La cuadra 74 de la avenida Alfredo Mendiola en Los Olivos fue escenario de un altercado entre un delincuente y un joven. Este segundo habría enfrentado al sujeto que lo amenazó con un arma blanca para robar su bicicleta.
Las cámaras de seguridad de una vecina mostraron el momento en el que el hombre arriesgó su vida para defender su bicicleta. Pero este no sería el primer suceso ocurrido en el lugar. Un día antes, un delincuente se robó la segunda cámara de vigilancia de la misma vecina, que afirma que la inseguridad en la zona está en aumento.
Los videos ayudarán a las autoridades a identificar al hampón.
LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA: POLÉMICA POR MEDIDA QUE PERMITE INTERVENCIÓN DE MILITARES
La medida del Gobierno de Pedro Castillo de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao, por 30 días calendario, ha causado rechazo y preocupación en exmilitares, exministros e instituciones que protegen los derechos humanos como Human Rights y Amnistía Internacional.
Según la norma, los militares contribuirán a garantizar los derechos a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por carreteras, al funcionamiento de servicios y resguardar puntos críticos de la capital y se facilitará que la PNP “concentre su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población”
Asimismo, no se restringirá, suspenderá ni afectará ningún derecho constitucional y que los militares actuarán de conformidad con las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el país.
Nataly Ponce, exviceministra de Seguridad pública opinó que la inseguridad no se resuelve con militares en las calles, mas bien, la experiencia en países de Centroamérica evidencia que estas medidas no han logrado un control efectivo del delito. “Lo que hay que hacer es repotenciar las áreas debilitadas de la PNP con patrulleros, sistemas de información y aumentar la inteligencia policial”.
César Astudillo, general EP en retiro y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. dijo que los militares no están entrenados no equipados para enfrentar la delincuencia común, y que, más bien, se podría disponer que las FF.AA. reemplacen a la policía en la vigilancia de fronteras, en el combate de la minería ilegal, en la labor de salvataje, rescate de rehenes y andinistas, y desactivación de explosivos para que la PNP se aboque a la seguridad ciudadana.
José Williams Zapata dijo que en caso de patrullajes nocturnos y enfrentamientos con delincuentes, los militares usan fusiles y podrían ser denunciados por presuntos excesos.
En tanto, criminólogo Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública consideró que esta normativa se da porque no se han tomado las políticas necesarias en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“Lo que estamos viendo en Lima y Callao es la expansión de bandas criminales, de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, a la extorsión. No hay que separar el asunto económico con el de seguridad porque son los emprendedores los que requieren seguridad, más en este contexto de reactivación económica”, indicó.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por la decisión del gobierno.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo en Twitter que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”, mientras que Amnistía Internacional añadió que las normas internacionales de derechos humanos “exigen asegurar que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”.
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