El Poder Ejecutivo presentó esta mañana ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política, aprobada por insistencia por el Congreso de la República.
Previamente, el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, indicó que el recurso que se presentó ante el TC se sustenta en tres criterios. El primero, que la norma contraviene el balance de poderes entre ejecutivo y legislativo, tal como lo había mencionado el ministro Aníbal Torres.
El segundo, que contradice la propia jurisprudencia del TC y, tercero, se argumenta que contraviene lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en una opinión consultiva, desarrolla la importancia de la democracia y establece la necesidad de vincularla con el balance de poderes y los derechos humanos.
Entre los pedidos de la demanda se encuentra el pedido al TC un control de convencionalidad, que no solo evalúe la ley aprobada bajo la Constitución o la jurisprudencia, sino también bajo lo resuelto por la Corte Interamericana.
La constitucionalista María Antonieta Gonzales explicó a La República que la Carta Magna al tener un sistema semipresidencialista trató de darle mayores herramientas al Ejecutivo, pero para que no exista un poder sobre el otro se desarrollan ciertos balances.
“Aquí la cuestión de confianza es la cara de una misma moneda que es la censura. Así como el Ejecutivo tiene la potestad de presentar la cuestión de confianza, el Congreso tiene la potestad de censurarlo. No se puede modificar uno sin el otro, de lo contrario se está dando mayor fuerza a un poder sobre el otro”, precisó.
LEY ORDINARIA
El ministro de Justicia, Aníbal Torres reiteró que el Congreso no puede reformar la cuestión de confianza mediante una ley ordinaria, como ha hecho en este caso, sino vía reforma y considerando, además, el tema de la vacancia presidencial para velar por un adecuado equilibrio de poderes.
Por tanto, insistió en la necesidad de que el Parlamento debata el proyecto de reforma constitucional presentado por el Ejecutivo, el cual aborda ambos temas en paralelo en favor de la gobernabilidad.
“Invoco al Congreso a discutir este proyecto para beneficio, no de nosotros, sino del país, y que nadie pueda cerrar el Congreso o vacar al presidente cuando le da la gana o porque no le gusta”, dijo.
APROBACIÓN DE POLÉMICA LEY
El Congreso de la República aprobó la tarde del miércoles la insistencia a la autógrafa de ley, observada por el Ejecutivo, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución.
Con 79 votos a favor, votos en contra 43 y abstenciones 3. La presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, votó a favor.
Con esta ley, el Ejecutivo ya no podrá presentar una cuestión de confianza si el Congreso aprueba una ley que el presidente y su Gabinete consideren que está en contra de la política del gobierno, como ocurrió en 2019, cuando el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.
Ahora, la cuestión de confianza que puede plantear un ministro de Estado o el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, estará referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno.
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