El presidente Pedro Castillo solicitó ante la Fiscalía que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico en el marco de la investigación que se está llevando a cabo al responsable de la estatal PetroPerú, Hugo Chávez, por la comisión de un presunto delito de adjudicación irregular de contratos públicos.
Esta decisión del Jefe de Estado se produce un día después de que la Fiscalía señalara al presidente de haber intervenido en este supuesto delito con el que habría beneficiado a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo gerente, Samir Abudayeh, se habría reunido con él en Palacio de Gobierno a la misma hora que lo habría hecho con Karelim López y el gerente de PetroPerú
A su vez, a través de sus abogados, Castillo Terrones ha solicitado también a las autoridades que marquen una fecha para que le sea tomada declaración sobre este asunto desde el Palacio de Gobierno, donde ayer lunes acudió la Fiscalía para llevar a cabo una serie de registros por orden de la fiscal general, Norah Córdova.
En este contexto, el Gobierno también ha desmentido a través de un breve comunicado en redes sociales que el presidente Castillo hubiera impedido el día anterior que los efectivos de la Fiscalía cumplieran con su labor dentro del Palacio de Gobierno, tal como lo afirmó el secretario del despacho presidencial.
El presidente Castillo “dispuso que se otorguen las facilidades correspondientes para que los fiscales cumplan con su labor con total apertura. En ningún momento ha dado disposición alguna a efectos de que no se realicen diligencias en algunos ambientes de Palacio de Gobierno”.
El caso se basa en una investigación de la cadena de televisión peruana Panamericana, en la que se señala que Castillo se reunió con Abudayeh y Chávez, encuentro confirmado en el portal de transparencia del Gobierno, en el palacio presidencial días antes de que la empresa del primero lograra la adjudicación de un contrato millonario a través de PetroPerú.
DELITOS
La fiscal anticorrupción Norah Córdova inició acciones contra los funcionarios de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy Lion, en calidad de autores; mientras que Karelim López, Gregorio Sáenz Moya y Samir Abudayeh, como cómplices por los presuntos delitos de solusión simple y negociación incompatible en agravio del Estado.
La Fiscal Córdova dispuso poner en conocimiento del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el relato de reuniones y hechos que implicarían a Pedro Castillo.
“Mediante las reuniones antes detalladas se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operator S.A. con los procesos de selección para la adquisición de combustible tipo Biodiésel B100 a cargo de Petro-Perú”, indica el documento redactado por la fiscal anticorrupción.
Pedro Castillo, según registros de ingresos a Palacio de Gobierno, se reunió en dos oportunidades con Samir Abudayeh, director de Heaven Petroleum Operator S.A., empresa que obtuvo días después un contrato de 74 millones de dólares con Petro-Perú.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que Castillo Terrones podría ser investigado de manera preliminar por los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
En tanto el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la Fiscalía de la Nación debe investigar preliminarmente al presidente por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible.
CASO ASCENSOS DE LAS FF.AA.
De otro lado, Pedro Castillo ha sido citado nuevamente por el Ministerio Público, luego que el mandatario decidiera posponer la primera citación pactada para el 14 de diciembre.
El Ministerio Público tomará la declaración testimonial al presidente de la República el 29 de diciembre respecto al caso de presuntas presiones en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.
“La Fiscal de la Nación, Zoraida Avalos reprogramó para el 29 de diciembre a las 10:00 am, la citación al presidente Pedro Castillo a fin de recoger su testimonio, en relación a la investigación por presuntas injerencias del Poder Ejecutivo en el proceso de ascensos en las FFAA”, se puede leer en el comunicado emitido por la Fiscalía.
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