Congresista Alejandro Aguinaga deja la presidencia de la Comisión de Fiscalización

En congresista miembro de la bancada de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, dejó su cargo como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso luego de que varios parlamentarios solicitaran su salida de la dirección del mencionado grupo de trabajo. La noticia fue dada por el mismo parlamentario a través de su cuenta de Twitter la noche del martes 14 de diciembre.

Fueron los representantes del Partido Morado quienes insistieron con esta medida luego de que el Poder Judicial decidiera abrir un proceso penal en contra de Aguinaga por el caso de las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori. El exmandatario también fue incluido dentro del proceso mencionado.

“Hasta el momento no se me ha notificado la arbitraria resolución que abre proceso penal en mi contra; sin embargo, a efecto de no paralizar las investigaciones a cargo de la Comisión de Fiscalización, le he solicitado a mi bancada se designe a mi reemplazo en dicha comisión”, se logra leer en la publicación hecha por el fujimorista.

Este delicado caso ocurrido a finales del siglo pasado ha recorrido los tribunales en repetidas ocasiones. Alberto Fujimori y sus tres exministros de salud, Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, son investigados como “autores con dominio del hecho del delito contra la vida el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”.

Sobre este nuevo capítulo que se inicia en torno a este crimen, Aguinaga publicó un segundo tweet seguido del que anuncia su renuncia. “Debo señalar que he sido investigado hasta en ocho oportunidades por los mismos hechos que hoy son materia de proceso penal. En las anteriores oportunidades las investigaciones se archivaron por no existir indicio de delito alguno”, sostuvo.

Para el parlamentario, las decisiones anunciadas recientemente se deben a su afiliación política. “Lamentablemente, si eres fujimorista no existe el debido proceso, la presunción de inocencia y menos se te aplica el principio de no ser investigado o juzgado dos o más veces por los mismos hechos. Esta es la justicia politizada con persecusión para bloquear investigación al gobierno”, mencionó refiriéndose a las facultades solicitadas para investigar las reuniones del presidente Castillo en el domicilio ubicado en el pasaje Sarratea en Breña.

LAMENTABLE CAPÍTULO

El caso de las esterilizaciones forzadas ha sido materia de discusión durante años. Se habría tratado de un método que buscaba disminuir la pobreza en el Perú frenando la natalidad de las personas de escasos recursos, “incluidas selectivamente algunas comunidades indígenes del país”, según una publicación de France 24.

El fiscal Pablo Espinoza explicó en marzo ante el juez Rafael Martínez que “el Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay problemas de otros sectores sociales”. Expuso, además, que entre los años 1996 y 2000 se organizaban varios “festivales de salud” en pueblos, en donde detrás de muestras artísticas, fuegos artificiales y comida buscaban engañar a las personas y conseguir la esterilización.

“Fujimori premiaba con tres boletos de viaje a los funcionarios sanitarios que acumulaban el mayor número de esterilizaciones, pero también amenazaban con despedirlos si no lograban los objetivos”, fueron declaraciones del fiscal Espinoza. Reportes del Ministerio de Salud recuperados por la Defensoría del Pueblo señalan que al menos 272 mil mujeres y 22 mil hombres fueron esterilizados por medio de ligadura de trompas y vasectomías. La denuncia fiscal señala al presidente Fujimori como el máximo responsable al ser el principal promotor del método sistemático antes descrito.