Tras un maratónico debate que se prolongó hasta las primeras horas de hoy, la Cámara de Diputados aprobó un juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, en una operación revelados por los Pandora Papers. Los parlamentarios lograron 78 votos a favor para la acusación que busca la destitución del presidente sureño, otros 67 diputados votaron en contra y tres de abstuvieron.
La aprobación de este juicio político deberá avanzar al Senado donde se necesitan 29 votos para que se apruebe la acusación. Sin embargo, según diversos analistas políticos, ésta no contaría con el respaldo necesario para que el presidente sea destituido porque la oposición solo tiene 24 escaños.
“Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quien realizó un discurso maratónico de 15 horas para leer 1.300 páginas de argumentos a favor de la acusación.
La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a que se sumara otro diputado, Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a covid-19.
“Lo que hemos visto ha sido un show”, dijo Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. “Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”.
“INJUSTA E IMPROCEDENTE ACUSACIÓN”
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa expuesta durante cinco horas ante el plenario y enfatizó: “Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional”.
“Esta acusación puede ser un un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos”, advirtió el abogado del mandatario.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera --quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018--, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda.
El debate empezó a las 10H25 de la mañana del lunes por el diputado socialista Naranjo, quien en su larga exposición pidió que en Chile “se termine la impunidad” de quienes tienen poder. Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de la minera Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: “Actuando como Presidente se benefició (a sí mismo) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo”.
“Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, sostuvo sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer gobierno.
MILLONARIA VENTA DE DOMINGA
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Pandora Papers, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares.
La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
La operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
Gálvez negó que Piñera “haya intervenido en la decisión de venta del proyecto” y también descartó que haya favorecido a Dominga al no concretar ninguna acción de protección ambiental.
Piñera, un rico empresario de 71 años, quien fue el primer presidente de derecha (2010-2014) después de 20 años de gobiernos de izquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta la acusación con un rechazo a su gestión del 79% según últimas encuestas.
¿QUÉ ES DOMINGA?
Esta mina valorada en US$2.500 millones, incluye la extracción de concentrados de hierro y cobre, y se prevé que se construya a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. El plan incluye además la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar la escasa agua dulce de la zona, según Andes Iron, la empresa responsable.
El proyecto prevé producir 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durante los 22 años de operación. Su construcción empleará a 10.000 personas y, una vez en marcha, el complejo creará 1.450 puestos de trabajo directos.
Sin embargo, esta mina genera polémica, ya que a solo 30 kilómetros de su puerto y de la planta desalinizadora, está la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, un área ecológica en la que habita el 80% de la población mundial del pingüino de Humboldt,una especie en peligro de extinción.
A ellos se suman ballenas y chungungos (especie de nutria) que viven en el área, por lo que el proyecto afectaría de manera negativa el ecosistema de la Reserva Nacional.
CHILENOS APOYAN DESTITUCIÓN
Siete de cada 10 chilenos apoyan la acusación impulsada por la oposición en el Parlamento para destituir al presidente Piñera, según varios sondeos realizados en tierras mapochinas.
La encuesta Pulso Ciudadano de la consultora Activa Research mostró que un 67,7 por ciento de los encuestados dijo estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con el juicio político, mientras que un 14,9 por ciento “muy en desacuerdo” o “en desacuerdo” y un 17,5 por ciento “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.
La mayor adhesión provino de los jóvenes entre 18 y 30 años y los mayores de 51 años, donde el respaldo bordea el 70 por ciento, de acuerdo al sondeo, que también desveló que la aprobación del mandatario cayó hasta el 12,5 por ciento, uno de sus niveles más bajos desde que asumió el poder para cuatro años en marzo de 2018.
Además, el 37,7 por ciento de los encuestados que aseguraron estar de acuerdo con el juicio político a Piñera se declaró afines a la derecha, es decir, casi dos de cada cinco.
Por segunda vez en su mandato Piñera enfrenta un pedido de destitución luego del que no prosperó en noviembre de 2019 por supuestas violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
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