Poco antes de ingresar al gobierno de Cristina Kirchner, Juan Pablo Schiavi abrió una offshore en Panamá

A comienzos de 2008, dos semanas antes de sumarse al primer gobierno de Cristina Kirchner, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi decidió incursionar en el mundo offshore. El 2 de enero de ese año, cuando la posibilidad de ir a cárcel por la tragedia de Once era todavía inimaginable, el sucesor de Ricardo Jaime registró la firma panameña Groveland Overseas SA para operar una cuenta bancaria en el exterior. Sin embargo, según corroboró Infobae, el funcionario nunca informó esa sociedad ni sus activos fuera del país en las declaraciones juradas patrimoniales que presentó ante la Oficina Anticorrupción. La información sale a la luz recién ahora, a partir de la investigación de Pandora Papers.

El 16 de enero de 2008, dos días después de ingresar al Ejecutivo Nacional bajo la órbita del entonces poderoso Ministro de Planificación Julio De Vido, Schiavi recibió un poder general, junto con su esposa, María Verónica Mora Dubuc, y otro integrante del grupo familiar para manejar la offshore. El documento lo habilitaba a “administrar bienes de todas clases, ya sean muebles, inmuebles, bonos, acciones y/o valores que la sociedad posea en la actualidad o adquiera en el futuro”, así como a “abrir, mantener, liquidar y/o cerrar cuentas corrientes y de ahorros en bancos, sociedades e instituciones nacionales y extranjeras”, entre otras facultades.

La información surge de la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basada en una filtración de casi 12 millones de documentos de 14 estudios proveedores de servicios offshore, de la que participan Infobae junto a La Nación y elDiarioAR.

Desde la cárcel, y a través de sus abogados, Schiavi confirmó la existencia de Groveland Overseas y detalló que se usó para abrir una cuenta bancaria fuera del país, aunque no precisó el monto de dinero que manejó a través de ella. Solo aseguró que “hace años que no tiene no tiene ningún tipo de actividad y que no tiene ningún dolar”. Entre los documentos de Pandora Papers referidos a Schiavi, no hay datos sobre movimientos de dinero o activos de la firma creada en Panamá.

“Si bien le cuesta reconstruir exactamente sin los papeles lo de esa cuenta bancaria, lo que puede decir es que, a través de un operador que manejaba cuestiones financieras, abrió una cuenta en el exterior y que el origen de los fondos fue producto de algún dinero de su actividad privada anterior a que fuera funcionario público”, le dijo uno de sus abogados al equipo argentino de ICIJ después de consultarlo en el penal de Ezeiza.

Schiavi es uno de los pocos funcionarios del kirchnerismo que continúa preso, en su caso, por la tragedia de Once. Su primer cargo con el kirchnerismo fue como presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en el comienzo del primer mandato de Cristina Kirchner. Pero antes, Schiavi había sido -entre 2006 y 2007- ministro de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión del peronista Jorge Telerman.

Uno de sus abogados transmitió que la esposa del ex secretario de Transporte “es de nacionalidad venezolana y tuvo una sucesión”, y que “con esos fondos no había una obligación tributaria en la Argentina”. Verónica Mora es psiquiatra y trabaja actualmente en la Dirección General de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. El letrado señaló que, según le dijo Schiavi, “por una cuestión de protección y, eventualmente, de desconfianza en el sistema bancario argentino, se abre esa cuenta que hace años que no tiene ningún tipo de actividad y hace años que está en cero. Y que por una cuestión de descuido, no se cerró desde el punto de vista formal”. E insistió en que “el origen (del dinero) no está vinculado con ninguna función pública”.

Groveland Overseas SA fue creada el 2 de enero de 2008 en Panamá con un capital de USD 10.000, con acciones al portador, una metodología que utilizan las sociedades más opacas porque impide informar a las autoridades sobre el nombre del beneficiario final de la compañía. La sociedad, además, designó como presidente al panameño Edgardo Eloy Díaz, un empleado del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que ofició como prestanombre, otra práctica habitual en los paraísos fiscales.

Alcogal es uno de los estudios panameños más requeridos por los argentinos que aparecen en Pandora Papers. Ante la consulta de ICIJ, este bufete que brinda servicios a multinacionales y personas de alto patrimonio respondió: “Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”.

