Si decide revisar la Sección 230, el Congreso de Estados Unidos puede (re)definir el futuro de la democracia y la libertad de expresión

Varias noticias han alcanzado titulares a través del mundo. A modo de ejemplo, un juez brasileño cierra el acceso a X (ex Twitter) en ese país y tiene duro intercambio con Elon Musk, Pavel Durov el equivalente en Telegram es detenido en Francia, y Mark Zuckerberg, el propietario de Meta (Facebook, otras) se ve obligado a pedir perdón públicamente a padres de niños abusados a través de las plataformas, en audiencia del Senado de EE. UU.

Por lo demás, es tema donde realmente no sabemos cómo estas empresas van a ser impactadas por la Inteligencia Artificial.

Por ahora, en el día de hoy ¿Cuál es el elemento común a los casos mencionados? Al menos uno, la sección 230 de la Communications Decency Act, aprobada en 1996 durante el gobierno de Clinton y que creó una situación especial para la todavía novedosa internet, una de abierto privilegio. Esa legislación quiso regular su contenido, cuando era visto como un medio que redefinía las comunicaciones a través del mundo y que coincidía con un momento histórico donde solo se veían ventajas, ya que todavía no habían aparecido las críticas que hoy lo acompañan.

La internet aparecía como la nueva “ágora” de la democracia griega, la plaza pública donde no existirían barreras y todos podrían comunicarse. Por supuesto hoy sabemos más, y al igual que cualquier otra tecnología revolucionaria en la historia, cual equilibrio se mezclan cosas buenas y malas, que, aunque predominen a mi juicio sus bondades, exige una análisis mas objetivo y calificado.

Hay ideas a las que parece que les llega su momento de escrutinio, es el caso de la sección 230 y el único lugar donde puede ser revisada, es en el Congreso de EE. UU. y probablemente va a tener lugar el próximo año 2025, siendo los políticos estadounidenses, los únicos con el poder para hacerlo.

La Sección 230, en su versión original de 1996, se iniciaba con solo 26 palabras, y fueron esas 26 las que le otorgaron a la internet, y, sobre todo, a empresas y propietarios un estatus especial, donde no podían ser llevados a los tribunales por lo que allí se publicara, es decir, solo obtuvieron ventajas, sin que se les pudiera responsabilizar. Hoy sabemos que esas empresas son prácticamente monopolios perfectos, figuran entre las mas ricas del mundo y sus propietarios, son desde hace mucho tiempo, billonarios, que a diferencia de sus equivalentes en el pasado (los Rockefeller, Morgan y otros) no solo defienden sus intereses, sino que aquellos que tienen ideas de cómo organizar la sociedad, a veces desean imponérselas al resto, usando sus fortunas y empresas para ello, lo que trae consigo lo que muchas veces, es una utilización indebida.

Es el caso de Bill Gates, Elon Musk y otros, aunque hay una diferencia. Por sus ideas políticas, Musk es fuertemente criticado en la gran prensa mundial, mientras que el mismo escrutinio no se hace con Bill Gates.

Las 26 palabras a las que aludíamos decían que “ningún proveedor de un servicio interactivo será tratado como el editor…de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido”. Era una etapa donde la visión de la internet era idealista, por lo tanto, en la práctica, se le entrega un cheque en blanco a estas empresas, que unido a la “neutralidad” de la red, no permitía un verdadero escrutinio de las autoridades estatales o internacionales, y creaba una ventaja enorme en relación con editores de libros, revistas y diarios como también con otros medios como radio y televisión, donde si se responde del contenido.

Hoy sabemos de cómo las redes crean problemas a la propia democracia, como también que no hacen lo suficiente para evitar delitos tales como la pornografía infantil, la desprotección de los menores, terrorismo yihadista, antisemitismo y otros.

