Esta semana, Perú batió el récord anual de cocaína incautada al alcanzar casi 62 toneladas decomisadas desde inicios de este año, pero la erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca ha caído a cifras mínimas. Desde el mes de enero hasta la actualidad, las autoridades peruanas han incautado un total 61.830 kilos de cocaína en diferentes formas y estados de producción, según los datos del Ministerio del Interior.
Así superó el récord histórico logrado en 2019. Es el tercer año consecutivo que los decomisos de esta droga están por encima de las 60 toneladas.
Con dos meses aún por delante para terminar 2021, las cifras de incautaciones pueden todavía aumentar y quedar ostensiblemente por encima de los dos años anteriores. Solo en las últimas semanas se incautaron más de 800 kilos de cocaína en dos operativos en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la principal cuenca cocalera de Perú.
El Ministerio del Interior atribuyó este descenso en la paralización de los operativos de erradicación por el rebrote del COVID-19 y el proceso de inmunización de los trabajadores del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), encargado de las erradicaciones.
Durante este año los operativos del Corah se han concentrado en la provincia Padre Abad, de la oriental región de Ucayali, fronteriza con Brasil. Precisamente, la política de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca está bajo discusión con el nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, cuya postura es contraria a estos operativos.
El presidente Pedro Castillo acudió a la reciente convención nacional de cocaleros celebrada en el VRAEM, donde los productores reclamaron la legalización de los cultivos.nPerú es el segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, con una producción estimada de no menos de 400 toneladas métricas anuales que salen del país principalmente por vía marítima a través de los puertos del Callao y Paita y por vía aérea, con “narcoavionetas” que aterrizan en pistas clandestinas en la selva.
La droga procede de 54.655 hectáreas de cultivos de hoja de coca, según la última estimación oficial que data de 2019, aunque la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos calculaba en 2020 que eran 72.000 hectáreas.
LA HOJA DE COCA Y EL GOBIERNO
Desde hace varias semanas los agricultores peruanos vienen realizando el paro cocalero y hace unos días, acordaron con el Gobierno iniciar diálogos sobre la erradicación de cultivos de hoja de coca y suspender el bloqueo de una carretera que ha varado a cientos vehículos de carga y pasajeros desde hace una semana, dijeron autoridades.
La primera ministra, Mirtha Vásquez, anunció el acuerdo tras una reunión con dirigentes cocaleros para instalar una “mesa de trabajo” el 28 de octubre, en la que se discutirá la demanda de los campesinos de la región de Puno, al sur este del país, que se oponen a un plan oficial de erradicación de la hoja de coca.
Desde hace varios años, el estado peruano lleva adelante un programa de destrucción de cultivos ilegales de la hoja de coca, debido a que un 90% de la planta es usada para la elaboración de cocaína y el resto para el consumo tradicional como energizante o mate de coca, según el Gobierno.
El bloqueo de la carrera interoceánica que une Perú con Brasil ocurre cuando hay críticas opositoras a la política antidrogas del presidente izquierdista Pedro Castillo, porque algunos legisladores oficialistas y funcionarios se oponen a la erradicación.
Muchos campesinos pobres afirman que no tienen cultivos alternativos rentables y que por eso siembran hoja de coca para su uso tradicional. Perú y Colombia son los mayores productores de hoja de coca y cocaína en el mundo, según datos oficiales.
“Vamos a ver cómo continuar el proceso de erradicación”, dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión. “El estado sigue firme en su política de lucha contra el narcotráfico, pero también debemos atender el problema de los agricultores”.
La erradicación de los cultivos ilegales cayó drásticamente en 2020 por las restricciones del coronavirus y este año se retomó el plan en algunas zonas como en Puno, pero no en la región denominada en VRAEM, la mayor productora de coca y donde operan los narcotraficantes en alianza con los remanentes del grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso, según la policía.
“No estamos encubriendo el narcotráfico. Queremos trabajar de la mano con el gobierno para solucionar nuestras demandas”, dijo a periodistas el dirigente cocalero Julián Pérez.
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