En febrero pasado, el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de la eutanasia para la peruana Ana Estrada Ugarte.
Desde los 12 años ella fue diagnosticada con la enfermedad degenerativa polimiositis. Y es desde el 2020 que inició una campaña donde busca la muerte digna, generando consciencia sobre este tema.
Precisamente, Estrada utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre un hecho similar que se ha presentado en Colombia. Se trata del caso de Martha Sepúlveda, quien junto a su hijo había luchado por tener una muerte digna debido al sufrimiento que padece debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Debido a un fallo a favor de la Corte Constitucional en julio pasado, Sepúlveda se convertiría en la primera colombiana en recibir el procedimiento para pacientes con enfermedades no terminales.
Desde que fue diagnosticada, la mujer empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar distancias largas, lo que empeoró su calidad de vida. “Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (...) Cobarde seré pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar”, dijo días atrás.
Sepúlveda tenía programada su eutanasia para el domingo pasado pero esta no se produjo. Un centro médico de Medellín decidió este sábado cancelarla.
Ana Estrada retuiteó varias noticias sobre el caso y le mostró su apoyo a Sepúlveda. “No imaginan la tortura y el irrespeto que significa esto para Martha y su hijo Federico Redondo”.
“A Martha Sepúlveda le están diciendo que ella no decide sobre sus tiempos y su vida. Me solidarizo con ella y su familia. Es una burla lo que han hecho”, sentenció.
Añade que le preguntaron sobre quién debe decidir sobre la vida, si uno mismo o las autoridades. “Siempre será la persona, hasta el último minuto, siempre la persona”, manifestó en Twitter.
POLÉMICA POR EL CASO
Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia, y uno de los pocos del mundo donde es legal, después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal, cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico.
El fallo de julio de la Corte, que modifica el “homicidio por piedad” del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal, y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.
A pesar de que es legal desde 1997, no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015 y los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar.
Además, el Parlamento mantiene bloqueado desde hace años los proyectos de ley que buscan reglamentar la muerte digna.
Tras la publicación del reportaje, la Conferencia Episcopal de Colombia invitó esta semana a Sepúlveda a “a reflexionar serenamente sobre su decisión”.
“Ojalá (la reflexión se dé), si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia, para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia”, expresó monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.
Por su parte, el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes lamentó “que le hayan negado la eutanasia a Martha Sepúlveda”.
“El derecho a morir dignamente es un derecho de cada quien, el Estado no tiene que meterse en esa decisión ni nadie. Si queremos que se respeten nuestras creencias y decisiones íntimas, comencemos por respetar las de los demás”, aseguró el congresista Liberal.
SEGUIR LEYENDO: