Elecciones en Venezuela: esperando lo mejor, preparándose para lo peor

A medida que Venezuela se acerca a las prometidas elecciones nacionales del 28 de julio, mi corazón está con las esperanzas de los venezolanos de que se produzca un milagro que traduzca su valiente acto de votar en una restauración de la democracia. Todo lo que he visto desarrollarse en el país durante los últimos 25 años de mi carrera en el gobierno y en el sector privado siguiendo a Venezuela me lleva a esperar lo peor. El chavismo ha demostrado una y otra vez tanto su voluntad como su capacidad para explotar el control de las instituciones del Estado, la represión, la corrupción y el subterfugio para consolidar y mantener el poder, a pesar de las esperanzas de la oposición de que la Constitución, las leyes y las instituciones que el país tiene sobre el papel les den un escenario fiable en el que luchar. Usando una analogía de ciencia ficción, luchar contra un chavismo que controla todas las instituciones y manipula las reglas a su favor es como intentar luchar contra Matrix sin Neo (Keanu Reeves).

Vi cómo se desarrollaba la tragedia de Venezuela cuando Hugo Chávez se mostró inflexible cuando la oposición cerró el país en la huelga general de 2002-2003, cuando amañó las reglas del juego contra el referéndum revocatorio de 2004, que finalmente no tuvo éxito, cuando el movimiento estudiantil de 2007 y las protestas masivas de 2014 y 2017 resultaron infructuosas a la hora de lograr un cambio democrático contra un régimen atrincherado. Vi cómo unas cuestionables elecciones nacionales permitían a un Hugo Chávez moribundo (algunos dicen que posiblemente ya muerto) ganar la reelección en 2012, y a su ungido sucesor Nicolás Maduro, conductor de autobús, imponerse a una oposición parcialmente dividida en las elecciones que siguieron a la muerte formal de Chávez en 2013. La abstención de la oposición en las elecciones amañadas de 2005 dio al chavismo el Congreso, y de nuevo en 2021. Sin embargo, cuando la oposición participó plenamente en las elecciones de 2015 y ganó más de 2/3 de la Asamblea Nacional, el chavismo utilizó el control de las instituciones judiciales y administrativas para despojarla de escaños clave y del poder de la propia legislatura elegida democráticamente.

Observé en 2018 cómo un órgano fabricado por el chavismo convocaba y realizaba elecciones amañadas al margen del proceso establecido por la Constitución. Serví en el Personal de Planificación de Políticas (S/P) del Secretario de Estado Mike Pompeo en 2019 y 2020, mientras el jefe de la Asamblea Nacional democráticamente electo Juan Guaidó -quien se convirtió en Presidente de jure según la Constitución de Venezuela, en ausencia de elecciones siguiendo el proceso constitucionalmente establecido para elegir al sucesor de Maduro- trabajó valientemente, pero finalmente sin éxito, con los Estados Unidos y más de otros 50 gobiernos de la comunidad internacional, para arrebatarle las riendas del Estado a Maduro. Con ese fracaso, en el año que siguió, observé cómo el chavismo corrompía y dividía gradualmente a los desmoralizados restos de la oposición en la Asamblea Nacional, para finalmente retomar también el control de ese órgano.

Mientras el chavismo mira hacia el 28 de julio, la totalidad de su historial de 25 años ha sido subvertir el proceso democrático, manipulando a su favor las condiciones en las que se producen las elecciones y el desarrollo de las mismas, así como manejando las consecuencias de esas elecciones para prevalecer, ganen o no en las urnas. No hay razón para creer que esta vez será diferente.

Desde la perspectiva de Nicolás Maduro, cada vez que el chavismo ha utilizado subterfugios para secuestrar elecciones, y luego se ha mantenido firme contra las movilizaciones internas y las sanciones internacionales resultantes, ha prevalecido. En el punto álgido de la presión internacional contra el chavismo a partir de 2019-2020, el aparato de seguridad del régimen se mantuvo en gran medida intacto, debido a la corrupción de larga data de sus líderes, creando un fuerte incentivo para apegarse a Mauro para evitar un retorno a la rendición de cuentas democrática, por muy mala que fuera su gobernanza. Su supervivencia también se vio reforzada por la profunda penetración en el régimen de agentes cubanos, lo que llevó a la detección y aplastamiento incluso de los más pequeños intentos de golpe de Estado y deserciones en su infancia.

