Derrame de petróleo: Consumidores afectados pueden presentar sus casos al Indecopi

Indecopi sostiene que el Estado podría pedir una indemnización monetaria a Repsol por el derrame.

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Foto: Composición / AFP
Foto: Composición / AFP

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) habilitó un canal virtual para que los consumidores que se consideren afectados por el derrame de petróleo puedan exponer su caso y solicitudes.

Esto se puede hacer a través del correo electrónico: presidencia@indecopi.gob.pe.

La entidad recordó que el Código de Protección y Defensa del Consumidor señala que los productos ofertados en el mercado no deben representar riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores.

En un comunicado de prensa, la entidad detalló que los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales de la playa Bahía Blanca y Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón, integradas por más de 500 pescadores, ya han manifestado su afectación directa.

SE PODRÍAN INICIAR PROCESO JUDICIALES

A través de la Dirección de Protección al Consumidor, Indecopi señaló que, tras el derrame de alrededor de más de 6 mil barriles de crudo en el mar de Ventanilla, “se evalúa el inicio de procesos judiciales para la defensa de intereses difusos y/o colectivos de los consumidores”.

Julián Palacín Gutiérez, presidente ejecutivo de la institución, ha solicitado información al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) y a otras entidades para determinar claramente a qué daños están expuestos los consumidores.

Al Sanipes se ha solicitado información sobre la delimitación precisa de la zona marino-costera afectada y el tiempo de afectación; las actividades extractivas que se realizan y en qué cadenas productivas tiene incidencia el derrame.

A la OEFA se le ha pedido información sobre la identificación a los posibles afectados y aplicación de las coberturas a favor del Estado peruano. Esto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de Repsol.

INDECOPI SEÑALA QUE REPSOL DEBERÍA INDEMNIZAR AL ESTADO PERUANO

Palacín sostiene que la empresa debe indemnizar al Estado y afectados. Por ello, sugirió al Ministerio del Ambiente que exija la póliza de seguros y reaseguros de Repsol, la cual debería cubrir la responsabilidad civil por los daños causados al ambiente y a los ciudadanos consumidores.

Asimismo, precisó que, de ser posible, se debe hacer un peritaje para iniciar el proceso de conciliación extrajudicial y luego un posible proceso judicial contra Repsol y contra su compañía de seguros en el mercado internacional.

El artículo 1987 del Código Civil establece la responsabilidad solidaria de las aseguradoras y/o reaseguradoras internacionales, aplicando la doctrina de la distribución social de los daños.

“Actualmente, con un Gobierno que defiende la soberanía del Perú y el derecho a exigir justicia frente a este daño planteamos, en defensa de los consumidores, una hoja de ruta jurídica a través del Indecopi, para sentar un precedente jurídico e histórico respecto de la indemnización que corresponde frente a cualquier daño ambiental en agravio del Estado peruano, señala el presidente ejecutivo de Indecopi.

Agregó que en caso de daño ambiental, este se debe indemnizar, ya que quien causa daño a otro debe indemnizarlo. Entonces, el daño ambiental tiene una cuantificación monetaria, la cual se puede traducir en una indemnización por daños y perjuicios.

“Creemos que en el Perú se debe seguir esta ruta jurídica que permitirá, en el futuro, se tomen mayores medidas de seguridad para evitar daños por contaminación que tanto perjudican a los consumidores y al Estado peruano en su conjunto”, sostiene.

Señaló que todas las empresas que realizan actividades riesgosas o peligrosas dentro del territorio nacional deberían estar obligadas a registrar sus pólizas de seguros y reaseguros en el Ministerio de Energía y Minas. Esto marcaría un cambio en la administración de actividades extractivas, ya que, históricamente, el Estado no ha defendido adecuadamente sus derechos indemnizatorios.

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