El Ministerio Público incluirá a funcionarios de tres instituciones públicas en la investigación preliminar que se encuentra abierta por el caso del derrame de petróleo que se registró el pasado 15 de enero en playas del norte de Lima.
Los funcionarios públicos que serán incluidos pertenecen a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
La Fiscalía Especializada en Material Ambiental de Lima Noroeste tomó la decisión de ampliar la investigación preliminar para poder sumar a estos funcionarios por una presunta responsabilidad funcional, dado que los hechos habrían ocurrido debido a una omisión en su labor de fiscalización administrativa.
Según las disposiciones legales, las instituciones del Estado antes mencionadas, están en la obligación de realizar tareas de verificación, fiscalización y control del cumplimiento de los planes de contingencia si se presenta un derrame de petróleo que pueda dañar al medio ambiente, como ocurrió en las playas del norte de la capital costera.
IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS
Como parte de la investigación, la Fiscalía también solicitó 18 meses de impedimento de salida del país para cuatro representantes de la Refinería La Pampilla S.A, que es administrada por el grupo Repsol.
La resolución del pedido se dio este viernes 28 de enero por el juez penal de Ventanilla, Romualdo Aguedo Arana. El magistrado decidió prohibir la salida del país de cuatro directivos de la empresa, estos son: Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, gerente general de la empresa Refinería La Pampilla; Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gísela Cecilia Posada Jhong, gerenta de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción. Todos ellos están siendo investigados por el presunto delito de contaminación ambiental.
Tamara Gonzáles, fiscal adjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, fue quien argumentó que era necesario garantizar que los investigados se mantengan en territorio nacional mientras se desarrollan los procesos necesarios para esclarecer los hechos y poder atribuir las responsabilidades del caso.
La Ley peruana tipifica penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes cometan el delito de “contaminación del ambiente en agravio del Estado”, esta sería la pena a la que se enfrentarían los investigados de ser encontrados culpables.
Luego de la resolución de impedimento de salida, Repsol emitió un comunicado en el que dio a conocer la contratación del conocido científico Marino Morikawa, él liderará el equipo de expertos en limpieza y extracción de hidrocarburos en el agua y suelo de las zonas afectadas por el derrame de petróleo que ha afectado a más de 100 kilómetros de la costa peruana.
Además, la petrolera española Repsol señaló que seguirá “cooperando plenamente con la justicia ante la prohibición de salida del país de cuatro directivos de la empresa mientras se realizan las investigaciones necesarias.
“Continuaremos cooperando plenamente con cualquier investigación criminal, como ya lo estamos haciendo con la investigación preliminar en curso”, señaló Repsol en un correo electrónico a la AFP de Madrid.
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