El presidente de la República ha usado el silencio como un arma para no responder a las diversas acusaciones en su contra. Pedro Castillo ha decidido optar por no referirse a las investigaciones que se han iniciado respecto a las sospechosas reuniones que sostuvo en la casa de Breña y las de Palacio de Gobierno con la polémica Karelim López, el gerente de Petro-Perú y Samir Abudayeh, representante de la empresa que terminó adjudicándose un contrato valorizado en 74 millones de dólares por la venta de biodiésel B100.
Ayer, el mandatario no permitió que un grupo de fiscales ingresara a la oficina de secretaría del despacho presidencial como parte de las diligencias que se llevaron a cabo ayer en Palacio de Gobierno.
La diligencia tuvo un primer percance cuando los fiscales tuvieron que esperar más de 40 minutos para que se les autorizara el ingreso a la Casa de Pizarro.
Los fiscales ingresaron al Área de Desarrollo de Tecnologías de la Información, pero cuando solicitaron entrar a la oficina de Secretaría de la Presidencia de la República, se les informó que el jefe de Estado no lo habría autorizado.
La fiscal anticorrupción Norah Córdova inició acciones contra los funcionarios de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy Lion, en calidad de autores; mientras que Karelim López, Gregorio Sáenz Moya y Samir Abudayeh, como cómplices por los presuntos delitos de solusión simple y negociación incompatible en agravio del Estado.
La Fiscal Córdova dispuso poner en conocimiento del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el relato de reuniones y hechos que implicarían a Pedro Castillo.
“Mediante las reuniones antes detalladas se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operator S.A. con los procesos de selección para la adquisición de combustible tipo Biodiésel B100 a cargo de Petro-Perú”, indica el documento redactado por la fiscal anticorrupción.
DEBE SER INVESTIGADO
Pedro Castillo, según registros de ingresos a Palacio de Gobierno, se reunió en dos oportunidades con Samir Abudayeh, director de Heaven Petroleum Operator S.A., empresa que obtuvo días después un contrato de 74 millones de dólares con Petro-Perú.
A esto se suma la negativa del mandatario de enviar la lista de las personas con las que el mandatario se reunió en la casa del pasaje Sarratea. Sin embargo, la situación del jefe de Estado lo tendrá que definir la Fiscal de la Nación.
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que Castillo Terrones podría ser investigado de manera preliminar por los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.
En tanto el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la Fiscalía de la Nación debe investigar preliminarmente al presidente por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible.
Asimismo, el abogado Andy Carrión indicó que si bien el presidente Castillo no tiene obligación de brindar información porque no existe una orden judicial, sí existe el ‘deber’ de colaborar con aclarar los hechos de investigación, por lo que no permitir el ingreso de los fiscales a una oficina específica, sí puede considerarse obstrucción.
Agregó que la única excepción para no mostrar documentos en una diligencia de exhibición es el secreto de Estado, según el artículo 224 del Código Procesal Penal.
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