El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional condenó a Gregorio Santos a 19 años de prisión (9 por delito de colusión agravada y 10 por lavado de activos), por irregularidades cuando se desempeñó como gobernador regional de Cajamarca.
A través de su cuenta oficial de Twitter, informó que también fueron sentenciados Mario Montes Samaniego a 16 años de prisión; Antonio Medina Centurión y Mario Cueva Carranza a siete años, César Marcelo Estela Castañeda a seis años y Maritza Ayala Sínchez a ocho años.
De igual modo, el tribunal impuso consecuencias accesorias de suspensión de actividades a las personas jurídicas de Constructora Aterpa Sucursal Perú, Project Construction SAC, Industrial Gráfica San Remo SAC y otras.
Asimismo, se determinó que los condenados, de manera solidaria, deberán pagar una reparación civil de 21 millones 122,976 de soles. Además, se absolvió a Víctor Manuel Rojas de la Cruz, Aydé Marilú Briones Rojas y Enrique Salazar Silva.
El colegiado dispuso la suspensión provisional de la ejecución de la presente condena hasta que la misma quede firme, es decir hasta que la instancia superior la confirme.
SENTENCIAS
La primera condena impuesta a Santos por el Poder Judicial fue de 4 años de prisión por colusión simple, luego se le impuso 8 años de cárcel por colusión agravada y 7 años por asociación ilícita. Una suma de las penas da una total de 19 años de prisión efectiva.
Una sentencia que se dio en primera instancia.
El titular del Primer Juzgado Penal Colegiado señaló, en el adelanto de fallo, que la Fiscalía logró acreditar que, durante su gestión como gobernador de Cajamarca, Santos direccionó 12 obras a favor de los empresarios Wilson Vallejos y Luis Pasapera.
Estos contratos causaron defraudación al Estado y se instauró una organización criminal dentro de Proregión, unidad ejecutora a cargo de los proyectos.
“La finalidad de la organización criminal en Proregión era facilitar los direccionamiento de obras para obtener beneficios particulares en contra de los intereses del Estado”, sostuvo el juez Huamán.
También se acreditó que Gregorio Santos recibió pagados por casi millón y medio de soles para favorecer a Vallejos y Pasapera.
CASO KENJI
El Ministerio Público requirió al Poder Judicial la aplicación de 12 años de privación de la libertad, el pago de una multa de 130,000 soles y la inhabilitación por 183 meses para el ejercicio de la función pública, contra el excongresista Kenji Fujimori, acusado por los delitos cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.
En su alegato de apertura, el fiscal adjunto supremo titular Alcides Chinchay Castillo, sostuvo que los excongresistas de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel buscaron convencer al extinto Moisés Mamani de no respaldar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, a cambio obras públicas.
Al respecto, explicó que el beneficio que recibiría el entonces legislador Mamani, a cambio de votar en contra de la vacancia presidencial de Kuczynski, consistía en buscar alcaldes amigos de Puno para ofrecerles obras públicas y cobrar un porcentaje del financiamiento de tales obras, como “comisión” de éxito.
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