El pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 583 que propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Con 96 votos a favor, 18 en contra y 1 abstenciones, el Legislativo otorgó las facultades necesarias para legislar en los temas señalados.
El proceso del debate pasó por un cuarto intermedio el día de hoy, viernes 17 de diciembre, siendo este el segundo día consecutivo que se tomó el Legislativo para poder decidir en esta materia.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, con el afán de consensuar su propuesta, redactó un texto sustitutorio al texto original, con el que logró el consenso deseado.
“Hemos tomado muchas propuestas, acotado algunas, y hay otras que consideramos que no es pertinente delegar, sin embargo, invocamos al ministro de Economía para que presente sus proyectos de Ley que estamos dispuestos a discutirla en el Congreso para su aprobación”, mencionó Juárez en la sustentación de la moción.
La congresista Sigrid Bazán de la bancada de Juntos por el Perú, señaló que votaría en contra de la delegación de facultades, iniciativa que, en un principio, contaba con su aprobación, pero que no apoyaría “la concesión de migajas para el pueblo”, aduciendo a los recortes presentados por la Comisión de Constitución.
Luego de la votación, la presidenta de la Comisión de Constitución solicitó la exoneración de la segunda votación, pedido que fue aceptado por 93 votos a favor, 19 en contra y 1 abstenciones.
IMPUESTOS MINEROS
Con esta delegación se rechazó la posibilidad de elevar impuestos mineros. El resultado es un golpe para la gestión de Castillo, quien asumió funciones en julio y ha dicho que la subida de impuestos a los mineros -que gozan en estos momentos de los altos precios internacionales de las materias primas- es la piedra angular de su agenda para financiar un mayor gasto social.
Durante la semana, los legisladores habían eliminado cualquier mención de una modificación al régimen de impuestos a la minería durante las discusiones en comisiones legislativas, y el texto final votado por el Congreso no mencionaba la minería.
La industria minera de Perú se había opuesto enérgicamente al plan de más impuestos, alegando que ya estaba pagando tanto o más que en otros países con grandes industrias; y que cualquier tributo adicional dañaría la competencia y arriesgaría más de 50.000 millones de dólares en futuras inversiones.
La decisión del Congreso se produce cuando el segundo mayor productor mundial de cobre enfrenta una ola de protestas antimineras, que han provocado la suspensión de las operaciones de la mina Las Bambas de la china MMG.
“Desafortunadamente tenemos un ambiente que no es el mejor, tenemos inseguridad jurídica en este gobierno que ha dado señales inequívocas a un sector responsable del 60% de las exportaciones”, dijo el legislador Carlos Anderson, del partido opositor Podemos, al justificar el rechazo a impuestos mineros.
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