Cuadernos: empresarios arrepentidos abrieron sociedades offshore y cuentas bancarias fuera del país

Confesaron haber pagado coimas durante el kirchnerismo para conseguir contratos con el Estado. Estos empresarios se justificaron por las “presiones” que dijeron haber sufrido para entrar en el circuito de obras públicas creado por ex funcionarios kirchneristas. Decidieron convertirse en arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Hoy están procesados y enfrentan embargos millonarios.

La Unidad de Información Financiera (UIF) los denunció en abril de 2019 porque supuestamente se habían quedado con dinero de sobreprecios en contratos públicos para, luego, sacar ese dinero negro fuera de la Argentina. Pandora Papers revela ahora que estos empresarios implicados en los cuadernos de las coimas eligieron operar offshore para mantener parte de sus fortunas fuera del país y protegerlas de eventuales actuaciones de la Justicia. También para ordenar sus herencias, o expandir sus negocios lejos de las regulaciones y exigencias impositivas locales.

Enrique Pescarmona, Aldo Roggio, Claudio Glazman y Jorge Balán son algunos de los empresarios que hoy enfrentan un juicio oral - aún sin fecha de inicio -, y aparecen entre los 12 millones de documentos de Pandora Papers, la nueva investigación global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que participó Infobae junto a La Nación y elDiarioAR.

Enrique Pescarmona

Enrique Pescarmona, quien fuera presidente durante 50 años de la empresa IMPSA, admitió que su empresa desembolsó USD 2,98 millones al Ministerio de Planificación Federal para el pago de coimas. Ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, relató los problemas que tuvo la compañía durante el kirchnerismo, que lo marginaron de las licitaciones y habrían llevado a que la firma familiar terminara en quiebra.

En 2010, IMPSA había ganado la licitación para construir las dos represas de Santa Cruz, pero nunca obtuvo el financiamiento. Luego, el proyecto quedó en manos del empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y sus socios chinos. También relató que la supuesta injerencia del kirchnerismo en Venezuela, le impidió que prosperaran sus negocios en ese país. Pescarmona fue procesado por 13 casos de cohecho activo y embargado por $100 millones, una decisión que quedó firme en abril de este año, luego de que la Cámara de Casación Penal rechazara su apelación.

Pescarmona y su familia armaron un complejo entramado de sociedades offshore, que se amplió durante el kirchnerismo y se extendió hasta, al menos 2016, de acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso Infobae. Junto a sus hermanas, Silvia y Liliana, los empresarios figuraron como beneficiarios finales y accionistas de Insider Holdings Ltd, creada el 9 de julio de 2001 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

La sociedad se creó con el objetivo de ser “una compañía inversionista para adquirir y ser tenedora de acciones, obligaciones y títulos valores en general”. Los formularios que figuran en Pandora Papers indican que el “origen de los fondos” proviene de “honorarios como directores de sociedades anónimas y renta de inmuebles” de los beneficiarios finales.

Enrique Pescarmona redistribuyó sus 25.000 acciones de Insider Holdings entre él y sus tres hijos en marzo de 2018, cuando ya había dejado la conducción de IMPSA. Esta offshore fue, a su vez, accionista de varias firmas panameñas vinculadas a la familia Pescarmona que se controlaban, como en un juego de mamushkas rusas, las unas a las otras.

Pandora Papers revela que otra firma de los Pescarmona, Avondale Business - registrada en 1997-, intervino en un acuerdo extrajudicial por un monto que no podía ser inferior a USD 1.300.000, a pagarse en una cuenta de la sociedad en el MMG Bank Corporation, con sede en Panamá.

Tanto las offshores Insider Holdings como Avondale Business fueron accionistas de Servicios Integrales Internacionales SA, creada el 30 de julio de 2007, también en Panamá. Un acta de directores de esta firma autorizó la apertura de cuentas en esa misma entidad bancaria, y autorizó a Enrique Pescarmona y a dos de sus hijos a operarlas. A partir de diciembre de 2015, los titulares de las acciones de Servicios Integrales Internacionales SA pasaron a ser Enrique Pescarmona y su esposa, Lucy Pujals. El año anterior a ese traspaso en los papeles, Servicios Integrales había tenido otra offshore panameña como accionista, Sealong Overseas SA.

Como si se tratara de las capas de una cebolla, Insider Holdings Ltd y Avondale Business también fueron accionistas de Yelverton Trading, creada el 11 de marzo de 2009, también en ese país caribeño. Y a su vez, Servicios Integrales Internacionales y Avondale controlaron a Sitrack.com Panamá Ltda que, hasta el 1 de agosto de 2016, tuvo como accionistas a los hermanos Enrique, Liliana y Silvia Pescarmona.