En las recientes conversaciones privadas con Maduro buscadas por funcionarios estadounidenses, es posible imaginar que la Administración Biden trató de convencer al chavismo de que aceptara una transición democrática, que terminara en un cómodo retiro en China, Rusia, Nicaragua o algún otro paraíso autoritario. Desafortunadamente, los intentos estadounidenses hasta la fecha de utilizar incentivos como el alivio de sanciones, o amenazas, para asegurar un compromiso del régimen de Maduro con un comportamiento democrático, no han producido resultados positivos. Aunque es probable que Maduro esté preocupado por la mayor presión a la que podría enfrentarse si Donald Trump es reelegido en noviembre, es poco probable que el equipo de Biden esté utilizando explícitamente ese argumento en sus temas de conversación.

Dado que iría en contra de toda la trayectoria de 25 años del chavismo en el poder permitir unas elecciones razonablemente libres y justas, aceptar la derrota y ceder el poder pacíficamente, la pregunta clave en la semana que queda antes de las elecciones es “¿cuál es el plan chavista para evitar perder el poder?” y cómo responder eficazmente al mismo.

En artículos anteriores, he argumentado que la magnitud de la desventaja chavista en las encuestas sugería que Maduro podría tratar de cancelar las elecciones, posiblemente escalando el conflicto sobre la región de Esequibo en Guyana, que él mismo fabricó, tratando de vincularlo a un supuesto complot de la oposición, como ha hecho antes. Sin embargo, es posible que el chavismo considere ahora que ésta es la opción más arriesgada. En primer lugar, exigiría una actuación de los militares venezolanos más allá de permanecer en sus cuarteles y cobrar rentas a las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional. Al igual que la invasión de Ucrania por Vladimir Putin puso de manifiesto la corrupción y la incompetencia acumulada en el ejército ruso, lo que llevó a fracasos espectaculares contra la fuerza ucraniana, mucho más pequeña, una invasión venezolana del Esequibo podría poner en aprietos a sus militares, lo que llevaría a deserciones de unidades sobre el terreno que serían más difíciles de controlar para la inteligencia cubana y venezolana, en contraste con el control de unos militares mantenidos en su mayor parte en los cuarteles tras unas elecciones robadas. Además, la invasión del Esequibo (frente al simple robo de las elecciones) implicaría con mayor probabilidad una respuesta de los ejércitos estadounidense, británico y de otros países para defender Guyana. La ausencia de señales públicas de una nueva crisis fabricada sobre el Esequibo en la semana anterior a las elecciones es una señal esperanzadora, aunque una crisis militar fabricada sigue siendo una eventualidad para la que Estados Unidos y la región deberían estar preparados.

La segunda opción, ahora más probable para Maduro, es simplemente robar las elecciones y aguantar la respuesta nacional e internacional resultante. Lógicamente, puede asumir que dicha respuesta incluirá protestas masivas y sostenidas a nivel nacional (e internacional) y la ampliación de las sanciones internacionales, pero no es probable que provoque una acción militar extranjera para desalojar por la fuerza a su gobierno ilegítimo del poder.

Maduro ya está bien encaminado en el “robo de las elecciones” mediante la inhabilitación de los principales candidatos de la oposición, incluida María Corina Machado y su sucesora designada originalmente, Corina Yoris, así como las continuas detenciones de figuras de la oposición y los actos de violencia e intimidación contra los trabajadores de la campaña y los que apoyan y asisten a sus actos, la exclusión de todos los observadores internacionales, excepto el Centro Carter, y el cierre de la cobertura de los medios de comunicación y otros mecanismos de comunicación que podrían ayudar a la oposición a movilizarse para, y después de, las elecciones.

