Pedro Castillo: fiscalía investiga contrataciones de personal cercano al mandatario

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició la investigación de contrataciones de personal de Palacio de Gobierno, las mismas que fueron designadas durante el mandato del presidente Pedro Castillo. Esta oficina del Ministerio Público presentó un oficio a Subsecretaría General del Despacho Presidencial el 10 de diciembre del 2021.

La fiscal Rosario Isabel Quico Palomino solicitó que dentro de las 72 horas de haber recibido el documento, “se remita a este despacho fiscal, informe documentado y detallado respecto al procedimiento para la designación de personal en los servicios de asistencia comunicacional para la redacción y revisión de contenidos en redes sociales en los últimos 10 años”.

“Nosotros hemos recabado esa documentación e información y hemos observado que para la contratación de estas personas se habrían emitido algunos correos y se habrían llevado todo conforme a una directiva. Lo que estamos pidiendo que nos detallen cuál era el procedimiento para la contratación de este tipo de personal. Según la noticia, veo que se pidió de los últimos diez años. Es decir para saber si hubo un tipo de modificación al proceso de contratación es lo que estamos pidiendo”, señaló a Latina el asistente en función fiscal, Joshua Salazar.

Andrés Calle y Analí Carrión, Franco Pomalaya, José Quispe, Gian Baca serían cómplices en el delito contra la Administración Pública en agravio del estado en la modalidad de negociación incompatible, según la tesis fiscal. Cabe señalar que aquella modalidad se refiere al hecho de que un funcionario o servidor público se interese por cualquier contrato que realizan particulares con el Estado. Pomalaya quien fue contratado como asistente de comunicaciones del Despacho Presidencial, este es el mismo quien meses pasados fue captado agrediendo a una periodista que intentaba formular una pregunta al presidente Pedro Castillo.

En tanto, para el Ministerio Público, los presuntos autores de los delitos cometidos serían Andrés Calle Mezares y Analí Carrión Díaz. El reportaje apunta que Pomalaya, Cristóbal y Baca habrían sido contratados a pesar de no contar con los requisitos para ejercer el puesto. Las contrataciones se habrían hecho a través del Fondo de Apoyo Gerencial al sector público (FAG).

¿QUÉ ES EL FAG?

El Fondo de Apoyo Gerencial tiene la finalidad de que las entidades públicas cuenten con asesores y trabajadores altamente capacitados que les permita fortalecer las capacidades de la institución pública. Es así que los trabajadores beneficiados deben cumplir con una serie de estrictos requisitos para finalmente ser incorporados a la función pública; sin embargo, se cree que en el caso de los investigados no contarían con la experiencia ni formación necesaria para cumplir con las labores que se les ha asignado.

“El Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) se creó el 22 de julio de 1992 mediante Decreto Ley N° 25650. Los requisitos para la contratación de un Consultor FAG se establecieron en los Lineamientos aprobados mediante RM 238-2009-EF/10 de mayo de 2009 y se han mantenido hasta la fecha”, señala una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas. “El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recuerda a las entidades receptoras que la contratación de Consultores en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG solo puede celebrarse para el desarrollo de asesorías, consultorías y actividad profesional calificada”, agrega la publicación.

Según el reportaje emitido, Palacio de Gobierno no habría emitido hasta la fecha la información requerida por las autoridades que investigan este caso. El asistente fiscal recalcó que la investigación en marcha no involucra al presidente de la República Pedro Castillo ya que su oficina no es la indicada para llevar a cabo ese tipo de indagaciones.

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