La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento investigue por 15 días la denuncia que interpuso la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra Manuel Merino de Lama, el ex jefe del gabinete Ántero Florez-Aráoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por la represiones policiales durante las protestas de 2020 y los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Durante esta sesión, presidida por la titular del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), 16 congresistas votaron a favor, 8 se abstuvieron y 5 estuvieron en contra de la investigación.
Los votos en contra fueron de Martínez Talavera, de Acción Popular, y Martha Moyano, Ventura Angel, Alejandro Aguinaga y Hernando Guerra-García, de Fuerza Popular. Los parlamentarios que se abstuvieron fueron Wilson Soto, Elvis Vergara y Jorge Flores, de Acción Popular; Jorge Montoya, María Jáuregui y Alejandro Muñante, de Renovación Popular; Roberto Chiabra, de Alianza Para el Progreso; y José Jerí, de Somos Perú.
Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, estuvo en contra de esta investigación (aunque se abstuvo) porque, según sus palabras, la intención principal de los manifestantes era incendiar el Congreso de la República.
“Quiero recordar que esta manifestación se dio con violencia inducida dirigida por organizaciones de afuera y tenia el fin de ser similar a la marcha de Chile. El objetivo era incendiar el Congreso y la Policía actuó de manera profesional excelente no tiene ni parecido con otras partes y esos policías ahora están maltratados acusándolos de asesinos”, comentó.
El pasado jueves 6 de enero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentó un informe a la Comisión Permanente que declaró procedente el inicio del trámite contra Merino de Lama, Florez-Aráoz y Rodríguez por las lesiones provocadas a 78 manifestantes y por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
En este plazo de 15 días por la Comisión Permanente, la denuncia vuelve a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que tiene que nombrar a un parlamentario para que se encargue de la investigación.
Las movilizaciones donde fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado fueron entre el 10 y 14 de noviembre y el 1 y 3 de diciembre del 2020.
DENUNCIA
Los exaltos funcionarios fueron acusados por los delitos de omisión impropia, homicidio y lesiones leves y graves por parte de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, además de incumplir su deber constitucional y legal en el ejercicio de sus cargos.
Así, se entiende la figura que Merino de Lama, Florez-Aráoz y Rodríguez no protegieron la vida y la integridad física de los ciudadanos que estuvieron en las movilizaciones de 2020. También se les acusó por no haber tenido medidas para controlar el abuso policial.
La fiscal de la Nación sostuvo que los políticos habrían actuado con dolo eventual desde que asumieron sus mandatos porque conocían sobre las manifestaciones sociales que se estaban desarrollando en esas fechas.
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