Al igual que en el pasado, es probable que el régimen de Maduro continúe utilizando toda la gama de herramientas a su disposición durante el resto del proceso electoral para reducir la ventaja de la oposición, incluida la eliminación administrativa de la etiqueta del principal partido de la oposición, “MUD”, de la papeleta electoral, utilizando la violencia y maniobras administrativas para dificultar el acceso y la votación en los lugares de los bastiones de la oposición, seguir utilizando el dominio chavista de los medios de comunicación y el control de otros recursos del Estado, incluida la distribución de dinero y raciones de “cajas CLAP” para movilizar a los partidarios, y luego rellenar, destruir o alterar de otro modo las urnas, o manipular electrónicamente los resultados el mismo día de las elecciones. Si esas medidas siguen siendo insuficientes para fabricar una victoria de Maduro, el chavismo siempre puede inventar irregularidades como excusa para anular las elecciones, inhabilitar a Edmundo González, o incluso arrestarlo o asesinarlo a él y a otras figuras clave de la oposición.

En sus decisiones sobre cómo detener o robar las elecciones, a pesar de la determinación, unidad y notable coraje de la oposición, Maduro puede asumir que, como tantas veces antes, la represión de un conjunto de sus agentes, desde las unidades militares y policiales, el SEBIN y las FAES, los “colectivos” radicalizados y compensados, las bandas de narcotraficantes, e incluso los grupos guerrilleros colombianos, para aplastar y aterrorizar a la oposición hasta la sumisión.

Es posible que el chavismo también calcule que la Administración Biden en Estados Unidos se limitará a responder con más sanciones y condenas, y más coordinadas internacionalmente, con la esperanza de que Venezuela no siga siendo un tema importante de política exterior a medida que se acerquen las elecciones en Estados Unidos.

Es posible que Maduro se fije también en el actual liderazgo del Consejo Europeo por parte del húngaro Viktor Orban, así como en amigos de la región como Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, que han buscado ampliar el compromiso comercial con el régimen de Maduro y han acogido con satisfacción su reincorporación a las instituciones regionales, incluso cuando han expresado superficialmente su preocupación por el comportamiento del régimen, además de socios “incondicionales” del chavismo como la República Popular China, Rusia e Irán, y calcule que las consecuencias internacionales de sus acciones pueden no ser tan malas.

A falta de una acción militar, aún más indeseable por otras razones, siendo realistas es probable que haya poco que Estados Unidos y otros gobiernos puedan hacer para evitar que Nicolás Maduro robe las elecciones venezolanas del 28 de julio. El resultado probablemente será no sólo la profundización de la represión y la tragedia para los venezolanos, sino también una nueva ola de emigrantes fuera de Venezuela, habiendo retrasado su decisión de quedarse o irse con la esperanza de un milagro electoral. Ese enorme nuevo éxodo de venezolanos, además de los ocho millones que ya se han ido, incluirá más criminales violentos de grupos como el Tren de Aragua. Pasarán a través de una Colombia inestable, inundada de cocaína, violencia política y una gobernanza cada vez más débil, bajarán por los Andes a través de un Ecuador cada vez más violento que se acerca a unas elecciones de mayo de 2025 estratégicamente decisivas que podrían devolver al poder al partido izquierdista Revolución Ciudadana de Rafael Correa.

Otros se dirigirán a Perú, donde el Tren de Aragua ya está bien establecido, lo que complicará los problemas de gobernanza de la Presidenta Dina Boluarte. Desde allí se dirigirán a Chile, lo que agravará los problemas políticos y de seguridad pública de Gabriel Boric. Esa oleada de venezolanos, tal vez un millón más o más, también intentará pasar a través del Tapón del Darién, que el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, está trabajando con EEUU para asegurar, para luego pasar a través de una serie de países centroamericanos con problemas políticos, llegando en cantidades aún desconocidas a la frontera estadounidense, y a ciudades como Chicago y Nueva York, justo a tiempo para las elecciones presidenciales estadounidenses. La Administración Biden, los estrategas de las administraciones republicana y demócrata que puedan sucederle, y otros líderes de la región, deben prepararse ya para lo que haya que hacer entonces.