La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, tomó la palabra algunos minutos antes de iniciar el pleno del Parlamento para dar un discurso en el que emplaza a la empresa Repsol a hacerse cargo por la “tragedia ecológica” ocurrida en Ventanilla y Ancón con el derrame de petróleo que ha afectado a los ecosistemas de la fauna y flora marina, además del mar peruano.
“Señores congresistas como es de conocimiento de preocupación el derrame de petróleo en Ventanilla ha producido el mayor desastre ecológico en las costas de Lima y Callao, recogiendo las voces de la representación nacional, reiteramos desde aquí, la exigencia para que la empresa Repsol asuma las responsabilidades”, manifestó.
Asimismo, exhortó al Gobierno central a que active los mecanismos correspondientes para que asumen la responsabilidad que también tiene como máxima autoridad en el país respecto a este caso.
“Que el gobierno active los mecanismos correspondientes asumiendo la responsabilidad que le corresponde. Desde el congreso estaremos vigilantes cumpliendo nuestro rol fiscalizador y de control político”, explicó la autoridad congresal.
“PATRIO TRASERO”
Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, arremetió contra Repsol e indicó que “no puede ser que una empresa de corte internacional (Repsol) trate nuestro patrimonio natural como su patio trasero, donde pueda hacer de manera impune lo que desea”.
“El presidente ha sido absolutamente enérgico en reafirmar el derecho constitucional que tenemos, la necesidad de ese nuevo pacto social ambiental. El mar y nuestra fauna, no son simple adorno de nuestra vida cotidiana, son parte inherente. Nuestra naturaleza, ecología y biodiversidad, no puede afectarse de esta forma”, subrayó.
SANCIONES LEGALES Y ECONÓMICAS
El derrame de petróleo que se inició en Ventanilla traería consecuencias legales y económicas a la empresa encargada de La Pampilla por ser “la que realiza la descarga de crudo y legalmente es responsable si lo derrama”.
De acuerdo a especialistas, la OEFA podría imponer varias multas por múltiples infracciones que sumadas hasta 30 mil UIT (135 millones de soles), pero esta cancelación podría demorar su pago hasta en cuatro años si es que no es judicializado.
Sin embargo, Repsol habría incurrido en otra infracción por no haber implementado de forma oportuna su plan de contingencia. Aquí la multa es de dos mil UIT (12 millones de soles).
En materia penal, el Ministerio Público, a través de las Fiscalías especializadas en materia ambiental (FEMA) ha abierto una investigación en preliminar para determinar a los presuntos responsables del delito de contaminación ambiental, cuya sanción vendría a ser la pena privativa de la libertad entre 4 y 6 años contra quienes resulten responsbles.
En materia civil, se precisó que el Estado puede iniciar un proceso civil indemnizatorio para que el dinero que se recaude por este proceso puede resarcir el daño generado..
Por otro lado, los pescadores pueden presentar una acción civil por haber sido afectados económicamente por este hecho e iniciar un proceso indemnizatorio por los daños y perjuicios de la contaminación.
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