El equipo técnico de la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura y efectivos de la Policía Nacional participaron de la diligencia de lanzamiento programada para el viernes por el Primer Juzgado Civil de Barranca, en ejecución de sentencia en el proceso judicial de reivindicación seguido contra Alejandro Ramón Saliz Saavedra, a fin de restituir al Mincul un terreno de cuatro hectáreas del Sitio Arqueológico Ciudad Sagrada de Caral-Chupacigarro ubicado en el distrito de Supe, provincia de Barranca, en el departamento de Lima.
Sin embargo, esto no se pudo realizar porque hubo protestas de varios grupos que impidieron que los efectivos policiales arriben hasta la zona ocupada ilegalmente.
El diario El Comercio informó que esta gente puso troncos de árboles y piedras en las vías de acceso al sitio arqueológico. En el lugar habían un poco más de 70 adultos y niños que no dejaron que los procuradores del ministerio y cerca de 100 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) lleguen hasta el lugar.
Debido a este problema se han firmado actas de compromiso para que el próximo 31 de mayo sea la fecha límite para que los invasores abandonen el sitio arqueológico, dijo el procurador público del Ministerio de Cultura, Henmer Alva Neyra.
“No son invasiones de familias que estarían viviendo allí, son espacios en los que desarrollan su actividad de siembra de paltas y la justificación que ellos expusieron es que se les permita un tiempo prudencial hasta que puedan cosechar esos productos. La evaluación se hizo para evitar conflictos y la exposición de las personas a algún peligro”, explicó al diario peruano.
El funcionario aseveró que se tuvo que conversar con la parte demandada para llegar a un acuerdo y no se complique la situación como un enfrentamiento entre las personas que estaban allí y los policías.
RUTH SHADY NO ESTÁ DE ACUERDO
La destacada arqueóloga y descubridora Ruth Shady, quien constantemente recibe amenazas de traficantes de tierras, que pretenden ocupar parte del sitio arqueológico de Caral donde ha trabajado más de 25 años, manifestó que no está de acuerdo con la decisión tomada por el Ministerio de Cultura.
Para la también antropóloga hay varias familias involucradas en la repartición de 30 héctareas del sitio arqueológico: los Saliz Saavedra reparten la tierra entre Alejandro Ramón, su hermano Luis Alberto Saliz Saavedra y su sobrino Pablo César Mejía.
Shady expresó que no hubo ningún momento de calma durante la diligencia porque amenazaron a los arqueológos de Caral con armas de fuego, pistolas y piedras. Incluso, uno de ellos fue golpeado y otro tuvo que huir porque iba a ser atacado por una turba de gente.
“Es indignante que no se haya respetado la disposición de la Corte Suprema de retirar al invasor y no considerar las leyes y normas de protección del Patrimonio Cultural. La misma Constitución indica que el Patrimonio Cultural de la Nación es intangible, inalienable e imprescriptible. Caral fue declarado patrimonio de la nación en 2002 y fue registrado por el Estado como bien nacional el 2005. Ese invasor no tiene ningún documento que le dé derechos sobre esas tierras sino al revés tiene la orden judicial de ser retirado en seis días”, enunció a El Comercio.
La arqueóloga pidió a las autoridades que los invasores de la zona no deberían plantar nada porque podrían afectar los trabajos de excavación.
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