El presidente de la República, Pedro Castillo, solo puede ser investigado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera. De hecho, hace unas semanas ya se iniciaron las indagaciones por parte de Fiscalías Anticorrupción contra el ex secretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco por presuntas presiones en los ascensos de las Fuerzas Armadas; sin embargo, estas investigaciones no apuntan al jefe de Estado.
Hasta ahora solo hay un pedido explícito hecho por la Procuraduría General del Estado para que la Fiscal de la Nación investigue al presidente. Zoraida Ávalos aún no se ha pronunciado.
CASO PETROPERÚ
Un informe de Punto Final mostró que, según el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente Castillo recibió el pasado 18 de octubre, entre las 9:21 y las 11:10 de la mañana, a la empresaria Karelim López; al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh Giha; y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo,
Dos semanas después, la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó una licitación para venderle biodiesel a Petroperú, cuyo gerente también se encontraba en Palacio, por más de 70 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.
Al día siguiente, la fiscal anticorrupción de Lima Norah Córdova abrió una investigación preliminar a quienes acudieron a la cita con Castillo: López, Chávez, Abudayeh. Se presume delitos de colusión y negociación incompatible.
Cabe mencionar que el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, ha indicado que el mandatario no llegó a recibir a Abudayeh, y que el resto de sus reuniones fueron por separado.
Al día siguiente, Norah Córdova dispuso la realización de diligencias de recolección de documentos en Petroperú y en Palacio de Gobierno.
Aunque en un primer momento un acta fiscal indicaba que no se había autorizado el ingreso a la oficina de la Secretaría de la Presidencia, la Presidencia de la República aseguró luego que el presidente dispuso dar todas las facilidades a los fiscales y que “en ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”.
La resolución donde se abrió la investigación de este caso indica: “Póngase en conocimiento del despacho de la Fiscal de la Nación el extremo de los hechos que implicarían la participación del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, a fin de que se avoque conforme a sus atribuciones”. ¿Qué implica esto?
Según el abogado penalista Percy García Cavero, consultado por el medio El Comercio, la fiscal interpreta que el presidente podría ser investigado preliminarmente en este caso: “Creo que, por lo menos, la fiscal provincial deja abierta esa posibilidad y le deja a la Fiscal de la Nación la responsabilidad de tener que decidir”. Además, considera que Zoraida Ávalos tendría que pronunciarse.
Otra posibilidad es que se ordene la suspensión de la investigación hasta que el presidente culmine su mandato.
“[La fiscal Norah Córdova] está obligada a remitir información a la Fiscal de la Nación cuando conozca de algún hecho en el que pueda estar involucrado un dignatario o un funcionario que tiene prerrogativas constitucionales. Lo que ha hecho es correcto (…) La Fiscal de la Nación recibe la información y ella es la que tiene que decidir, la que tiene la facultad definir qué hacer”, señaló el abogado penalista Julio Espinoza, también consultado por El Comercio.
CASO PROVÍAS
En este caso, el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía la cual asesora Karelim López, obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado por la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga.
Días antes se la lobista López había sido grabada ingresando a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para reunirse extraoficialmente con Pedro Castillo.
Al día siguiente de conocerse el hecho, la fiscal Karla Zarraceno abrió una investigación preliminar por un plazo de 120 días para “determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, así como contra los que resulten responsables”.
En este caso se hizo un pedido explícito a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que abra una investigación preliminar al mandatario por la presunta comisión de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Según la Procuraduría, las reuniones entre Karelim López y el presidente Castillo “se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra”.
Aún no se conoce de una decisión o un pronunciamiento de parte de la Fiscal de la Nación.
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