Minoridad y represión en Venezuela

Cada preso político de Maduro es una obscena injusticia, una sistemática y generalizada violación de derechos. Es un crimen continuado, sin interrupción desde hace años. Cada preso es un rehén, la metodología del abuso es la llamada “puerta giratoria”: por el mismo lugar dónde salen algunos entran otros tantos.

No se trata de concesiones sino de mercancía de cambio. Así es como el régimen negocia el levantamiento de sanciones; allí está el origen de las grandes utilidades de las empresas petroleras. La dictadura venezolana no es diferente a una banda de secuestradores, el encarcelamiento es una industria próspera. Es un negocio siempre en expansión: hoy son 1,905 los presos políticos, una cantidad en aumento desde las protestas contra el fraude electoral del pasado 28 de julio.

El Foro Penal informa que la edad de la vasta mayoría de los detenidos desde entonces oscila entre los 14 y los 25 años. Que todavía permanecen en prisión muchos adolescentes de 18 y 19 años, técnicamente adultos. Y que, sin embargo, 67 detenidos tienen entre 14 y 17 años, menores de edad, habiendo sido excarcelados otros 86 menores un mes atrás. Es decir, un total de 153 menores fueron encarcelados por protestar en la calle en este periodo. O sea, 153 niños.

Se les imputa terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad; habiendo sido torturados con el objetivo que se declaren culpables. Sus padres no han podido acceder a los expedientes judiciales, ni han tenido contacto irrestricto con ellos.

Muchos ya enfrentan juicio sin poder escoger abogado para su defensa, un derecho constitucional garantizado. Tampoco se les ha permitido llevarles alimentos, siendo que muchos de ellos exhiben desnutrición y registran enfermedades estomacales. Todo preso político es una obscena injusticia del régimen, pero algunas son más obscenas que otras. Sobre todo si se trata de menores.

Así lo admite el capitán Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Justicia y Paz, nada menos. “Si ahora capturas a 300 y los liberas de inmediato se impone la impunidad y entonces en la próxima ocasión son 600″, dijo en la noche del miércoles por TV. Y vaya si el capo del Cartel de los Soles, cuya recompensa por su captura asciende a 10 millones de dólares, conoce el significado del término “impunidad”.

Las denunciadas contra la dictadura venezolana acumuladas en el tiempo han documentado sobradamente la comisión de crímenes de lesa humanidad. A saber: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; traslado forzoso de personas, causante de la peor crisis migratoria en la historia del continente americano; detenciones arbitrarias; desaparición forzada de personas; tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual; encarcelamientos por razones políticas; el uso de la desaparición forzada como táctica represiva y la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

A dichas violaciones del Estatuto de Roma, debe agregarse también el incumplimiento de otros estatutos y convenciones internacionales. En este caso de la Convención sobre los Derechos del Niño que especifica los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes, que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, suscripto por Venezuela el 26 de enero de 1990 y ratificado el 29 de agosto de ese mismo año.

Pero esta es una dictadura paria, además de criminal. Es un régimen premeditadamente transgresor del derecho internacional. Con lo cual determinar los hechos, deslindar responsabilidades, castigar a los culpables y reparar a las víctimas; es decir, acabar con la impunidad y hacer justicia sólo podrá emanar de instancias internacionales.