La Fiscalía peruana declaró inválidos los argumentos presentados por Pedro Castillo en su defensa

El fiscal adjunto supremo considera que los alegatos presentados por el mandatario no fueron suficientes para justificarse en una de las tres investigaciones que se iniciaron en su contra

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La Fiscalía peruana considera inválidos
La Fiscalía peruana considera inválidos los argumentos presentados por Pedro Castillo en su defensa

El presidente de Perú, Pedro Castillo, no ha dado una explicación válida a la denuncia por presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, uno de los tres casos por los que la Fiscalía de la Nación le abrió investigación preliminar, según afirmó el fiscal Ramiro González.

El fiscal adjunto supremo, que interrogó a Castillo el pasado 28 de diciembre, explicó a RPP Noticias que el mandatario atribuyó su comunicación con el general del Ejército, José Vizcarra, a un incidente en helicóptero cuando fue trasladado a su región natal Cajamarca.

“Es cierto, hasta donde tenemos conocimiento, que hubo un percance sobre uno de los helicópteros, sobre este hecho estamos recabando información, pero la declaración (de Vizcarra) y otros hechos recogidos hacen ver que (la versión de Castillo) no sería una una explicación válida”, señaló González.

Castillo le dijo al fiscal que su intención, al comunicarse con Vizcarra, no era promover un ascenso de un allegado, sino advertir sobre la negligencia de un oficial en un viaje en helicóptero a la localidad de Puña (Cajamarca) en el que estuvo presente.

José Vizcarra, ex comandante general
José Vizcarra, ex comandante general del Ejército peruano

Los ex comandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron destituidos por Castillo tras negarse a ascender a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.

En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares escondidos en su oficina, quien habría sido la persona que presionó a los militares para que cumplieran con ese pedido.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y COLUSIÓN

El fiscal González precisó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ha abierto dos investigaciones preliminares a Castillo, que incluyen tanto esta injerencia en los ascensos como las supuestas irregularidades en la licitación del proyecto Puente Tarata III y del abastecimiento de biodiesel B100 a la estatal Petroperú.

Sobre la participación de la empresaria Karelim López, como supuesta intermediaria a favor de las empresas favorecidas, González anotó que “no sólo habría tenido vinculación con Bruno Pacheco, sino directamente con el presidente de la República”.

“Dos hechos permiten afirmar eso, la presencia (de López) en el pasaje Sarratea (una casa particular en el distrito limeño de Breña) y la organización de la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente”, precisó el fiscal.

El presidente de Perú, Pedro
El presidente de Perú, Pedro Castillo, no ha dado una explicación válida a la denuncia por presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas

A su vez, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, dijo que no existe una lista de visitantes en la casa de Breña, pero que la fiscalía le preguntó por las personas que lo han visitado allí y que negó haberse reunido con Karelim López.

INVESTIGACIÓN SUSPENDIDA

El letrado defendió la decisión de la fiscal Ávalos de suspender la investigación hasta el término de su gobierno en 2026 porque “tiene un trabajo tan arduo, y ve situaciones de diferente nivel y se está procesando a una persona que tiene que dar la seguridad a la comunidad internacional”.

“Por lo tanto, la Constitución crea esta inmunidad presidencial hasta que termine su periodo”, expresó en declaraciones a RPP Noticias.

Las diligencias contra Castillo no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, advirtió la Fiscalía en un comunicado donde destacó que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.

El anterior precedente se remonta a octubre de 2020, cuando la Fiscalía también abrió un expediente contra el entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020) por presunta corrupción, que derivó posteriormente en una denuncia constitucional, una vez que el mandatario fue destituido por el Congreso.

(Con información de EFE)

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