La congresista Ruth Luque, de de Juntos por el Perú (JPP) presentó un proyecto de ley que propone despenalizar el aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual. Hasta el momento cuenta con las firmas de 22 parlamentarios, quienes se comprometen con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La norma presentada indica que es “en reconocimiento del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a una vida libre de violencia, y evitando para ellas una maternidad impuesta o forzada”.
En el proyecto de ley se especifica que se modifique el Artículo 120 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal que menciona que “el aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente; o 2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico”.
Además, se pide la actualización de las Políticas Nacionales “a efectos de asegurar la continuidad, disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud sexual y salud reproductiva de los establecimientos de salud, mejorando su eficacia, para garantizar el derecho a la salud, igualdad y no discriminación de las personas”.
Así, también se recordó que “el Estado garantiza, la educación sexual integral en las instituciones educativas de educación básica en todos los niveles y modalidades, sin discriminación, con especial énfasis en la prevención de la violencia de género contra las mujeres y del embarazo infantil y adolescente”.
Según la ONG Manuela Ramos, en 2021, cada semana, 26 niñas tienen un parto producto de una violación sexual. “El aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres víctimas de violencia sexual les dará la oportunidad de elegir con libertad, sin creencias que limiten su derecho a decidir y sin arriesgar sus vidas en abortos clandestinos”, agregó en su cuenta de Twitter.
“El 42٪ de las personas están de acuerdo con que el aborto sea legal si es producto de violación”, dijo Rocío Gutiérrez, subdirectora de la institución en la presentación del proyecto de ley que despenaliza el aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual.
ECUADOR EMPEZÓ EL DEBATE PARA REGLAMENTAR EL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN
La Asamblea de Ecuador inició el jueves un debate para reglamentar el aborto en casos de violación, mientras en las afueras de ese recinto decenas de mujeres mantuvieron un enfrentamiento con gritos y cánticos a favor y en contra de la interrupción del embarazo.
La acción legislativa se produce luego de que el 28 de abril de este año, la Corte Constitucional determinó que una mujer, adolescente o niña cuyo embarazo haya sido producto de violación no podrá ser encarcelada si decide abortar y que los médicos que la asistan en su aborto tampoco podrán ser procesados. Entre los temas críticos que deberán resolver los asambleístas están: el plazo para realizar un aborto, la objeción de consciencia de los médicos y los requisitos que debe cumplir la peticionaria.
Separadas por vallas y agentes policiales, los grupos a favor y contra del aborto gritaban consignas como “son niñas no madres”, “aborto seguro salva vidas”, mientras que del otro lado se escuchaba “la vida no se interrumpe” y “la vida se respeta desde el principio”, al tiempo de entonar cánticos y exhibir pancartas.
Dentro del órgano legislativo, la asambleísta Geraldine Webber sostuvo que “se está volteando algo que no es un derecho y se quiere convertir en un derecho a matar, asesinar a una criatura en el vientre”.
Su colega Verónica Carrillo opinó que “tenemos el propósito de hacer una ley justa y reparadora para las niñas, las adolescentes, las mujeres ... víctimas de violación, queremos una ley, una oportunidad histórica para estar del lado correcto de estas mujeres y niñas revictimizadas por la justicia”.
El aborto consentido —es decir, que cualquier mujer pueda interrumpir el embarazo por decisión propia, sin causa alguna— continúa penado en Ecuador.
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