La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó los hechos de violencia que se registraron ayer en la provincia de Chumbivilcas - Cusco, donde un grupo de personas incendio el campamento Huisamarca de la compañía minera Anabi, destruyó maquinarias y equipos, así como puso en grave riesgo la vida de los trabajadores.
El gremio minero energético manifestó que lo ocurrido en Chumbivilcas, forma parte de una escalada promovida por grupos violentistas que buscan paralizar las actividades productivas e inversiones en el sector minero, frente a la pasividad e inacción de las autoridades.
Esta escalada -explicó- ha tenido como blanco en las últimas semanas a importantes operaciones mineras como Antamina (Áncash), Cerro Lindo (Ica) y Las Bambas (Apurímac). Esta última se vio obligada a suspender totalmente sus labores desde el último sábado.
“Observamos que estos grupos opositores a la minería actúan con total impunidad ante la actitud pusilánime de las autoridades gubernamentales que no actúan para restablecer el orden interno y hacer respetar el Estado de Derecho”, afirmó.
La SNMPE explicó que en la actualidad la unidad minera Huisamarca se encuentra en proceso de cierre de operaciones y, por ende, ya no registra actividades de producción de minerales.
“Estos hechos que se vienen registrando en distintas regiones del país, lamentablemente ratifican que se está normalizando la violencia como medio de protesta social ante un Gobierno que pareciera haber claudicado en sus deberes y funciones”, advirtió el gremio minero energético.
Con respecto al caso de Las Bambas, la SNMPE criticó la actitud de un grupúsculo de dirigentes de Chumbivilcas que, anteponiendo sus intereses personales, persisten en el bloqueo de la carretera y su actitud de chantaje contra la empresa MMG Las Bambas. “Son 75 mil familias perjudicadas directamente por estas medidas de fuerza que impactan negativamente en la economía nacional, generando pérdidas por más de US$10 millones diarios para el país”.
En ese sentido, exhortó al gobierno a ejercer su autoridad en consonancia con el marco constitucional vigente, restableciendo el libre tránsito en el corredor minero del sur y otorgando las garantías necesarias para que el sector minero siga produciendo y aportando al desarrollo del Perú.
CONTRA LA MASIFICACIÓN DEL GAS
De otro lado, la SNMPE denunció que la semana pasada, un grupo de trabajadores de la empresa Gasnorp que realizaban trabajos de tendido de ductos de gas en la provincia de Sechura en Piura, fueron atacados por presuntos pobladores de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.
“Ante las acciones violentas contra las cuadrillas de operarios y la falta de garantías, la empresa se ha visto obligada a paralizar los trabajos en cuatro frentes de tareas: válvulas de seccionamiento en el puente Sechura, Delicias y Virrilá, así como la actividad de apertura del derecho de vía en el tramo 11 del gasoducto”, indicó el gremio.
“Este es un claro atentado contra el proceso de masificación del gas natural que impulsa el Gobierno y se pone en riesgo las inversiones previstas para la región Piura”, precisó la SNMPE al señalar que Gasnorp cuenta con los permisos ambientales aprobados por las autoridades correspondientes y el derecho de servidumbre otorgado por los propietarios de los predios ubicados en el trazo del gasoducto que se construye en Sechura.
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