El Gobierno chileno desmintió que Piñera participara en la venta de una minera a través de un paraíso fiscal

El Gobierno chileno ha emitido este domingo un comunicado en el que desmiente que el presidente Sebastián Piñera participara en la venta de la empresa Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.

La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.

“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, ha apuntado el Palacio de La Moneda en un comunicado.

“La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”, ha subrayado la Presidencia.

“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, ha añadido.

Desde Presidencia han explicado que Piñera “no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de doce años, antes de asumir su primera presidencia”. “Ni el Presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”, ha remachado La Moneda.

El comunicado reconoce que “en el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior”, pero asegura que “la existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias competentes, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.

Asimismo, recuerdan que en cumplimiento de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los activos financieros del Presidente Piñera se encuentran administrados en fidecomisos ciegos desde 2018, lo que implica que el mandatario no conoce las inversiones realizadas.

“Adicionalmente, en forma voluntaria, y pese a que la ley no lo requiere, la familia del Presidente también ha constituido fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad”, concluye la declaración.

Por su parte, Délano ha respondido al ICIJ que las sociedades de la familia “cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación” y ha destacado que la tercera cuota corresponde sólo al 6,5 por ciento total del precio de venta.

OPOSICIÓN EXIGE UNA EXPLICACIÓN

Por su parte, los partidos de oposición a Piñera han emplazado al mandatario a que de una “explicación contundente” a fin de aclarar en qué consistió la transacción.

“No basta con una declaración de prensa de la Presidencia. Tómese el país en serio y salga a explicar esta situación”, ha aseverado la líder del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, recoge la edición online de ‘El Mercurio’.

Desde el Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Silber ha ido más allá y ha afirmado que estos hechos son “altamente graves”. “Esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del presidente de la República, y consecuencia desde la oposición vamos a pedir la máxima transparencia”, ha dicho.

De igual modo la candidata a la Presidencia por Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, ha indicado que las informaciones de los Papeles de Pandora “obligan al presidente Piñera a explicar al país si usó o no su cargo para sus negocios personales” pues “Chile demanda completa transparencia”.

“Es inconcebible que un presidente de la República actúe en beneficio propio frenando la protección ambiental en La Higuera, por asegurar un ingreso personal. Puedo asegurar que si somos Gobierno, la protección de la biodiversidad en la zona será total”, ha destacado.

Por su parte, el diputado del movimiento Unir Marcelo Díaz ha asegurado que “la gravedad de esta situación amerita hablar todas las alternativas, incluida una acusación constitucional en contra del Presidente”.

En este contexto, los candidatos presidenciales del oficialismo por Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y por el Partido Republicano, José Antonio Kast, también han pedido una investigación de los hechos.

Así, Sichel ha señalado en sus redes sociales que la ciudadanía “pide transparencia total” y que en este caso es necesario “ir más allá de lo legal” para “dar todas las explicaciones necesarias”.

“Las revelaciones sobre los negocios de la familia del presidente Piñera, la propiedad del proyecto Dominga y también las decisiones administrativas que influyeron en su aprobación y los requisitos, son graves y exigen una investigación urgente para poder determinar responsabilidades”, ha publicado Kast.

MINERA DOMINGA

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollada en Chile por los portales periodísticos Ciper y LaBot, sostiene que Piñera y su familia eran los mayores accionistas del proyecto Minera Dominga con el 33 por ciento de sus acciones, las que sumadas a las de Délano tenían el dominio del 56 por ciento de la iniciativa que pretende instalarse en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

En diciembre de 2010, Délano compró por 152 millones de dólares el porcentaje de todos los socios de Dominga. Según la investigación periodística, la operación se concretó con un acta firmada en Chile por 14 millones de dólares y otra en las Islas Vírgenes Británicas por 138 millones de dólares.

El pago se efectuaría en tres cuotas. La primera el 10 de diciembre de ese año por 106,8 millones de dólares, la segunda se debía pagar 21 millones de dólares el 18 de enero y la tercera y última cuota por 9,9 millones de dólares se debía pagar el 31 de diciembre de 2011.

“Sin embargo, ese último desembolso estaba sujeto a condiciones: dependía de que no cambiaran las reglas en la zona donde se ubicaría el proyecto minero”, señala la investigación. “El pago quedaba condicionado a que el sector no se transformara en una zona de exclusión o se convirtiera en un parque nacional o reserva nacional”, lo que impediría el desarrollo del proyecto Dominga, revela la investigación.

(Con información de Europa Press)

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