Pedro Castillo y su investidura como presidente de la República lo blinda de ser investigado durante su mandato

El presidente de la República, Pedro Castillo, no podrá ser investigado hasta el fin de su mandato por los casos de los polémicos ascensos en las FF.AA. y las reuniones con el jefe de Petroperú y empresarios que luego ganaron una millonaria licitación de biodiesel.

Ayer, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos comunicó al mandatario su decisión de abrirle investigación preliminar por las reuniones con Karelim López Arredondo y Samir George Abudayeh Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares, aunque en el mismo acto suspendió todas las diligencias que se pudieran dar respecto a estos temas debido a que su investidura como jefe del Estado prohíbe ser investigado en lo que dure su mandato presidencial.

De acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se blinda al presidente Castillo frente a cualquier investigación mientras ejerza el cargo de máximo representante de la población peruana. Todas las diligencias recién se podrán realizar cuando concluya su mandato, como sucedió con el expresidente Martín Vizcarra.

La suspensión es hasta julio del 2026, cuando termine su mandato presidencial, pero esta disposición solo abarca a Castillo más no incluye al ministro de defensa, Walter Ayala Gonzales, al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco, la lobista Karelim López, ni al empresario Samir Abudayeh y otros.

Está decisión de abrir investigación preliminar a Castillo Terrones fue tomada por Zoraida Ávalos a la misma hora en que el presidente de la República se reunía en Palacio de Justicia con las titulares del Poder Judicial, Elvia Barrios, y del Congreso, María del Carmen Alva, en la ceremonia de apertura del año judicial 2022.

En esta ceremonia el presidente aseguró que su gobierno respeta la autonomía de poderes, sobre todo de aquellos órganos de administración de justicia. También reconoció que en los primeros meses de su gobierno se cometieron errores, pero que buscará mejorar este 2022, a la vez que resaltó los éxitos económicos y el avance en la vacunación de la pandemia de la COVID-19

La fiscal de la Nación notificó su decisión al presidente Castillo, la Procuraduría General del Estado y las fiscalías provinciales que ven casos relacionados. La decisión es inapelable, pues sobre la fiscal de la Nación no hay otra instancia.

Entre los argumentos para suspender la investigación a Castillo, la fiscal de la Nación indica que “el Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso (...) y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Agrega también que por esos mismos motivos por los que el Congreso podría sancionarlo.

“Esta posición jurídica hace compatible de protección a la institución presidencial, que implica la no investigación durante el ejercicio del cargo, con la garantía de que los hechos serán investigados, pero a la culminación del mandato presidencial. Con lo que en los hechos ocurre, una suspensión del inicio de los actos de investigación”, subraya la resolución de la fiscal de la Nación.

Luego, anota que históricamente, desde el regreso de la democracia el año 2000, todos los fiscales decidieron no investigar o procesar penalmente a ningún presidente, mientras ejerciera el cargo. En los casos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski nunca se les investigó mientras ejercieron la presidencia.

Zoraida Ávalos emitió dos resoluciones: Una sobre el tema de los ascensos y otra sobre la licitación en Provías Nacional y la compra de Biodiesel por parte de Petroperú y en ambas los argumentos jurídicos son los mismos respecto a la investidura de presidente de la República que protege a Pedro Castillo.

Sin embargo, señala que su despacho adoptó nuevos criterios a fin de asegurar que los hechos considerados sospechosos se investiguen en algún momento, pero suspender los actos indagatorios hasta que termine el mandato presidencial.

Está suspensión de la investigación, sostiene, “es inexorable”, pues aunque en este momento se decidiera el inicio inmediato de diligencias, interrogatorios, levantamiento del secreto de las comunicaciones, del secreto bancario y otros, “habrá un momento en que igualmente opere la suspensión”.

La fiscal de la Nación cita como sustento de su decisión opiniones jurídicas de Abraham García, Francisco Eguiguren Praelli, Aníbal Quiroga León, José Hurtado Pozo, entre otros.

INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ A OTROS IMPLICADOS

Si bien Pedro Castillo no podrá ser investigado, la Fiscalía de la Nación aclaró que está decisión no afecta las indagaciones que realizan los fiscales Marco Huamán sobre Bruno Pacheco; Karla Zecenarro sobre Karelim López y Provías; Norah Córdova sobre Petroperú; y Janet Sánchez Porturas sobre la FAP.

Los fiscales provinciales pueden recoger y preservarán todas las pruebas e indicios que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos e incluso pueden citar a declarar al presidente Castillo en calidad de testigo.

Al respecto, el representante legal de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, se mostró a favor de la decisión de la fiscal de la Nación. “Se ajusta a derecho y a la Constitución. Obviamente es una derrota para la Procuraduría”, mencionó a La República.

Recalcó además que el jefe del Estado no puede ser investigado durante el ejercicio de funciones. “Se crea una inestabilidad al país, no al presidente” y agregó que toda investigación conlleva a una fase final que está impedida expresamente en la Constitución. “¿Para qué vas a investigar si no vas a acusar? Es un absurdo total”, dijo.

De otro lado, indicó que la Fiscalía no ha solicitado la lista de las personas con las que Pedro Castillo se reunió en Breña. Además, reiteró que su presentación no sería necesaria de acuerdo a la Ley de Gestión de Intereses. “No se ha dado ninguna relación de funcionarios o decisión del Estado (en vivienda de Breña)”, sostuvo.

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