En medio de la crisis económica por la que millones de peruanos pasan debido a la pandemia de la COVID-19, un informe del programa ‘Punto Final’ puso al descubierto que un grupo de 86 trabajadores del Banco de la Nación accedió al cobro de los bonos que otorgó el Gobierno solo para las personas pobres y en extrema pobreza, pese a que no cumplían con los requisitos establecidos.
Un informe de la Contraloría detalló que durante un control concurrente realizado en octubre y diciembre del 2020 sobre la entrega de los bonos se descubrió estos cobros indebidos del personal de la entidad bancaria del Estado.
En el reportaje de ‘Punto Final’ se indicó que entre los ‘beneficiados’ se encuentran decenas de cajeros, promotores, analistas, técnicos, choferes y auxiliares, quienes cobraron bonos de S/ 380 y S/ 760 de los grupos Yo me quedo en casa, Rural, Universal e Independiente.
De los 43 trabajadores, 23 eran clasificados como no pobres, mientras que 10 que fueron clasificados pobre o pobres extremos habían entrado a laborar al banco entre el 2013 y 2018, según detalló el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que emitió un comunicado en el que sostuvo que 9 de estos ‘beneficiarios’ sí estaban facultados a cobrar los bonos, ya que desempeñaban labores de chofer, auxiliar, técnico y analista.
Sin embargo, Punto Final señaló que dichos trabajadores ganan actualmente entre S/ 2,399 y S/ 5,089 al mes, lo que no podrían ser candidatos a estos bonos, pues en su momento se indicó que este beneficio económico estaba destinado a personas cuyo ingreso familiar no supere los dos mil soles.
“Este bono está pensado para personas en extrema pobreza, personas realmente necesitadas, que no tienen ingresos, pero todos los trabajadores del Estado han mantenido sus ingresos, más el Estado es una de las entidades que ha buscado perjudicar lo menos posible a sus trabajadores”, dijo Romy Chang, abogada penalista, al ser consultada por el caso.
Asimismo, en el reportaje de Punto Final se indicó que el informe es de conocimiento de José Chávez Cuentas, presidente del Banco de la Nación y de su gerencia.
Una trabajadora, consultada por Punto Final sobre el cobro indebido de los bonos, reconoció haberlo recibido y que “lo cobramos varios” y que en su agencia fueron dos los que recibieron ese beneficio
En tanto, el Banco de la Nación hasta el momento no ha informado a la Procuraduría sobre los trabajadores que aún no han devuelto el dinero, pese a que se comprometieron ante la Contraloría a hacerlo.
REGLAJE EN MIGRACIONES
A través de un chat de WhatsApp, un grupo de inspectores y supervisores de la Superintendencia Nacional de Migraciones, adscrita al Ministerio del Interior, compartía capturas con la información de personajes públicos, como políticos y periodistas, sobre sus salidas e ingresos del país por el Aeropuerto Jorge Chávez. Los afectados consideran a esto una forma de reglaje.
Se trata de información personal del tránsito migratorio, la cual debería estar protegida, de ciudadanos como la excongresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, el exministro Salvador del Solar, el periodista Enrique Castillo, el futbolista Luis Advíncula, entre otros, según reveló un reportaje del programa Punto Final.
La información era tomada luego de que las personas entregaban su pasaporte en el pase migratorio del Aeropuerto Jorge Chávez y este era escaneado. El trabajador tomaba una foto de la pantalla de la computadora donde figuraba la información del viajante (destino, número de vuelo) y la enviaba a un chat grupal.
Trabajadores de Migraciones refirieron al programa que existirían órdenes expresas de coordinadores y supervisores para extraer información del sistema informático de dicha entidad al menos desde inicios de este año, cuando esa institución era dirigida por Roxana del Águila Tuesta, superintendente de Migraciones hasta hace dos semanas.
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