Según los registros en la filtración, Groveland Overseas fue gestionada, antes de llegar hasta el estudio panameño Alcogal, a través del Merrill Lynch Bank de Uruguay, una institución Financiera Externa (IFE) registrada ese país, propiedad de Bank of America Merrill Lynch.

Dos años meses después que se conociera la primera condena por la tragedia de Once, Groveland Overseas cambió de agente registrado al estudio Nieto Urriola & asociados, también de Panamá. En diciembre de 2015, Schiavi fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nro 2 a ocho años de prisión como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 51 personas, más una por nacer”,

Un año más tarde, el 17 de enero de 2017, la firma fue disuelta, de acuerdo a los documentos del Registro de sociedades de Panamá consultados por Infobae.

El patrimonio de Schiavi

De militancia peronista, Schiavi fue uno de los primeros dirigentes que acompañaron a Mauricio Macri en su incursión política en la Ciudad de Buenos Aires. Fue su primer jefe de campaña en la elección que perdió por pocos votos en el ballotage frente a Aníbal Ibarra, en septiembre del 2003. Dos años después, nacía el PRO a partir de un acuerdo entre Macri y Ricardo López Murphy. Esa alianza de centroderecha desencadenó su alejamiento de Macri.

Ingeniero agrónomo de profesión, antes de pasar al Ministerio de Planificación Federal, bajo el ala del entonces ministro De Vido, a comienzos de 2008, Schiavi se desempeñó entre 2006 y 2007 como ministro de Planeamiento y Obras Públicas de Telerman, antecesor de Macri en la Ciudad.

Pero sus vínculos con el macrismo se remontan a principios de esa década, cuando Schiavi fue socio desde 2002 de Daniel Chain, en el estudio de arquitectura Audeco Inversiones SA (AISA). Chain venía del Grupo Socma y se habían conocido cuando Schiavi había sido subsecretario de Mantenimiento Urbano de la gestión de Carlos Grosso en la Ciudad. Schiavi vendió sus acciones en AISA en 2008, tras ser designado a comienzos de ese año como presidente de ADIF en el gobierno de Cristina Kirchner, tal como surge de su declaración jurada patrimonial presentada ante la OA al año siguiente. En ese documento, correspondiente al ejercicio 2009, solo figuraban sus acciones en Tiraxi SA, una empresa destinada a proyectos de desarrollo sustentables rurales con sede en Salta. En julio de ese año, Schiavi sería designado secretario de Transporte de la Nación, en reemplazo del procesado Ricardo Jaime.

Pero ni en su DDJJ patrimonial de 2008 ni en la del 2009, como tampoco en las de los años posteriores, Schiavi declaró la firma panameña Groveland Overseas SA, así como tampoco cuentas o activos en el exterior.

Según el análisis de sus declaraciones juradas patrimoniales realizado por Infobae, Schiavi ingresó en 2008 a la función pública nacional con un patrimonio de $561.368, y cuando renunció en 2012, era de $487.570, un 13% menos a valor nominal.

El ex funcionario dejó el cargo de secretario de Transporte de la Nación el 7 de marzo de ese año, dos semanas después de la tragedia de Once, en una carta enviada a Cristina Kirchner alegando “razones de salud”. Por ese choque ferroviario fue detenido el 5 de octubre de 2018. Schiavi afronta una condena que fue reducida a cinco años y medio de prisión, por estrago y defraudación al Estado. Si bien en primera instancia le habían dictado ocho años, la Cámara de Casación le redujo la sanción porque entendió que los delitos contra la administración pública habían sido cometidos principalmente durante la gestión de su antecesor, Jaime. En septiembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la sentencia.

El ex funcionario kirchnerista afrontó recientemente “serios problemas de salud, cerca de haber estado a punto de morir”, según precisó uno de sus letrados que actuó como su vocero desde la cárcel. A partir de noviembre próximo, Schiavi estará en condiciones de solicitar la libertad condicional tras haber obtenido el beneficio del “estímulo educativo”, por distintos cursos que hizo durante los tres años que lleva detenido.

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