Este miércoles se dio a conocer en el diario oficial El Peruano que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó las disposiciones para una nueva emisión externa de bonos soberanos por un monto de hasta 4,000 millones de dólares. Así lo estableció a través de la Resolución Ministerial N° 313-2021-EF/52, correspondiente al miércoles 27 de octubre del presente año.
¿QUÉ ES UN BONO SOBERANO?
Son valores que emite el Estado peruano que sirven para obtener créditos, son nominativos y libremente negociables. Son emitidos por la República del Perú, representada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP).
Con estos bonos se busca en el mercado internacional préstamos a largo plazo y con una tasa de interés baja. Generalmente, esta está asociada al rendimiento del riesgo país que le asigna el mercado al emisor. Están representados por anotaciones en cuentas inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI ICLV y listados en la Bolsa de Valores de Lima. Así, Perú obtiene liquidez para llevar a cabo sus propósitos.
En marzo de este año, cuando Francisco Sagasti era presidente, se colocaron bonos soberanos en el extranjero por US$ 4,000 millones. La operación de endeudamiento se dio a 20 y 30 años de vencimiento con tasas competitivas de 3.30%, 3.55% para los nuevos bonos y una tasa de rendimiento de reapertura de 2,734%, respectivamente.
En dicha oportunidad, la operación contó con la participación de más de 200 inversionistas provenientes principalmente de Estados Unidos (71%), Europa (21%), Asia (4%) y Latinoamérica (4%).
PRUEBA DE FUEGO
Con el anuncio de la próxima emisión, Perú está poniendo a prueba el apetito de Wall Street por nueva deuda por primera vez desde que Pedro Castillo llegó a la presidencia.
La nación sudamericana ofrece ahora nuevos bonos sostenibles en dólares con vencimiento en 2034 y 2072, según le informó una fuente a la agencia Bloomberg. También aumentó la venta de su bono a 2051, que paga un cupón de 3,55%, dijo la persona.
Cabe recordar también que Perú tiene la segunda mejor calificación crediticia en América Latina después de Chile, incluso tras rebajas de Fitch —que mencionó la erosión del balance de Perú— y de Moody’s Investors Service, que citó la fragmentación política.
MÁS DETALLES DE LA EMISIÓN
La norma señala que el importe de la emisión externa de bonos que, en una o más colocaciones, puede efectuar el Gobierno Nacional, en el marco de la aprobación contenida en los artículos 6 y 8 de la Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021, “es por el importe equivalente de hasta 4,000 millones de dólares americanos”.
Para los fines de la emisión externa de bonos se contratará como asesores financieros y colocadores a BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC.
Los montos de las emisiones serán determinados por Resolución Directoral de la Dirección General del Tesoro Público; asimismo la moneda de los bonos será determinados oportunamente.
Asimismo, la emisión de uno o más bonos globales, incluyendo la reapertura de bonos ya existentes y/o la emisión de nuevas referencias, cuyos plazos serán determinados oportunamente.
La norma también aprueba la contratación de Paul Hastings LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo y de Rebaza & Alcázar Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local.
También se aprueban los textos de los documentos denominados “Prospectus Supplement” y “Reporte Anual actualizado bajo el formato 18-K/A”, así como de los contratos denominados “Underwriting Agreement”, “Trustee, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent”, “Luxembourg Listing Agent” y “Listing Engagement Letter” correspondientes a la emisión externa de los referidos bonos.
El servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en la presente Resolución Ministerial, son atendidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.
La norma lleva la rúbrica del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke Ballvé.
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