El Poder Judicial reanudó hoy a las 09:00 horas la lectura de la resolución que decidirá si se abre proceso penal o no contra el expresidente Alberto Fujimori y varios exministros de Salud, por el caso Esterilizaciones Forzadas.
A Fujimori y los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer se les imputa el delito de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Mamérita Mestanza Chávez y otras.
El Ministerio Público denunció al expresidente y tres de sus ministros de Salud por la presunta comisión de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones culposas por las esterilizaciones forzadas que se practicaron durante su gobierno.
La audiencia, conducida por el juez Rafael Martínez, se celebra en castellano y es traducida al quechua debido a que varias de las víctimas hablan esa lengua.
La lectura de la resolución se inició el pasado 14 de setiembre.
CASO DE ESTERILIZACIONES FORZADAS
Milton Campos, abogado de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y de las mujeres fallecidas tras estas prácticas, Mamérita Mestanza y Celia Ramos, dijo esperar que el juez decida abrir la investigación judicial a los imputados y se permita a las víctimas el acceso a la justicia, como un acto de reivindicación y reparación.
Asimismo, indicó que más de 180 elementos probatorios presentados por la Fiscalía demostrarían la existencia de indicios suficientes para que se inicie un proceso, tras más de 20 años en que las víctimas vienen denunciando estos hechos.
Celia Ramos tenía 34 años cuando llegó al puesto de salud La Legua, en Catacaos, Piura, el 3 de julio de 1997, sometiéndose a una esterilización sin tener información previa adecuada de los métodos anticonceptivos existentes, según informó Demus.
Fue la última paciente de 15 programadas para ser intervenidas ese día. Durante su operación sufrió complicaciones y la posta médica no contaba con implementos necesarios, lo que conllevó a su muerte el 22 de julio de 1997.
AMPLÍAN EXTRADICIÓN DE CHILE DE ALBERTO FUJIMORI
A través de seis resoluciones supremas, el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos, accedió a igual número de solicitudes para la ampliación de la extradición activa del expresidente Alberto Fujimori.
Los pedidos responden a cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional en agravio del Estado.
Las solicitudes de ampliación de extradición activa de Fujimori fueron planteadas por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial, y cinco juzgados penales especiales de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Los casos fueron analizados por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados del Ministerio de Justicia, que emitió informes al respecto en el 2008 y 2009.
Previamente, el 2007, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedentes las solicitudes de extradición de Fujimori para ser juzgado en el país por estos casos. Como es de conocimiento público, el exmandatario se encontraba en Chile.
En la sección considerativa de las resoluciones supremas se indica que en diciembre del 2017 el Gobierno peruano concedió indulto y derecho de gracia por razones humanitarias, pero la resolución emitida al respecto carece de efectos jurídicos, según lo establecido por las instancias judiciales pertinentes.
En tal sentido, el Poder Ejecutivo accede a las solicitudes de ampliación de la extradición de Fujimori.
Las resoluciones supremas 193, 194, 195, 196, 197 y 198-2021-JUS fueron publicadas hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
(Con información de Agencia Andiana)
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