Este martes, el presidente de la República, Pedro Castillo, acudió a pie y acompañado de su abogado, a la Fiscalía de la Nación parara reunirse personalmente con la máxima autoridad del Ministerio Público, Zoraida Ávalos Rivera.
Ávalos recibió al mandatario en compañía de fiscales adscritos al despacho de la Fiscalía de la Nación. El objetivo de la reunión, para el presidente era solicitar que se adelante su toma de testimonio, por la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos militares, para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno. Esto en razón a su recargada agenda de trabajo que le imposibilita la diligencia el 29 próximo. Sin embargo, en la cita también se tocaron otros temas.
RECLAMOS Y ACLARACIONES
En un momento de la conversación, la defensa del presidente Castillo, tomó la palabra para expresar su preocupación por la intervención, el día lunes, de un equipo de fiscales que pretendió ingresar hasta el despacho presidencial. Según alegó el abogado del mandatario, constitucionalmente, el jefe de Estado solo puede ser investigado por la Fiscal de la Nación por lo que presentarían la queja correspondiente.
Sin embargo, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le dijo al presidente de la República que los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación. También agregó la magistrada que en caso el jefe de Estado considere que hubo algún tipo de vulneración existen los cauces procesales correspondientes.
OTROS TEMAS TOCADOS
El mandatario le solicitó a la Fiscal de la Nación que participe en el Consejo de Seguridad Ciudadana para que, junto a principales autoridades, discutan propuestas para enfrentar la delincuencia que se ha incrementado por estos últimos días en el país. Ante ello, Avalos Rivera, le dijo al mandatario que también existe el Consejo de Estado y que ese es el mejor espacio donde se deben discutir los temas más relevantes del país.
El mandatario también solicitó a la Fiscal de la Nación, la creación de “fiscalías de flagrancia” a lo que Avalos le recordó que para ello es necesario más presupuesto y le manifestó que el Ministerio Público viene solicitando al Ejecutivo recursos para crear fiscalías especializadas que puedan abocarse a los casos de violaciones de derechos humanos en la selva del Perú y en otras zonas donde se vienen registrando un aumento de casos de delitos contra defensores ambientales.
PEDRO CASTILLO EN PROBLEMAS
Según el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 18 de octubre, entre las 9:21 y las 11:10 de la mañana, a la empresaria Karelim López; al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh Giha; al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y a Grogorio Saenz Moya.
Dos semanas después, la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó una licitación con Petroperú, cuyo gerente también se encontraba en Palacio, por 74 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.
La noticia fue conocida el último domingo, un día después, dos fiscales llegaron esta tarde a Palacio de Gobierno. Ellos solicitaron hablar con Julio Salas, representante de la oficina de asesoría jurídica de la sede de la presidencia de la República.
Más tarde se supo que Castillo no habría autorizó ingresar a los miembros de la Fiscalía Anticorrupción a la oficina de Secretaría de la Presidencia, según un acta que señala que el secretario general de Palacio, Carlos Jaico, indicó que esas eran las órdenes del mandatario.
Tras ello, el jefe de Estado acudió este martes a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) para pedir a la fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, que adelante su interrogatorio sobre presunta interferencia en los ascensos militares al próximo martes.
Castillo acudió a pie a la Fiscalía, distante a escasas cuadras desde la sede de la Presidencia, rodeado de un cerco policial, para hacer esta solicitud personalmente, después de que Ávalos la había reprogramado para el día 29 de diciembre.
Además, también ha solicitado que se levante su secreto bancario, tributario y telefónico en el marco de la investigación que se está llevando a cabo al responsable de la empresa estatal Petroperú, Hugo Chávez, por la comisión de un presunto delito de adjudicación irregular de contratos públicos.
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