La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado aprobó por mayoría el dictamen que proponían la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) y establecer requisitos para asumir los cargos de ministro y viceministro.
El documento sancionado menciona que no pueden ser nombrados ministros quienes, conforme a la normativa vigente, se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo procesados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.
Asimismo, la resolución del Poder Ejecutivo que nombra al ministro deberá contener la declaración jurada del nombrado, “la cual debe consignar todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo en calidad de imputado o cómplice”, indica el predictamen.
Esa declaración jurada consignará el estado en que se encuentran dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido. El Ministerio Público, el Poder Judicial, Servir, el Fuero Militar Policial y las Direcciones de Recursos Humanos de la PNP y de las FFAA, serán las instancias encargadas de verificar la información registrada por el ministro.
En un plazo de no mayor de cinco días hábiles, los resultados de estas indagaciones serán informados a la Presidencia de la República, al Congreso de la República, y a la Procuraduría General del Estado. De esta manera se incorporan los artículos 15A de la LOPE respecto al “Procedimiento para el nombramiento de Ministro de Estado” y el artículo 26A que concierne al “Procedimiento para la designación de viceministros”.
QUIEBRE DEL EQUILIBRIO DE PODERES
El Poder Ejecutivo había propuesto al Congreso un mejor equilibrio de poderes, pero la bancada de Fuerza Popular no accedió ante este pedido. Entonces el Pleno del Congreso aprobó anoche, por insistencia, con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que limita el uso de la cuestión de confianza.
Con esta decisión, el Ejecutivo podrá plantear cuestión de confianza solo en materias de su competencia, relacionadas con sus políticas de gobierno. “No encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.
Castillo, además de observar la norma, había cuestionado que se modifique la cuestión de confianza mediante una ley ordinaria, cuando debería ser por reforma constitucional. La norma denominada en un principio como “ley de interpretación auténtica”, y posteriormente “de desarrollo constitucional”, modifica la esencia de los artículos 132 y 133 de la Constitución.
La mayoría opositora en el Congreso tampoco accedió al pedido de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, de analizar, primero, el proyecto de ley que presentó ayer. Esta iniciativa buscaba regular la cuestión de confianza, pero también las causales de la vacancia presidencial.
Tras la votación, la primera ministra Mirtha Vásquez, a través de su cuenta de Twitter, lamentó la decisión del Congreso y anunció que el Ejecutivo tomará acciones para “evitar que se quiebre el Estado de derecho”.
Horas antes de que se inicie la reunión del pleno, Vásquez se pronunció a través de un video y señaló que si el Parlamento aprobaba el dictamen por insistencia, se generaría “un peligroso desbalance de poderes que afectaría nuestro sistema democrático”.
Los integrantes de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Podemos Perú votaron a favor de la insistencia. La posición en contra fue de Perú Libre, Juntos por el Perú y el ex miembro de Acción Popular, Edwin Martínez.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que la entidad que lidera “reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la defensa del fuero parlamentario”. La representante de Acción Popular bajó a su escaño para votar a favor de la ley.
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