar. Tal hecho afecta la provisión de servicios a la ciudadanía dañando sus derechos”, sentencian.
El comunicado finaliza considerando que la designación del actual gabinete “transgrede los mandatos constitucionales de lucha contra la corrupción y el delito, garantía de derechos humanos y de buena administración. Por ello, corresponde al presidente recomponer su gabinete en el más breve plazo, designando nuevas/os ministras/os que cumplan con los requisitos constitucionales antes mencionados”.
DEFENSA DE VALER
El premier rechazó las denuncias que lo involucran en casos de violencia familiar, así como una investigación por colusión en Ucayali. En conferencia de prensa, Valer calificó de falsas las denuncias difundidas en los medios de comunicación por violencia familiar contra su fallecida esposa, Ana Montoya León; su hija, Catherine Valer Montoya; además de una trabajadora de Agrobanco.
“Es increíble cómo se puede llegar a impulsar documentos, algunos que tienen medias verdades y otros falsos”, expresó.
Sobre una resolución del año 2017, del Noveno Juzgado que dictó medidas de protección a favor de su cónyuge, indicó que este documento carece de validez por no tener firma de la denunciante, y puso en duda el certificado del médico legista.
En cuanto a la denuncia policial de su hija, quien lo acusó de agresión física, Valer la calificó de media verdad porque en realidad lo que sucedió fue una llamada de atención. El jefe del Gabinete Ministerial aseguró haberse enterado hace un día y medio de las imputaciones en su contra que, en su opinión, buscan generar una vacancia presidencial.
Consultado sobre si se sometería a una prueba sicológica, Valer dijo no tener ningún problema en hacerlo de manera pública y ante profesionales del Colegio de Psicológico de Lima y el Perú.
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