Luis Fernando Camacho cumple dos años secuestrado por el gobierno de Luis Arce en Bolivia

Luis Fernando Camacho, gobernador encarcelado de Santa Cruz, se ha convertido en una figura central para la articulación de la unidad democrática frente al gobierno autoritario de Luis Arce. Su secuestro violento y consecuente presidio, del que hablamos en Infobae el año pasado, y que tenía la intención de marginarlo del escenario político, ha tenido el efecto contrario de acrecentar su perfil e intensificar su simbolismo como representante de una región y de un sector de la sociedad que exige respeto por las libertades democráticas y los derechos humanos.

Hoy Camacho cumple dos años secuestrado “preventivamente” e injustamente en la “cárcel de máxima seguridad” de Chonchocoro (otrora reservada para narcotraficantes, asesinos y en general para los más peligrosos criminales), una de las más peligrosas e inhóspitas del país, ubicada en el frío y la altura de El Alto, una especie de Siberia boliviana, que recuerda el tipo de gulags y mazmorras de castigo a donde incluso hoy el régimen ruso de Vladimir Putin envía a sus principales opositores, y donde recientemente murió el preso político Alexei Navalny.

Como director legal de Human Rights Foundation (HRF), una organización de derechos humanos con sede en Nueva York y que representa legalmente a Camacho ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, junto a otros 10 presos políticos a nivel global (incluyendo en Irán, Rusia, Cuba y Vietnam), visité personalmente al gobernador cruceño en Chonchocoro en mayo de 2024 y pude verificar de primera mano la situación de aislamiento y los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ha padecido en prisión, y que incluyen el limitado acceso al agua limpia y a servicios médicos, la inclusión de una cámara espía para observar las visitas conyugales de su esposa, y el restringidísimo acceso a visitas, el cual se flexibilizó recién en mayo de este año, tras el extenso informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde mencionaban su caso.

Hasta entonces, a pesar de tener detención preventiva, el gobierno impedía ilegalmente la visita de cualquier persona que no fuese su esposa o su abogado en Bolivia. Dos meses después, en ocasión de una audiencia judicial de julio de 2024 en Santa Cruz (en uno de los 9 procesos judiciales arbitrarios que enfrenta), viajé a La Paz, junto a su abogado, el Dr. Martín Camacho, para volver a visitar al gobernador en Chonchocoro, pero los policías me negaron el ingreso al penal arbitrariamente alegando “órdenes superiores”, sin decir quién había dado dichas órdenes. El abogado, en nombre de Camacho, elevó una queja formal por esta negativa arbitraria al derecho a la defensa del gobernador cruceño, la cual continúa sin ser respondida.

El presidio político de Camacho, y el maltrato que sufre en Chonchocoro, subraya la persecución arbitraria que enfrenta la oposición democrática en Bolivia, ya que no se trata de un caso aislado. En marzo de 2025, la expresidenta Jeanine Áñez cumplirá cuatro años encarcelada injustamente en la también fría e inhóspita cárcel de mujeres de La Paz por haber asumido la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, mientras que el líder cívico e indígena Marco Pumari, compañero de Camacho en las protestas masivas de 2019, acaba de cumplir tres años en la prisión de Cantumarca, también en el altiplano potosino.

Tanto Camacho como Áñez y Pumari son víctimas de un sistema judicial corrupto y servil al poder ejecutivo que es utilizado para perseguir opositores y que busca reescribir la historia, tildando como “golpe de Estado” a las protestas pacíficas y masivas tras el escandaloso fraude electoral de 2019 perpetrado por el entonces presidente autoritario Evo Morales, y certificado así por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además de ellos tres, la mayoría de los opositores en Bolivia enfrentan múltiples procesos judiciales arbitrarios, que operan como espadas de Damocles sobre su libertad. Este peligro permanente, y las elecciones presidenciales que deben realizarse en 2025, han propiciado que, en días recientes, figuras importantes de la oposición como los expresidentes Carlos Mesa (ganador de las elecciones presidenciales en las que el MAS cometió fraude) y Tuto Quiroga, así como el excandidato presidencial Samuel Doria Medina (cercano a la expresidenta Áñez), todos posibles contendientes para las elecciones de 2025, hayan visitado a Camacho en prisión, y hayan firmado un esperanzador acuerdo de unidad, el cual, si bien ha sido iniciado por estos cuatro actores, está abierto al resto de la oposición democrática.

De consolidarse esta unidad, la oposición democrática en Bolivia debería tener posibilidades reales de ganar las elecciones de agosto de 2025, a pesar de las múltiples trampas electorales que sin duda les deparará el régimen del MAS de aquí hasta allá. Esto porque Bolivia padece una crisis financiera a todas luces provocada por la incompetencia del régimen de Arce, y porque el MAS en estos momentos se encuentra dividido, entre otras cosas, por la ambición desmedida de Morales de retornar al poder, y la consecuente incomodidad de Arce y una buena parte del MAS, que les ha llevado a reconocer, y ya no tratar de detener judicialmente, las viejas y creíbles denuncias de estupro y pedofilia sobre Morales.

El problema de los casi 300 presos y perseguidos políticos en Bolivia podría ser el catalizador que impulse la tan necesaria unidad frente a un gobierno que amenaza con consolidar un modelo autoritario. La situación de Camacho, Áñez y Pumari continúa poniendo sobre la mesa la necesidad de un sistema democrático plural y un poder judicial independiente. Sus casos subrayan la urgencia de una respuesta coordinada de las fuerzas democráticas en Bolivia al autoritarismo del MAS.

Para que esta unidad democrática de cara a las elecciones presidenciales de 2025 sea efectiva, se requiere liderazgo, visión y capacidad de diálogo de todos los actores de la oposición democrática en Bolivia. Camacho, a pesar de su presidio y haciendo buen uso de la popularidad que mantiene como gobernador del departamento de Santa Cruz, ha desempeñado un rol crucial al llamar a la concertación y al entendimiento entre las diversas fuerzas opositoras.

Como todo mensaje de oposición al autoritarismo, el mensaje de los presos políticos es un mensaje de esperanza para la construcción de un futuro más inclusivo y respetuoso de las diferencias. En Bolivia, como en todos los países que han padecido autoritarismos, ese futuro más democrático necesariamente deberá pasar por la despenalización del disenso, y la liberación de los presos políticos.

* Javier El-Hage es el director jurídico de la Human Rights Foundation, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York que se enfoca en países autoritarios.