Mientras la red offshore de la familia Pescarmona se expandía en paraísos fiscales, IMPSA atravesaba una crítica situación financiera que, en la actualidad, acumula una deuda de USD 560 millones. Tras el escándalo de los cuadernos de las coimas, el Estado nacional y la provincia de Mendoza salieron al salvataje de IMPSA por su crítica situación financiera. Se desembolsaron este año USD 15 millones para quedarse con el 67% de las acciones de la empresa.

La UIF había denunciado en abril de 2019 a Pescarmona porque detectó que el empresario tenía una cuenta bancaria en Suiza atada a una sociedad registrada en una jurisdicción británica, información que hasta la actualidad todavía está siendo investigada en el expediente de los cuadernos de las coimas. Las autoridades advertían que en esas cuentas familiares podría haber dinero correspondiente a sobreprecios en contratos públicos.

Ante la consulta de Infobae, allegados a la familia Pescarmona respondieron que “las sociedades comerciales que corresponden al holding y/o a sus accionistas obedecen sustancialmente a razones operativas ligadas a su actividad comercial internacional que desarrolla en distintos países de Latinoamérica”. Aseguraron que “han sido declaradas conforme la legislación aplicable para cada caso y época y supeditadas al contralor legal y tributario de los organismos de supervisión”. Sin embargo, no accedieron a mostrar al equipo argentino de ICIJ las declaraciones juradas que así lo acreditaban. “Dado el carácter confidencial y privilegiado de la documentación sentimos no poder compartirla”, argumentaron.

Sin mayores especificaciones, señalaron que “las sociedades fueron creadas en función de las necesidades operativas en la fecha de su formación y no todas se encuentran activas a la fecha”.

Claudio Glazman

Ex director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones, Claudio Javier Glazman fue detenido en la madrugada del 1 de agosto en su casa en Olivos. Aún manejaba un consorcio de empresas con negocios en hoteles y casinos en varios países de la región, como vicepresidente del Grupo Mck del Plata SA, y accionista en Premium Apartments SA, Glator SA, Emprendimientos Las Barrancas SA, Emprendimientos de La Imprenta SA y Niceto Vega 5765 SA.

Glazman será recordado porque se quebró al ingresar a los tribunales de Comodoro Py. Lloró mientras confesaba el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas. El juez Bonadio lo procesó por cohecho activo en un caso y enfrenta un embargo de $60 millones, que fue confirmado por la Cámara de Casación este año. La UIF había detectado bienes por USD 5,7 millones en cuentas en Suiza, Estados Unidos y el Principado de Mónaco, tanto a su nombre como de una firma offshore, indicaron fuentes judiciales.

Pandora Papers aporta ahora material sobre una nueva sociedad offshore del empresario. Glazman aparece ligado a la firma Real Estate Uy SA, creada en Panamá el 9 de agosto de 2012, a través del estudio Alcogal. De acuerdo con los documentos, inicialmente tuvo 2.000 acciones de la firma junto a otros cinco socios, entre ellos, un familiar suyo, aunque luego figuró como titular de solo 600 acciones de la firma. A la empresa se sumaron, posteriormente, otros diez accionistas .

“Real Estate Uy SA fue constituida para adquirir una sociedad uruguaya, Mirtan SA, que poseía un terreno en Punta del Este, pero el emprendimiento inmobiliario no prosperó. En mayo del 2018, Glazman transfirió la totalidad de las acciones que tenía en su poder”, le dijeron sus abogados a Infobae. “Todas estas operaciones se han consignado oportunamente ante la AFIP”, aseguraron.

El estudio Alcogal al que acudieron Pescarmona y Glazman es uno de los más requeridos por los argentinos que aparecen en Pandora Papers. Ante la consulta de ICIJ, este bufete que brinda servicios a multinacionales y personas de alto patrimonio respondió: “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”.

Aldo Benito Roggio

Otro de los arrepentidos en los cuadernos de las coimas, Aldo Benito Roggio, era un referente del empresariado local por sus negocios en la construcción, pero también porque su empresa Metrovías opera concesiones estratégicas como el subte porteño y su firma Cliba se encarga de la recolección de basura en la Ciudad.

El directivo de Roggio SA admitió ante la Justicia en agosto de 2018 que, para mantener sus contratos con el Estado nacional, hizo pagos ilegales para la campaña electoral, así como el pago de un 5% en “retornos” de lo que recibía en subsidios al transporte al ex exsecretario Ricardo Jaime, hoy preso por corrupción. Roggio está procesado por cohecho activo en tres casos y enfrenta un embargo de $120 millones. La UIF había informado al juez Bonadio sobre la existencia de sociedades en Uruguay, aunque sin detalle sobre posibles cuentas bancarias.

