El día de ayer, 21 de enero, el pleno del Congreso de la República sesionó y debatieron el proyecto de que faculta a la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) solicitar el levantamiento bancario y la reserva tributaria de funcionarios de Estado. Sin embargo, no alcanzaron los votos para aprobarlo.
En una segunda votación, la propuesta en cuestión solo alcanzó el respaldo de 83 congresistas. 36 parlamentarios votaron en contra de la iniciativa y 5 se abstuvieron.
La propuesta de enmienda constitucional había sido aprobada por el Congreso del periodo 2020-21, pero el Tribunal Constitucional en ese entonces declaró la inconstitucionalidad de la cuarta legislatura. Por ello, el proyecto debía pasar por una segunda votación en este Parlamento, donde eran necesarios 87 votos.
Antes de la votación, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), defendió la propuesta señalando que era necesario materializar las reformas constitucionales que tienen el propósito de luchar contra la corrupción y para proteger el Patrimonio Cultural de la Nación.
Luego de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, informó a la Representación Nacional que corresponderá al Consejo Directivo evaluar el procedimiento a seguir.
LA PROPUESTA
El proyecto de ley presentado buscaba modificar el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política en los siguientes términos:
“Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.
“Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento sólo puede efectuarse a pedido del juez, de la fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado y del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control, así como del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera”.
CONGRESO APROBÓ MOCIÓN DE INTERPELACIÓN CONTRA EL MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS
En el pleno de ayer, también se aprobó en pleno la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro. Con ello, se busca que el ministro acuda al Parlamento para que explique la legalidad de la designación de Daniel Salaverry en el cargo de presidente del directorio de Perupetro.
La moción consiguió el respaldo de 68 congresistas, que votaron a favor; 38 congresistas votaron en contra y cinco se abstuvieron.
Con esta votación, también se aprobó que el ministro acuda a la sesión respectiva del pleno el día lunes 31 de enero a las 10:30 horas. Responderá a un total de 10 preguntas.
Durante la sustentación de la moción 1691, el Diego Bazán, de Avanza País, iseñaló que es necesario recibir las respuestas del titular de Energía y Minas, ya que la Contraloría determinó que el funcionario “no cuenta con capacidad técnica en el tema de hidrocarburos”.
Ese mismo día se dio cuenta de la moción 1771, la cual propone que el ministro del Interior, Avelino Guillén, acuda a la sesión del pleno y responda un pliego de 74 preguntas. El tema será visto en la próxima sesión plenaria.
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