Los problemas no terminan para Pedro Castillo, esta vez la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó por mayoría -con 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención- solicitar al Pleno facultades de comisión investigadora para el caso de las reuniones del presidente de la Repúblia en el casa de Breña y los 20 mil dólares encontrados al exsecretario Bruno Pacheco.
La Comisión de Fiscalización, que preside el legislador Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), había citado a 10 personas involucradas en este caso; sin embargo, solo acudieron 3 personas, por lo que se acordó pedir la facultad de comisión investigadora que permitirá ejercer presión en las citaciones.
Entre los citados a esta sesión estaban el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco; la empresaria Karelim López; y el sobrino del mandatario, Fray Vásquez Castillo. Además de Tania Maritza Peralta Sánchez, socia de la empresa Aldalab SAC y media hermana de Alejandro Sánchez, propietario del inmueble del pasaje Sarratea; Carlos Edgardo Jacinto Ubillus, ex director ejecutivo de Provías Descentralizado, y Miguel Ángel Espinoza Torres, presidente titular de la Comisión de Licitación de la obra Puente Vehicular Tarata III en la región San Martín.
Asimismo, debían presentarse Edgar William Vargas Mas y Víctor Efrén Valdivia Malpartida, miembros de la mencionada comisión de licitación; así como Marco Antonio Pasapera Adrianzén y Víctor Rony San Miguel Velásquez, representantes del Consorcio Puente Tarata III que ganó la licitación de dicha obra.
NORMAS VULNERADAS
Las reuniones del presidente de la República, Pedro Castillo, en la vivienda de Breña sin dejar constancia en el portal de Transparencia implicarían la vulneración de cinco normas a la transparencia en la gestión pública.
El programa dominical de América Tv mostró cómo Pedro Castillo llegaba a la vivienda de Breña sin su tradicional sombrero y se reunió con empresarios como Karelim López Arredondo, quien visitó hasta en seis oportunidades Palacio de Gobierno y es asesora de Termirex S.A.C, una de las empresas del consorcio Puente Tarata que ganó una millonaria adjudicación el mes pasado.
Las normas claves que habría vulnerado el mandatario al sostener reuniones privadas en Breña son las siguientes:
Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, la misma que indica que “los funcionarios y servidores públicos con capacidad de decisión, incluyendo el presidente, están prohibidos de atender actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional. Excepcionalmente, pueden hacerlo siempre y cuando sean programados previamente en la agenda oficial”.
Esta norma también señala que “se debe mantener actualizada la información que se consigna en el registro de visitas, garantizando su seguridad, publicidad y acceso en formato de datos abiertos en los portales web institucionales”.
Otra ley a la que habría faltado Pedro Castillo es el Decreto Supremo que aprueba la ley 28024, que define “la gestión de intereses como la actividad mediante la cual personas naturales o jurídicas ‘promueven de manera transparente sus puntos de vista en el proceso de decisión pública a fin de orientar dicha decisión en el sentido deseado por ellas”.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: “las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo” y que “las entidades del Poder Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a la información”.
Ley de Transparencia y acceso a la información pública que estipula “que las entidades de la administración pública deben publicar en sus portales web las actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la entidad respectiva”.
Igualmente, se vulneró el Reglamento de Organización y funciones del Despacho Presidencial la que precisa que “el despacho presidencial tiene como domicilio la Casa de Gobierno o Palacio de Gobierno, ubicada en la ciudad de Lima”
Ivan Lanegra, secretario general de Transparencia, y Samuel Rotta, director de Proética, indicaron que la situación de los involucrados se complicaría en torno a la gestión de intereses y sobre el mandatario tendría que darse una investigación de la contraloría o la fiscalía.
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