El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, comentó en una entrevista con RPP sobre la frustrada expulsión de los venezolanos del país. Sobre ello, afirmó que su sector fue el encargado de gestionar el vuelo a petición del Ministerio del Interior; sin embargo, no hubo respuesta debido a que las autoridades de Venezuela encargadas de este trámite se encontraban de vacaciones.
“La petición formal que formuló la Cancillería para un permiso de vuelo, que sí fue concedido por Colombia y Ecuador, no se dio en el caso de Venezuela. Entonces, se reportó, no hubo respuesta y en eso se suscitan los hechos que son de dominio público. No estoy en la situación de poder atribuir responsabilidades, pero la Cancillería gestionó y no tuvo respuesta”, apuntó.
Además, comentó que hubo una “evidente descoordinación”, lo cual hizo que afectara en la imagen del país a nivel internacional, pero también aseguró que en este caso se trató de una “desinteligencia”. Asimismo, explicó que este proceso se dio en respuesta a un “clamor de la opinión pública de que hay determinados venezolanos que han estado cometiendo delitos”.
“En términos generales se previó una situación, se contempló, y el ejercicio de parte nuestra, sectorialmente, fue asegurarnos de que no hayan refugiados -porque los refugiados gozan de un estatus ya reconocido por Naciones Unidas- y el trámite correspondiente al aspecto operativo de un permiso de vuelo, eso es lo que compete a mi sector”, anotó.
¿POR QUÉ SE CANCELÓ ESTA EXPULSIÓN?
El presidente Pedro Castillo, quien prometió en campaña la expulsión de extranjeros con antecedentes, estuvo presente en la terminal del grupo aéreo N°8 de la Fuerza Área del Perú, en el Callao, junto al ministro del Interior, Avelino Guillén, pero tuvo que retirarse ante la cancelación del evento.
Lo primeras explicaciones que dieron fue que desde Caracas no autorizaron el ingreso del avión en que viajarían los repatriados por “razones técnicas”, de acuerdo a la Cancillería del Perú.
Horas más tarde, el titular del Ministerio de Interior confirmó esa versión y detalló que todo estaba coordinado para realizar la repatriación, pero, en efecto, Venezuela no dio la autorización de inmediato, como si lo han hecho anteriormente Ecuador y Colombia.
“Venezuela no dio la autorización para los fines que se han requerido, por eso se ha tenido que suspender hasta una nueva fecha. La decisión se basa en el estado soberano de Venezuela de no brindar la autorización respectiva”, comentó Avelino Guillén en conferencia de prensa.
EN QUE CONSISTÍA ESTA OPERACIÓN CACERÍA
El ministro del Interior, Avelino Guillén, había declarado que ninguno de los ciudadanos que iban a expulsar del Perú estaban involucrados en hechos delictivos en el país. Lo que sí tenían, según Guillén, eran órdenes de expulsión dadas por Migraciones, por infracciones administrativa como presentar información falsa en los trámites migratorios, ingreso al país son pasar por los controles fronterizos, atentar contra el orden público, entre otros.
De acuerdo al diario El Comercio, desde inicios de mes el Gobierno empezó a presionar a la Policía Nacional “para realizar las expulsiones como sea” por ser una promesa de campaña del gobierno de Pedro Castillo.
Este ‘plan de expulsión’ de los ciudadanos venezolanos ya contaba con un presupuesto de 422 mil soles para los gastos que implicaba llevar a un grupo de venezolanos a su país de origen.
Le entregaron 300 nombres al general PNP Martín Parra, pero al momento de revisar varios de ellos no cumplían con los requisitos para regresarlos a su país, porque contaban con arraigo familiar o habían pedido refugio.
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