Pandora Paper confirma que Roggio operó en paraísos fiscales en esos años. El inicio de su operatoria offshore se remonta a la segunda mitad de 2016, cinco meses después de haber sido denunciado por irregularidades en la construcción de una planta de agua de AySA, en conjunto con la brasileña Odebrecht. El Lava Jato ya había estallado en Brasil y Estados Unidos, donde varios directivos de la constructora habían confesado el pago de millonarias coimas como parte de un acuerdo judicial. Hoy Roggio está camino al juicio oral también por este expediente.

Roggio y sus tres hijos, quienes hoy manejan el grupo empresarial, constituyeron tres offshores en las Islas Vírgenes Británicas. Fue entre julio y noviembre de 2016, cuando registró las sociedades Gotland International Limited, Graymark International Limited y Linhill International Limited en ese paraíso fiscal y ubicó a sus hijos como beneficiarios finales. Meses después, en marzo de 2017, abrieron cuentas bancarias en Zúrich, Nueva York y Miami.

Para esa época, Roggio era vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, lo que le implicó ser catalogado en los archivos internos del estudio Alcogal como de “alto riesgo” (”nivel 6″) dentro de los clientes de ese bufete proveedor de servicios offshore.

“La constitución de las compañías responde a objetivos de planificación familiar y son de carácter personal y familiar. Aldo Roggio y sus hijos las incluyen en sus declaraciones juradas impositivas y a todos los efectos fiscales pertinentes”. afirmó un vocero de la familia Roggio, ante la consulta del equipo argentino de ICIJ. El portavoz, además, mostró documentos que corroboran que habían sido declaradas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Jorge Balán

El titular de la firma santafesina Industrias Secco, Jorge Juan Mauricio Balán, comenzó su expansión con el menemismo, de la mano del entonces secretario general de la Presidencia Alberto Kohan. Se dedicó a importar grupos electrógenos de gran porte frente a la falta de energía que sufría el país, algo que resultó un negocio muy rentable. Industrias Secco se convirtió en una de las empresas más importantes de Santa Fe.

Balán incursionó en el rubro autoelevadores y abrió oficinas en Rosario, Buenos Aires y Córdoba. Con la llegada de Cambiemos, el empresario construyó buenos vínculos con el gobierno de Mauricio Macri y se adjudicó la construcción y montaje de tres centrales eléctricas en Santa Fe. Balán es, además, socio en una compañía para inversiones junto a Roberto Gazze, ex director financiero de Vicentín.

Ya era uno de los popes de la industria provincial, cuando fue citado a declarar ante el juez Bonadio en la causa de los cuadernos, y se convirtió en otro de los empresarios arrepentidos. Según el pedido de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli, Balán reconoció bajo la figura del arrepentido haberle entregado $700.000 en septiembre de 2013 a Roberto Baratta y a su entonces secretario Nelson Lazarte, para beneficiar a su empresa, Industrias Juan F. Secco SA. Luego dijo haber realizado un segundo pago en 2015, en el hotel Feir’s Park.

Hoy está procesado, con un embargo por $100 millones, con un fallo confirmado por la Cámara Federal, a la espera del inicio del juicio oral como autor de dos hechos de cohecho activo. En noviembre del año pasado, en tanto, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó su declaración como prueba.

Balán aparece en Pandora Papers como accionista, junto a su esposa, de la firma Apheze SA, registrada en Costa Rica. Fue inscripta en 2014, a través del estudio intermediario Overseas Management Company (OMC). El propósito de la empresa, según los documentos, es invertir en bienes raíces en Uruguay. En el formulario al que accedió Infobae se indica que Balán oficiaría de presidente y que OMC prestaría el servicio de secretario, tesorero y fiscal.

Ante la consulta de este medio, a través de su abogado, Balán informó que “el único activo de dicha sociedad lo constituye un inmueble ubicado en Punta del Este, Uruguay. Dicha inversión fue canalizada por medio de una sociedad (aporte social) toda vez que, en el caso de una eventual venta futura, es mucho más ágil, rápido y sencillo la venta de acciones que la transferencia de un inmueble. En síntesis, esa fue la motivación principal”.

El empresario aseguró que “la inversión fue debidamente informada ante AFIP en el año 2014 y siguientes, tanto en la composición patrimonial del Impuesto a las Ganancias, como en la integración de los activos en el Impuesto sobre los Bienes Personales”. Y ofreció, a través de su letrado, proveer las declaraciones impositivas de “los tributos pagados en tiempo y forma” para que el equipo argentino de ICIJ pudiera corroborar la veracidad de lo señalado. Por último, precisó que Apheze SA “se disolvió a fines del año 2017″, a partir de la venta del inmueble.

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