Además, al proteger a las webs y al permitirse que sus editores no sean responsables de lo que allí aparece, es posible que Facebook o YouTube no existirían tal como los conocemos, además, que, si les pusiera en igualdad de condiciones con otros medios tales como radio y TV, que alguna vez también estuvieron en la avanzada tecnológica, deberían comprobar muchas de las publicaciones de usuarios antes que se hicieran públicas, para no ser llevados ante los tribunales.

Yo soy firme partidario de la internet, creo que es un gran aporte para la humanidad, pero siempre fue injusto este tipo de privilegios, ya que concedió legitimidad a las plataformas y redes sociales, lo que no es tan importante, como el hecho que permitió impunidad ante delitos que allí se cometen.

Hasta la aparición de las resoluciones del juez De Moraes, integrante de la Corte Suprema brasileña, no habían tenido consecuencia fallos de jueces y Tribunales de otros países (Google los tiene en Europa) por la sencilla razón que los servidores están ubicados en EE. UU. y no son alcanzados por la jurisdicción de otras naciones, además que la ley de California donde tienen domicilio protege a los servidores de esas empresas.

Los casos citados al principio de esta columna y muchos otros, muestran que, no solo es un problema de la sección 230 y sus privilegios, sino que en algunos casos se ha cruzado con testimonios de quienes ahí han trabajado y que hoy denuncian conocimiento de abusos por parte de ejecutivos y propietarios, y que recuerda lo que en el pasado ocurrió con la protección que hicieron las empresas de cigarrillos, del daño que ellos causaban.

También hay un debate académico y en la opinión pública por la utilización de prácticas que afectan la libertad de expresión y la propia democracia; la existencia de monopolios económicos; polarización, la lucha por el predominio internacional entre los países, tal como está presente en la detención en Francia del CEO de Telegram, o los intentos en EE. UU. de obligar a la venta de Tik-Tok acusándola de ser controlada por el partido Comunista chino, aunque hasta el momento no hay evidencia como tampoco que hagan algo muy distinto a su competencia, lo que recuerda un poco, la forma como en el pandemia, se descalificaban las vacunas unas a otras, aunque, por cierto, algunas son mejores que sus alternativas.

Hay manipulación y desinformación, pero más peligroso es actuar sobre esa base en contra la libertad de expresión, el fundamento mismo de una sociedad democrática y de las libertades públicas. Por su parte, con su tremenda influencia en el comportamiento electoral y en el funcionamiento actual de la democracia, las redes sociales le dan un nuevo significado a la capacidad que siempre ha acompañado a la tecnología para hacer al mismo tiempo el bien y el mal, lo último a través de la censura y la cancelación en esta mezcla de lado obscuro, a través del poder y el abuso, que quizás alcanzó su lado más peligroso cuando en la campaña presidencial del 2020 se permitió que el FBI censurara contenidos en alianza con empresas como Facebook y Twitter, tal como fue reconocido en el primer caso por Zuckerberg en el Congreso, y por Musk al comprar Twitter y transformarla en X, sobre la base de la libertad de expresión. Eso se añadió a la forma en que algunas empresas censuraron, nada menos que al presidente de EE. UU.

Y ese es un poder inédito, ya que con anterioridad, la información suprimida tenía una base nacional y temporal, mientras que ahora, al suprimirse en las redes la información del New York Post acerca de la computadora de Hunter Biden, más allá del impacto que pudo haber tenido en esa disputada elección, se daba el caso de una verdadera desaparición, ya que al quedar fuera de las RR.SS. no se podía acceder desde ninguna parte del mundo como tampoco existía la posibilidad de permanecer para siempre a disposición de los buscadores de información. Y esto si es que es inédito.

Por lo tanto, todo indica que este saludable debate se va a iniciar en verdad cuando exista igualdad de condiciones entre las empresas de internet y otras, cuya tecnología puede ser avanzada o antigua, pero que están en abierta desventaja legal en relación con la internet y con las empresas que comunican a través de las redes sociales.

