Martín Vizcarra: Procurador General del Estado pide reabrir investigación por caso Chinchero

El Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, pidió a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que reinicie la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra sobre el Caso Chincero.

En el escrito enviado, solicita que se reabra a carpeta fiscal relacionada a la investigación de Viscarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y de forma alternativa por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

El procurador Soria Luján sostiene que se han encontrado nuevos elementos de convicción que permitirían el transcurso del proceso y posible sentencia. Por ejemplo, se menciona el pliego de preguntas y respuestas de la interpelación contra el exministro que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río. Para el Procurador General eso representa un indicio del nivel de coordinación y relación entre Vizcarra y el gerente general.

Además, también se encontró dos proyectos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fomento (CAF) en poder de Balta del Río, los cuales servirían de apoyo para la firma del contrato. En este caso, como irregularidad se ha comprobado que ambos proyectos estuvieron en manos del empresario antes que llegaran a poder de los funcionarios del Estado.

Soria Luján también cuestiona el informe del 18 de noviembre del 2020. Señala que “no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el conocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público”.

Se recuerda que el pasado 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación decidió cerrar la investigación contra el expresidente por el Caso Chinchero. Sin embargo, esta decisión recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General del Estado el pasado 19 de noviembre del 2021 y se hizo a pedido del mismo procurador Soria.

RELACIÓN DE VIZCARRA CON EL CASO

El documento presentado por el Procurador General resalta que en el informe del 18 de noviembre del 2020 “no se determina que los hechos investigados no constituyen delito en base a la documentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, únicamente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de parte de la fiscal provincial, quien, a juicio de la fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado”.

Así, para Soria Luján, la responsabilidad de entonces ministro es indiscutible. Esta recaería en haber suscrito la Resolución Ministerial N° 041-2017-MTC/01, que es la que aprobó la adenda N° 1 al contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero.

Además, esto se habría realizado a sabiendas de que dicha contrata era desfavorable para el Estado. Esto se lo hizo saber la entonces presidenta de Ositrán, Patricia Benavente, vía correo electrónico.

También se responsabiliza a Vizcarra Cornejo de sostener reuniones previas con personas del consorcio, donde también habría participaron otros funcionarios del Estado.

CONGRESO EVALÚA INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA VIZCARRA

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República revisó las denuncias contra el expresidente Martín Vizcarra.

Se vería el informe final sobre la denuncia constitucional 136 en contra del exjefe de Estado en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones -durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski- por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.

Aunque no existen pruebas de que el exmandatario hizo actos a favor de Obrainsa, se pretende inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.

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