Desde Renovación Popular buscan que un feto sea reconocido ante la ley como “persona humana” para que este sea “sujeto de derecho” desde su concepción, según expuso la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo en su proyecto de ley N° 785.
“Necesitamos adecuar nuestra legislación civil a lo que dice nuestra Constitución y lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. El concebido es un niño por nacer, es persona”, escribió la parlamentaria en su cuenta oficial de Twitter.
Esto ha provocado el rechazo de varios colectivos a favor del aborto ya que atenta contra el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, puesto que, en el artículo 6 de este proyecto de ley se indica que, en casos de alto riesgo médico o peligro en la vida del cuerpo gestante y del concebido, compete “a la madre o conyugue, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad” tomar una decisión sobre el procedimiento seguir. Esto en relación a la aplicación del aborto terapéutico.
Sin embargo, de acuerdo con el artículo 119 del Código Penal, el aborto terapéutico es un derecho reconocido por la ley desde 1924. Es decir que, si la vida del cuerpo gestante corre peligro, la persona embarazada o su representante legal podrán solicitar y recurrir a este procedimiento médico para salvar su vida o “evitar en su salud un mal grave y permanente”.
Cabe recordar que hace más de un mes, el 6 de octubre, la congresista Jáuregui de Aguayo informó a la prensa su intención de proponer un proyecto de ley para reconocer los derechos del “concebido”.
RENOVACIÓN POPULAR PROMUEVE UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA UNIVERSIDADES NO LICENCIADAS
La reforma universitaria es atentada por Renovación Popular. Su parlamentario, Esdras Medina Minaya, es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República y acaba de presentar un nuevo proyecto que promueve una segunda oportunidad a las universidades no licenciadas.
Es decir, las universidades privadas con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tendrán un nuevo plazo para acomodarse a lo requerido por la entidad reguladora, de acuerdo a lo expuesto en el proyecto de ley n° 777-2021-CR, que tiene como objetivo promover el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad en el servicio educativo.
Ahora, según el artículo 3 de la propuesta legislativa, instan a establecer un plazo no mayor a 730 días calendario; es decir, un máximo de dos años, en busca de que las universidades no licenciadas puedan regularizar las condiciones exigidas.
Cabe precisar que la Sunedu ya había otorgado un plazo extenso para el cumplimiento de las CBC y que, incluso, dio como resultado a 92 casas de estudio y dos escuelas de posgrado como licenciadas mientras que a 49 se les denegó.
La Comisión de Educación viene siendo cuestionada por algunas decisiones tomadas que afectan a la Ley Universitaria 30220, la última de ellas por ampliar la entrega del bachillerato automático hasta el año 2023.
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