A un día del aniversario de las manifestaciones del 14 de noviembre contra el gobierno de Manuel Merino de Lama y el fallecimiento de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado - a causa de la represión policial, sus familiares convocaron una marcha para este sábado 13 de noviembre en la Plaza San Martín. El nombre de la misma es “A un año sin justicia”, y fue anunciada desde el 11 de noviembre.
La manifestación busca exigir justicia para los heridos y una sanción para los responsables políticos y policiales. Además, según informó el diario La República, se pedirá al Congreso que apruebe la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Antero-Flores Aráoz (exprimer ministro) y Gastón Rodríguez (ex ministro de Interior).
La denuncia constitucional se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Rocío Torres (Alianza para el Progreso). Esta había sido formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en el marco de la investigación por las muertes de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez.
La familia de los jóvenes han afirmado que seguirán luchando para que se actúe sobre la gravedad de los hechos. “Vamos a seguir unidos y exigiendo las reparaciones y sanciones debidas”, declaró Killa Sotelo, hermana de Inti, a LR.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL POR LAS MARCHAS DE NOVIEMBRE 2020
El pasado 4 de octubre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra Manuel Merino, presidente por cinco días; el extitular del gabinete ministerial, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones de noviembre del año pasado que obligó a la renuncia de Merino.
El despacho de la fiscal Zoraida Ávalos imputa a Merino y sus exministros, la presunta comisión, en la modalidad de omisión impropia, de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual.
En la denuncia presentada ante el Congreso de la República, la Fiscalía de la Nación señala que Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones mencionadas.
Asimismo, se considera que no adoptaron medidas para controlar el uso de la fuerza policial, que terminó siendo desproporcionada. Dicha omisión se dio, según la Fiscalía, pese a contarse con información oficial referida a la intensificación de esas acciones.
En ese sentido, se indica que los denunciados habrían actuado con dolo eventual, pues desde que asumieron sus cargos conocían las manifestaciones sociales, ya que estas eran reportadas por los medios de comunicación.
Dicha modalidad se aplica bajo la premisa de que los referidos funcionarios, en vez de prever los resultados de las movilizaciones, “persistieron en sus conductas omisivas”.
“Para decirlo en términos más directos, tenían la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron”, se indica en la denuncia.
EN MANOS DEL CONGRESO
En ese contexto, la fiscalía cuestiona que “no se dispuso medidas para controlar ni mitigar dichas acciones y, por el contrario, se permitió se prosiga con las mismas, lo que conllevó como resultado dos personas fallecidas y 78 ciudadanos identificados a la fecha con lesiones leves y graves, quienes participaron en dichas movilizaciones sociales”.
La denuncia constitucional contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez deberá ahora ser calificada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
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