Pandora Papers: La Justicia argentina pide información a las Islas Vírgenes y a Suiza sobre la offshore no conocida del testaferro de Ricardo Jaime

Tras las revelaciones de Pandora Papers sobre una offshore de Manuel Vázquez, el testaferro confeso del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi libró ayer exhortos a Suiza y las Islas Vírgenes Británicas para pedir oficialmente información sobre Walsh Partners Corp y la cuenta que habría abierto esa sociedad pantalla en el país helvético para recibir presuntos sobornos, vinculados al soterramiento del tren Sarmiento.

Los requerimientos se enmarcan en la causa que investiga ese magistrado con el impulso del fiscal federal Franco Picardi, luego de que el gigante brasileño Odebrecht admitiera el pago de, al menos, USD 20 millones en coimas durante el kirchnerismo, para la construcción de un túnel bajo tierra para la traza del ferrocarril Sarmiento. La firma brasileña se quedó con ese proyecto junto a la argentina IECSA, en ese momento en manos de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, de la italiana Ghella y la española ComSA.

Martínez de Giorgi busca obtener así la documentación oficial sobre Walsh Partners Corp, la sociedad registrada en febrero de 2009, cuando Jaime aún era secretario de Transporte. Según los documentos de Pandora Papers, en la offshore figura como beneficiario final Vázquez - lobbista español y asesor del ex secretario de Transporte-; su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez. La información surge de la nueva investigación global de ICIJ, que integra Infobae junto a La Nación y elDiarioAR.

Fundó la requisitoria en “la posible comisión de los delitos llevados adelante por funcionarios públicos nacionales e integrantes de grupos empresarios privados, en relación a obras otorgadas mediante licitación pública”.

“De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que, a su vez, participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina“, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva del estudio Trident Trust, especializado en el armado de estructuras offshore en paraísos fiscales. El correo electrónico fue enviado el 17 de marzo de 2009 desde su casilla personal. Eran los últimos meses de Jaime como secretario de Transporte de Cristina Kirchner, ya apremiado por la Justicia ante las sospechas de corrupción. Dejaría el cargo en julio de ese año.

Cuando recurrió a los servicios del estudio Trident Trust, su hijo Julián se extendió sobre lo que necesitaba de Walsh Partners Corp. “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”, escribió al ejecutivo del estudio proveedor de servicios offshore. Hasta entonces, en la sociedad figuraban como directores un suizo, un británico y un chipriota.

A partir de estas revelaciones y citando la nota de Infobae, Martínez De Giorgi pidió a las autoridades de BVI que “se arbitren los medios pertinentes con el objeto de solicitar a la firma Trident Trust Company”, con sede en ese paraíso fiscal, “toda la información relativa a la conformación de la firma Walsh Partners Corp”, incluyendo “sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”.

En su exhorto dirigido a Suiza, el magistrado pidió precisiones sobre el o los titulares y beneficiarios de la cuenta bancaria que Walsh Partners Corp controló en el Merrill Lynch Bank Suisse, así como de sus apoderados, números de cuenta y movimientos realizados entre el 1° de marzo y el 10 de agosto de 2009, cuando Julián Vázquez gestionó esa sociedad, según los documentos a los que accedió Infobae en Pandora Papers.

“En su caso deberá aportarse toda información con la que cuente relacionada a sus titulares, beneficiarios, apoderados, papeles de trabajo, intercambio de correos con sus responsables, e indicación acerca de si en ese período se llevó a cabo la apertura de cuentas bancarias a nombre de esa firma y, en su caso, en qué entidades y con qué números de identificación”, sostuvo en el exhorto el juez argentino.

Según los archivos analizados por el equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez, su hermano Mariano, y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco, aunque esta sociedad no es mencionada en los exhortos del juez hasta el momento.

Si bien Vázquez siempre se presentó como “consultor” y negó haber cobrado sobornos destinados a Jaime, los elementos que reunió la Justicia argentina y las investigaciones periodísticas revelan que fue el cerebro que le manejó la estructura de negocios oscuros al ex funcionario kirchnerista. Los nuevos documentos que aparecen en Pandora Papers podrían llegar a complicar su situación judicial y la de su familia cercana.

