Dos visiones sobre la justicia en Venezuela

Desde siempre hemos creído en la justicia de paz. De hecho, cuando fundamos Primero Justicia, lo hicimos sobre la base de transformar la justicia y acercarla al ciudadano a través de jueces de paz en cada una de las comunidades. Nuestra organización política nació como asociación civil que perseguía la idea de democratizar la justicia y que en cada comunidad existiera un juez o intermediario que pudiera construir acuerdos, consensos o soluciones amigables entre los vecinos.

En América Latina el acceso a la justicia en promedio apenas alcanza al 10% de la población y los niveles de impunidad oscilan el 95%. La justicia de paz es altamente valorada en muchos países por ser un mecanismo que ayuda a reducir los niveles de violencia, promoviendo el acceso a la justicia de manera expedita. Sus principios se sostienen sobre pilares como la simplicidad y accesibilidad, la resolución amistosa, el carácter comunitario y las limitaciones legales.

Nuestro partido, Primero Justicia, presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Justicia de Paz, que fue aprobado con carácter de Ley Orgánica y entró en vigencia en enero de 1995. Además, logramos darle rango constitucional en la Carta Magna de 1999. El artículo 258 establece:

“La ley organizará la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.

Sin embargo, la dictadura de Maduro avanza ahora hacia la elección de 30.000 jueces de paz comunal. La Asamblea Nacional del régimen sancionó recientemente la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, como parte de un proceso para elegir autoridades completamente ajenas al sistema jurisdiccional ordinario.

Esta propuesta del régimen no guarda relación alguna con el verdadero concepto de justicia de paz. En primer lugar, los jueces comunales que pretende elegir Maduro serán designados a través de circuitos comunales controlados totalmente por el partido oficialista. Esto seguramente resultará en que los elegidos sean personas abiertamente partidarias del régimen dictatorial. Así, la justicia de paz del régimen se convertirá en una mera réplica de la actual “justicia chavista”, donde no existe Estado de derecho ni independencia judicial.

En la reforma propuesta por el chavismo, se establece un comité de justicia comunal, conformado por los comisionados de justicia de paz de cada Consejo Comunal. Con esta medida, el régimen busca inconstitucionalmente sustituir a los tribunales municipales, arrebatándole competencias y creando instancias de carácter político que alterarán la convivencia entre vecinos. En otras palabras, buscan concentrar aún más poder en sus propias manos.

Este escenario resulta particularmente alarmante si consideramos que esta reforma ocurre en un contexto de represión contra la oposición política. Tras el triunfo democrático del 28 de julio, se han producido detenciones de activistas políticos, defensores de derechos humanos e incluso de niñas y adolescentes. No es exagerado pensar que Maduro utilizará a estos jueces comunales como una herramienta más para ejercer control social y político.

Por otro lado, la ley promovida por Maduro presenta graves deficiencias. No se detalla cómo será la formación de estos jueces, y al exigirles que asuman competencias que van más allá de la resolución de conflictos y la mediación, sin exigirles el título de abogado o abogada, queda claro que el objetivo no es desarrollar un sistema de justicia de paz similar al de otros países de la región.

Es evidente que los programas de justicia de paz no han funcionado en Venezuela debido al alto grado de politización por parte del régimen. La verdadera esencia de la justicia de paz es ofrecer una justicia expedita, gratuita y rápida a la población, pero esta debe cumplir con el principio de imparcialidad y no estar al servicio de un proyecto político, como siempre ha pretendido el chavismo.

Desde la dirigencia de la alternativa democrática, debemos condenar con firmeza este nuevo intento de la dictadura por imponer un sistema de justicia ajeno a la Constitución, cargado de ideología y parcialidad. Maduro ya corrompió el sistema judicial; no podemos permitir que también contamine el sistema de paz en las comunidades.

Es evidente que Venezuela clama por un cambio, un cambio que permita construir un sistema de justicia profesional, independiente y fuerte, que imparta justicia sin mirar el color político de las personas y que esté cerca del ciudadano. Pero esto solo será posible si logramos concretar la transición liderada por Edmundo González y María Corina Machado.

Ahora más que nunca debemos pedir mayor presión del mundo libre para materializar el cambio que los venezolanos votaron el pasado 28 de julio.