El personal de salud de la primera línea, adultos mayores a partir de 65 años y personas con comorbilidades, recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, confirmó este viernes el ministro de Salud, Hernando Cevallos.
En diálogo con la radio local RPP, el titular del sector explicó que la tercera dosis de refuerzo será con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, porque existe evidencia internacional de su eficiencia en esta aplicación.
Precisó que, a pesar de que Sinopharm ha dado excelentes resultados en el Perú y los índices de mortalidad del personal de salud y la población que recibió esta vacuna han disminuido notablemente, todavía no existe evidencia sobre su eficiencia en la aplicación de una tercera dosis.
El criterio para aplicar esta dosis de refuerzo dependerá exclusivamente de la disponibilidad de vacunas que se tenga en el país, agregó.
Hasta el jueves el Ministerio de Salud reportó en Perú la aplicación de más de 26 millones dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 10 millones 729,378 correspondieron a la segunda dosis.
LIBERACIÓN DE PATENTES
El representante del ejecutivo también se refirió a la necesidad de solicitar a las grandes empresas farmacéuticas, la liberación de patentes a las vacunas contra la covid-19, ante la incertidumbre del tiempo que durará la pandemia y las variantes de coronavirus que puedan presentarse.
Para el Ministro de Salud esta medida permitiría a los países, fabricar sus propias vacunas o establecer alianzas regionales para producirlas. “Tenemos que garantizarle a la población que las vacunas están cerca de ella”, comentó.
Una razón importante, manifestó, es la que sostiene la Organización Panamericana de la Salud, de que las vacunas son un bien social, y deben estar por encima de la economía, y más cerca de la necesidad de salvar millones de vidas.
“Nos parece bien el libre comercio, que las empresas ganen en esta coyuntura, pero también creemos que primero es la vida de la gente”, acotó.
El presidente de la República, Pedro Castillo, planteó en la septuagésima sexta asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la suscripción de un acuerdo mundial entre los jefes de Estado y los propietarios de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, para que la población acceda a las dosis sin algún tipo de discriminación o privilegios.
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