Como reveló el periodista Omar Lavieri en Infobae, Vázquez se ocupaba de los contactos y era el que armaba con el empresariado argentino y extranjero, el esquema de negocios de Jaime, aceitado por coimas. El ex secretario de Transporte gozaba, en esa época, de la confianza del entonces presidente Néstor Kirchner, lo que le permitía decidir qué empresas se quedaban con las obras, a cambio de un “retorno”, muchas veces millonario. Fueron varios los que aseguraron que Jaime le llevaba bolsos con efectivo a Kirchner, desde la secretaría de Transporte a la Casa Rosada. En paralelo, el ex funcionario kirchnerista incrementó vertiginosamente su nivel de vida.

La denuncia original la presentó la diputada nacional Graciela Ocaña en marzo de 2016, a partir de un informe realizado por la Policía de la República Federativa de Brasil en el marco de la causa del Lava Jato, en el cual se mencionaba, entre otras, a las empresas Controles y Auditorias Especiales SL de España (CYAES) de España, y Controles y Auditorías Especiales SA (CAESA), de Argentina. Ambas están vinculadas a Jaime y su asesor Vázquez y habrían sido utilizadas para la recepción de pagos de sobornos por parte del grupo Odebrecht, a través de la cuenta de otra offshore, Klienfeld Service Ltd.

Su situación judicial

Martínez De Giorgi aún debe definir si procesa a Vázquez por presunto lavado de las coimas que confesó Odebrecht. Hasta ahora, solo lo procesó por dádivas y excluyó al resto de los integrantes de su familia. Al librar los exhortos indicó que las respuestas que podrían aportar las autoridades de Suiza y las Islas Vírgenes Británicas resultarían “de vital importancia para la prosecución de la investigación iniciada”.

Por el rol que cumplió al lado de Jaime, Vázquez está siendo actualmente enjuiciado por el Tribunal Oral Federal (TOF) Nro. 6 en la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Transporte. En ese juicio -en el que también está implicado su hijo Julián- Manuel Vázquez está acusado de haber actuado como testaferro de Jaime para la compra, entre otros activos, de un avión Lear Jet por USD 4 millones a través de Elkrest, otra sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas. El lobbista español negó también esta acusación.

En el juicio por enriquecimiento contra Jaime, que comenzó hace dos años y se aproxima a su final este año, también se debate en forma conjunta la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Vázquez está procesado en este expediente por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y cohecho. O sea, por haber canalizado el cobro de coimas en esta operación ruinosa para las arcas del Tesoro argentino. Por ambos expedientes, debido a su avanzada edad, cumple prisión domiciliaria en una amplia casona en el barrio de Acassuso, en San Isidro.

Vázquez ya tuvo una primera condena junto a Jaime en Argentina, por dádivas, en 2015, luego de que se convirtiera en el primer funcionario kirchnerista en confesar que recibió coimas.

Los correos de Odebrecht

La offshore Walsh Partners Corp había aparecido por primera vez en los correos electrónicos de Jaime y su entorno recopilados por la Justicia de Brasil, cuya copia obtuvo La Nación, relacionados con las coimas del tren Sarmiento pagadas por ex ejecutivos de Odebrecht. En uno de ellos, uno de los máximos ejecutivos de la constructora brasileña para la Argentina, Mauricio Courí Ribeiro, aludió a una reunión de junio de 2010 con Javier Sánchez Caballero - entonces directivo de IECSA - para debatir el presunto pago de sobornos bajo el eufemismo “DGI”. El monto ascendía a un total de USD 20 millones.

Según documentos que obtuvo el diario La Nación en el marco de la investigación periodística del Lava Jato, Vázquez comenzó a cobrarles un “asesoramiento en política de transporte” a IECSA, Odebrecht y ComSA desde octubre de 2005. Incluso, llegó a sugerirles en un correo electrónico que se movieran con cuidado para evitar “las próximas investigaciones indeseables” de la prensa sobre proyectos de obra pública “inflados de sobreprecios”.