Y este debate se inicia con la revisión de la sección 230 en el único lugar donde se puede hacer, ya que en el Congreso esos políticos disponen del poder para hacerlo. Como el expresidente Trump había sido la persona censurada, en algún momento pareció que esto iba a ser solo una iniciativa de los representantes y senadores republicanos, dependiendo del resultado de las elecciones del 2024 y quien controlaba en definitiva las dos Cámaras. A ello se agregaron los temas de la libertad de expresión y de empresas tecnológicas que se habían puesto de acuerdo con el FBI para dejar afuera del debate político ciertos temas. Sin embargo, en estos últimos meses se han unido al deseo de revisión, representantes demócratas preocupados por las consecuencias de la desinformación, dando la posibilidad que, siempre dependiendo de los resultados electorales de este 5 de noviembre, el tema, por fin, tenga un tratamiento bipartidista.

Y algo más, distintos estados han acudido a los tribunales. Algunos son “azules” (demócratas) otros son “rojos” (republicanos), pero también hay iniciativas que incorporan a ambos sectores políticos, en temas tales como la desprotección de niños y adolescentes.

En el caso de Facebook, las autoridades económicas aseguran que es un monopolio que ha “comprado y enterrado” a empresas innovadoras. Aún más, en octubre de 2020, el gobierno de EE. UU. a través del Departamento de Justicia y 11 estados presentaron demanda contra Google (de Alphabet Inc.) por “abusar de su poder de mercado”, calificándolo de “monopólico” y que buscaba excluir rivales. Agreguemos que, en la ley de la potencia, no es ilegal ser un monopolio, pero si lo es que una empresa dominante tenga una conducta tal, que sea tan excluyente que lo haga para proteger o fortalecer su poder de mercado, lo que configura prácticas anticompetitivas.

Al ser presentada fue la demanda antimonopolios más grande e importante, que de ser aceptada podría tener consecuencias semejantes a la de 1974 que condujo a la ruptura de sistema de telecomunicaciones Bell, y que, si no se hubiera hecho, probablemente no hubiese llegado en los 90s la telefonía celular, desde el momento que la inversión que existía en redes fijas era gigantesca.

Y esa es una particularidad de EE. UU., que tiene una tradición histórica de recurrir contra monopolios. Es así como además de la telefonía y otros ejemplos, con anterioridad, en 1911 a través de un fallo de la Corte Suprema se rompió el monopolio petrolero que tenía la Standard Oíl.

Desde el momento que el lugar del debate es el Congreso, puede ser la oportunidad también para abordar el tema de que debe hacer la democracia con las redes sociales, aunque también es aceptable que llegue a la conclusión que no debe hacer nada, ya que todo “remedio” legislativo, puede ser peor desde el punto de vista de la libertad de expresión. Recordemos, que la conducta de propietarios y ejecutivos de las empresas y el de gobiernos varios fue preocupante durante la pandemia, ya que se censuraron opiniones que no gustaban, cuando hoy sabemos que no había ninguna “ciencia” que respaldara algunas de esas limitaciones, sino que fue abuso de poder.

En todo caso, opino que alguna regulación es necesaria para efectos de la democracia, no solo porque es un privilegio que en la práctica dificulta que sean llevadas a tribunales, sino que el poder adquirido por estas grandes empresas es simplemente demasiado, para sea compatible con una sana democracia. Aún más, es peligroso, desde el momento que además del poder excesivo del dinero que poseen, han demostrado que tienen la disposición para usarlo en causas personales que no obedecen necesariamente al bien común. Parecen ser un equivalente capitalista al poder de los jerarcas del partido Comunista Chino, demostrado no solo aquí, sino en muchas empresas de orientación “woke”, donde se usan recursos de la empresa, para apoyar causas ideológicas o políticas, sobre todo en diversidad identitaria.

