El Congreso de la República busca que el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo, responda por las presuntas irregularidades en las contrataciones de funcionarios en su cartera, la cual fue asemejada a “una agencia de empleo” al favorecer a militantes de Perú Libre que no reunían los requerimientos para el cargo.
En total, ya se presentaron dos mociones de interpelación en su contra. La primera fue redactada por el congresista no agrupado del Partido Morado, Edward Málaga, y cuenta con un pliego interpelatorio de 24 preguntas.
Esta solicitud consiguió con el respaldo de 19 legisladores de distintas bancadas, entre ellas las de Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Somos Perú y las otras dos legisladoras electas por el Partido Morado, Susel Paredes y Flor Pablo.
Mientras que la segunda fue presentada, la tarde de hoy, por el legislador APP, Heidy Juárez, para que el ministro del Ambiente responda, si es que llega a ser aprobada por la mayoría del pleno del Congreso, 44 preguntas sobre la denuncia hecha el pasado 9 de enero por Punto Final.
CONTRATACIÓN DE PERSONAS VÍNCULADAS A PERÚ LIBRE
En dicho reportaje, se revela un presunto favoritismo dentro del Ministerio del Ambiente para la contratación de personas vinculadas a Perú Libre en puestos específicos sin cumplir con los requisitos necesarios.
De acuerdo al informe periodístico, gran parte de los postulantes enviaban su Curriculum Vitae por WhatsApp al entonces director de Recursos Humanos del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Pinto, pese a no ser el mecanismo de contratación correspondiente.
Entre las personas involucradas figuran: Jaime Quispialaya Armas, abogado de Perú Libre; Carlos Pimentel Silva, militante del partido acusado en el 2019 de falsificar documentos para trabajar en la Municipalidad de Huancayo; la abogada Natalia Jiménez, dirigente de juventudes de la organización; David Caballero Llanos, presidente del Directorio de Radio Latina, y Rocío Santibañez Acosta, químico farmacéutica y miembro del equipo técnico del partido en campaña electoral.
En su defensa, el Ministerio del Ambiente (Minam) aseguró que la designación de profesionales de este sector se da bajo estricto cumplimiento de los perfiles de puestos, aprobados por Servir.
“Por ello, descartamos que el Ministerio del Ambiente se haya transformado en una agencia de empleos, en aras del respeto irrestricto a su institucionalidad y la profesionalización de sus funcionarios”, se lee en el pronunciamiento.
“En cumplimiento de nuestras obligaciones, se dispuso que se brinden todas las facilidades para la remisión de los expedientes de designaciones efectuadas a la Contraloría General de la República y al órgano de control institucional para que realicen las investigaciones y el control correspondiente sobre la legalidad de dichas designaciones”, agregó.
En ese sentir, el comunicado afirma que el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, no ha ejercido presión alguna para las designaciones, pues estas se han realizado siguiendo los procedimientos internos y con la evaluación y conformidad de la Oficina General de Recursos Humanos.
Añadió se han adoptado las medidas correctivas pertinentes para aquellas personas que hayan tomado el nombre del ministro del Ambiente con la intención de influenciar en la evaluación técnica a cargo de las áreas competentes.
Por último, el Minam reafirmó su voluntad y transparencia para contribuir al mejoramiento del desempeño ambiental en el país.
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