De esos correos surge que, dos semanas antes de que el entonces secretario de Transporte dejara su cargo, en junio de 2009, Courí Ribeiro intercambió e-mails con Manuel Vázquez para cerrar los detalles de una transferencia bancaria. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que […] es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó el ejecutivo brasileño, el 22 de junio de 2009. Sólo horas después, Vázquez confirmó los datos. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp, en Nueva York, con destino final a la cuenta en Suiza de la offshore en BVI, Walsh Partners Corp. El número de cuenta consta en el mail original.

Los e-mails de Ricardo Jaime dan cuenta de que el vínculo entre Odebrecht y Vázquez se prolongó por varios años. Vázquez recibió un correo de Courí Ribeiro el 4 de octubre de 2007 que confirmaba un giro por USD 100.000. El título del e-mail fue “adquisição de propiedades”, pero los fondos se transfirieron desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, una de las sociedades que Odebrecht utilizó como fachada para pagar coimas en Brasil, Perú y Panamá, según probaron los investigadores del Lava Jato.

Meses después de dejar de operar con Walsh Partners Corp, Manuel Vázquez le reclamó a Courí Ribeiro por USD 80.000 pendientes de pago. Para entonces, con Jaime ya en serios problemas judiciales, Odebrecht había suspendido sus transferencias. “Todo este proceso es vergonzoso”, le escribió Vázquez a Courí Ribeiro en febrero de 2010.

El abogado de Vázquez, Andrés Gramajo, aseguró ante la consulta del equipo argentino de ICIJ que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro (a Walsh Partners Corp) tienen vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a Odebrecht y ninguna vinculación con el proceso licitatorio de la obra del Soterramiento”. Además, agregó que finalmente “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Courí Ribeiro”.

“Tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc (sic) en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del Soterramiento”, concluyó el abogado. En efecto, esta offshore hasta ahora no figura en el expediente en la Justicia argentina que investiga el pago de coimas en esta obra millonaria, y esto es lo que generó el libramiento de los exhortos por parte del juez Martínez De Giorgi.

Asimismo, Gramajo señaló que Walsh Partners y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. Y agregó: “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”.

Otros antecedentes

Las huellas de la corrupción en la Secretaría de Transporte también quedaron plasmadas en los expedientes enviados desde España a los Tribunales argentinos. Tal como reveló también Infobae, Jaime autorizó a Vázquez - su asesor en materia ferroviaria- a cobrar comisiones que encubrían coimas por 2 millones de euros, en contratos firmados con empresas españolas que vendieron trenes, inservibles en su mayoría, a la Argentina.

Los pagos ilegales figuraron detallados en facturas emitidas por las consultoras de Vázquez/Jaime, que actuaron como sellos de goma, CYAES y CAESA.

Arrepentido de arrepentirse

Nueve años después de aquel intercambio de correos, en febrero de 2019, Manuel Vázquez confesó ante el fiscal Franco Picardi que mantuvo al menos tres encuentros con el entonces dueño de la constructora IECSA, Ángelo Calcaterra, para acordar sobornos a cambio de las obras para el soterramiento del tren Sarmiento entre 2005 y 2006.

El lobbista español detalló que acordaron una primera coima de USD 5 millones que Calcaterra llevó en bolsos a la Secretaría de Transporte junto con su entonces socio Sánchez Caballero, más otros USD 15 millones que pasó a retirar el chofer de Jaime en un auto oficial. A eso se le sumaba -indicó- comisiones del 10% cada vez que el Estado le girara fondos al consorcio empresario adjudicado con esa obra millonaria.

Pero Vázquez se arrepintió de arrepentirse tres meses después de esa confesión. En mayo de 2019, sostuvo que su abogada lo había asesorado mal, se retractó y benefició así al primo del entonces presidente Macri. Su primera confesión fue anulada por la Justicia.

Tanto Calcaterra como Sánchez Caballero negaron ante el juez Martínez De Giorgi haber pagado sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación, de quien dependía Transporte durante el kirchnerismo, para resultar adjudicados con la obra del soterramiento del Sarmiento. Pero en el mismo cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, ambos se convirtieron en arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de los coimas, y admitieron que hicieron pagos ilegales en efectivo a funcionarios de esa cartera. Aunque sostuvieron que no fueron en concepto de coimas, sino como “aportes de campaña”.

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