Lo de los tribunales es relevante no solo por el equilibrio que necesita la sociedad democrática, sino también por la constatación de algo que es más responsabilidad de políticos que de jueces. Es algo antiguo, que tiene que ver con la característica de toda revolución tecnológica, que es el retraso del derecho en general y de las leyes en particular, en relación a los efectos del cambio tecnológico, tanto en la sociedad como en las personas, demostrado en la antigüedad de las leyes que se intenta hacer cuadrar con el carácter monopólico de las grandes empresas tecnológicas en computación e internet, o utilizar leyes de la época anterior a los teléfonos inteligentes para acusar del fundador y director general de Telegram, por delitos cometidos por terceros en la plataforma que gestiona, que por sus temibles consecuencias es un enfoque equivocado, y de aplicación selectiva, ya que no se hace con nadie más, además de tratarse de una empresa conocida por la forma en que protege los datos de sus usuarios en comparación a su competencia.

¿Sería el motivo de fondo que es rusa, así como Tik-Tok es china? No fue así como occidente hizo su grandeza, además que, por su privacidad, Telegram es utilizada por los militares ucranianos y en Rusia estuvo en algún momento prohibida por la negativa a compartir el acceso a claves.

¿Y que decir del caso de X y Elon Musk en Brasil? Allí las restricciones solo fueron levantadas después que cedió Musk en cuanto al pago ordenado por el juez Alexandre De Moraes, a quien sin embargo acusó de violar la constitución. Por cierto, el tema aquí no es una investigación sobre noticias falsas, sino un preocupante aroma a cercenamiento de la libertad de expresión, acompañado por la polémica trayectoria de ese juez. La pregunta es si hubo arbitrariedad. ¿Fue sana preocupación por la democracia o como parece serlo, abuso de poder?, toda vez que una de las desviaciones de la democracia es la llamada “república de los jueces”, donde en vez de limitarse a aplicar la ley, cual activistas, los juzgadores buscan crear la norma, mal utilizando el ideal democrático, toda vez que solo a los legisladores les corresponde la creación de las leyes.

Y en el caso de Zuckerberg, ante el silencio de mucha prensa, este testificó en su comparecencia de agosto de este año ante el Congreso, asegurando que la Casa Blanca lo habría presionado para que Facebook “censurara” algunos contenidos sobre el COVID-19, lo que no quita responsabilidad a un hombre de su poder y medios económicos.

En conclusión, la utopía de pensar que las redes iban a producir una especie de equivalente al “hombre nuevo” del comunismo, condujo al gigantismo de empresas tecnológicas con privilegios y sin control. Felizmente ya se viene de regreso, y si el Congreso de EE. UU. decide solucionar el problema creado por la sección 230, puede ser una muy buena oportunidad, no solo para enfrentar el problema de los efectos monopólicos, sino para reducir los conflictos que estas empresas y las redes sociales le han creado al sistema democrático.

El primer problema es cómo combatir la polarización automática que crean los algoritmos de esas empresas, por lo que la solución es que estas plataformas sean responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, permitiendo que para empezar puedan ser llevadas a tribunales.

Lo segundo es la oportunidad que se presentaría para preguntarse qué se hace con la Inteligencia Artificial, y la respuesta estaría en nuevas leyes, aunque idealmente, sería el momento de también establecer protección y garantías a nivel constitucional, dada la conducta demostrada por ejecutivos y propietarios, y la potencialidad de la Inteligencia Artificial para también estimular nuestros procesos cerebrales.

Uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, el semiólogo Umberto Eco resumía la opinión que tenia de Internet y las redes sociales con la expresión “la invasión de los necios” (como también dijo que la televisión promovía al “tonto del pueblo”), lo que no comparto, pero no hay duda de que su reflexión crítica, característica de toda su obra, es junto a otros grandes pensadores de nota, el tipo de ayuda imprescindible para tratar de abordar con profundidad un tema que define la época que nos ha tocado vivir.

@israelzipper

Máster y Doctor (PhD) en Ciencia Politica (U. de Essex), Licenciatura en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), Excandidato presidencial (Chile, 2013)