Villa El Salvador fue escenario de una de las más grandes tragedias de los últimos tiempos en Perú: un camión que transportaba GLP provocó la muerte de 34 personas debido a una deflagración, el pasado 23 enero del 2020.
En ese entonces, la fiscalía pidió presión preventiva para el chofer de la cisterna, Luis Enrique Guzmán Palomino, pero el Poder Judicial rechazó la medida, en parte gracias a la defensa legal que tuvo, la cual recayó en Walter Ayala, el exministro de Defensa de Pedro Castillo, de acuerdo a la revelación de Beto a Saber.
No solo Guzmán Palomino quedó libre de toda culpa, sino también su hijo, Luis Guzmán Escriba, representante de Transgas LG, por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.
Asimismo, el alcalde del Villa El Salvador, Kevin Yñigo Peralta, han quedado desestimado por el fiscal Vladimir Ernesto Sánchez, quien consideró que este hecho configuraba una sanción administrativa para los funcionarios, pero ninguna responsabilidad penal pese a los muertos y heridos.
Por último, el fundador de la empresa, quien debió realizar la revisión técnica del camión implicado, es Roberto Falla Avellaneda, actualmente perteneciente al directorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
En síntesis, todos los imputados quedaron libres de sentencia por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas, aunque la investigación continúa por parte del Ministerio Público.
Para la Fiscalía, y de acuerdo con las investigaciones realizadas, se ha podido determinar que esta deflagración ocurrió a consecuencia de un actuar negligente por parte de los imputados.
SOBREVIVIENTES Y DEUDOS DENUNCIAS QUE NO RECIBEN AYUDA DEL GOBIERNO
El último 14 de diciembre, los deudos y sobrevivientes de la tragedia de Villa El Salvador, ocurrida en enero de 2020, marcharon en la mañana hacia la sede del Ministerio Público de Lima Sur exigiendo que el caso no se archive.
Aseguraron haber recibido una notificación sobre uno de los expedientes, la cual advertía del archivamiento del caso. Por lo que, con pancartas y afiches, se dirigieron a la sede de la Fiscalía.
En ese lugar y ante las cámaras de RPP Noticias reclamaron a las autoridades por la supuesta falta de apoyo, tanto económico como para que continúen con sus tratamientos, como es en el caso de los sobrevivientes de la tragedia.
“Yo necesito operación, reconstrucción, terapia, infiltraciones. Pido por los sobrevivientes que hemos quedado de esta terrible desgracia. No hay justicia para los 34 fallecidos y 11 sobrevivientes”, manifestó Jacqueline Rojas, sobreviviente de la tragedia.
CASI DOS AÑOS DESDE LA DEFLAGRACIÓN DE UNA CISTERNA QUE DEJÓ 34 MUERTOS
El 23 de enero de 2020, una fuga de GLP en un camión de cisterna de la empresa Transgas LG que no tenía las condiciones adecuadas generó la explosión que terminó llevándose la vida de 34 personas, por heridas de quemaduras. Los heridos resultaron con quemaduras al 90% de su cuerpo y numerosos daños materiales.
Fernando Cabada Samame, Presidente de la Sociedad Peruana de GLP (SPGL), dijo a la Revista Cosas, en diciembre del mismo año, que el accidente nunca debió haber sucedido, porque este tipo de vehículos deben de contar con condiciones de seguridad.
“Estos camiones son muy seguros, están hechos para circular en condiciones sumamente adversas y no tuvo que haber pasado jamás, mucho menos por un bache o el desnivel de una vía”, dijo.
“Hasta el día de hoy padecemos sin ningún apoyo. La Municipalidad no nos apoya, ni un Estado nos apoya. Estamos al olvido. (...) Pedimos al presidente (Pedro) Castillo que se ponga la mano al pecho y vea la realidad de cómo estamos”, añadió.
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