El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó una demanda ante el Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Junín el pasado miércoles contra el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR) y contra el Seguro Social de Salud (EsSalud). En el petitorio se puede leer que solicita la nulidad e ineficacia de dos resoluciones y la indemnización de más S/ 99 mil por despido arbitrario.
Como se recuerda, el secretario general del partido de gobierno es médico de profesión y anteriormente se desempeñaba como asistente en el Servicio de Neurocirugía del Hospital IV Huancayo. Luego, al ser elegido gobernador solicitó una licencia sin goce de haber por cuatro años. Sin embargo, dicha licencia fue dejada sin efecto en noviembre del 2019.
La gerencia de la Red Asistencial Junín decidió dejarla sin efecto luego de la suspensión del secretario de Perú Libre como gobernador de Junín por parte Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Tras ello, Cerrón alega en su demanda que la institución no tenía ninguna razón válida para dejar sin efecto su licencia. Asimismo, señala que la suspensión temporal significa que en cualquier momento podría retornar y solo la vacancia o una renuncia serían motivos para levantar la licencia.
Con base a ello, calificó dicha decisión como un acto administrativo arbitrario y abusivo. De igual forma, se cuestiona en la demanda que Servir resuelva a favor de EsSalud declarando improcedente su apelación.
MÁS JUICIOS
Recordemos que Cerrón tiene una serie de denuncias en su contra desde que fue gobernador regional de Junín. Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso presentado por su defensa legal que pretendía un nuevo pronunciamiento del colegiado sobre la posibilidad de anular la sentencia en su contra por el delito de negociación incompatible.
Mediante el Expediente 01907-2021-PHC/TC, el máximo organismo constitucional declaró improcedente el recurso de reposición presentado por el abogado del ex gobernador regional de Junín, para que se revise el habeas corpus a favor de su patrocinado y por el cual se pretendía revocar la condena de cuatro años de prisión.
En consecuencia, la sentencia contra Cerrón sigue vigente por los delitos en contra de la administración pública, modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado.
El TC alegó que no puede volver a pronunciarse porque aún existe un recurso extraordinario (casación) ante la Corte Suprema, por lo tanto el proceso aún está en discusión y no hay “firmeza” total sobre el tema.
Es decir, si bien hay una condena contra Cerrón, aún no se han agotado todos los recursos ante el Poder Judicial. Con ello se mantiene también la inhabilitación que se le dictó para ejercer cargos públicos por un año.
“Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, y con la participación de la magistrada Marianella Ledesma Narváez, en reemplazo del magistrado Carlos Ramos Núñez, conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa 172-2021-P/TC, resuelve declarar improcedente el recurso de reposición, entendido como una solicitud de aclaración”, indica la resolución.
RECURSO DE REPOSICIÓN
El recurso de reposición tenía la finalidad de que el TC aplique el nuevo Código Procesal Constitucional y vuelva a calificar el recurso de habeas corpus (que rechazó), para que se anule su condena.
Firman la resolución los magistrados Marianella Ledesma, José Luis Sardón y Eloy Espinoza-Saldaña.
El Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín condenó a Cerrón Rojas y al alcalde de Huancayo, Henry López, a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano.
El ilícito habría sido cometido en el proyecto del saneamiento de la ciudad de La Oroya, capital de la provincia de Yauli, durante la primera gestión regional de Cerrón (2011-2014); el burgomaestre huancaíno se desempeñaba como gerente general.
La sentencia fue dictada por la jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui, quien, además, determinó que los condenados deberán pagar, en forma solidaria y en un plazo máximo de seis meses, 850,000 soles por concepto de reparación civil.
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