Polémica por militares en las calles: especialistas, Human Rights y Amnistía Internacional critican medida del Gobierno de Pedro Castillo

La medida del Gobierno de Pedro Castillo de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao, por 30 días calendario, ha causado rechazo y preocupación en exmilitares, exministros e instituciones que protegen los derechos humanos como Human Rights y Amnistía Internacional.

Según la norma, los militares contribuirán a garantizar los derechos a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por carreteras, al funcionamiento de servicios y resguardar puntos críticos de la capital y se facilitará que la PNP “concentre su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población”

Asimismo, no se restringirá, suspenderá ni afectará ningún derecho constitucional y que los militares actuarán de conformidad con las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el país.

Nataly Ponce, exviceministra de Seguridad pública opinó que la inseguridad no se resuelve con militares en las calles, mas bien, la experiencia en países de Centroamérica evidencia que estas medidas no han logrado un control efectivo del delito. “Lo que hay que hacer es repotenciar las áreas debilitadas de la PNP con patrulleros, sistemas de información y aumentar la inteligencia policial”.

César Astudillo, general EP en retiro y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA. dijo que los militares no están entrenados no equipados para enfrentar la delincuencia común, y que, más bien, se podría disponer que las FF.AA. reemplacen a la policía en la vigilancia de fronteras, en el combate de la minería ilegal, en la labor de salvataje, rescate de rehenes y andinistas, y desactivación de explosivos para que la PNP se aboque a la seguridad ciudadana.

José Williams Zapata dijo que en caso de patrullajes nocturnos y enfrentamientos con delincuentes, los militares usan fusiles y podrían ser denunciados por presuntos excesos.

En tanto, criminólogo Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública consideró que esta normativa se da porque no se han tomado las políticas necesarias en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Lo que estamos viendo en Lima y Callao es la expansión de bandas criminales, de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, a la extorsión. No hay que separar el asunto económico con el de seguridad porque son los emprendedores los que requieren seguridad, más en este contexto de reactivación económica”, indicó.

Agregó que “en ningún lugar del mundo ha dado resultado, más allá del respeto que les tenemos a las Fuerzas Armadas, ha dado un resultado positivo, sostenible, su presencia en materia de seguridad ciudadana. Hay casos que son críticos: en México su presencia ha generado mucha tensión en torno a la lucha contra el crimen organizado”, indicó.

HUMAN RIGHTS Y AMNISTÍA INTERNACIONAL

Human Rights Watch y Amnistía Internacional manifestaron su preocupación por la decisión del gobierno.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo en Twitter que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”, mientras que Amnistía Internacional añadió que las normas internacionales de derechos humanos “exigen asegurar que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”.

La importante organización local Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidió derogar la resolución e indicó que la intervención de los militares “es ineficaz”, recomendó entrenar y equipar a la policía, fortalecer la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Recordó que la presencia de las fuerzas armadas en el puerto El Callao en 2015 “no tuvo impactos probados”.

El analista político peruano Juan de la Puente indicó en Twitter que el gobierno de Castillo se equivocaba con esta decisión. “Eso ya fracasó antes, populismo puro sin resultados. Miren el horror de Filipinas y México. Los muertos los pone el pueblo”, escribió.

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