El compromiso con China ha tenido un impacto multifacético en la democracia latinoamericana

En su discurso público, a diferencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, la República Popular China ha evitado cuestionar directamente la democracia de estilo occidental como sistema de gobierno. No obstante, Beijing ha afirmado cada vez más que su propio sistema ofrece lecciones de organización económica y política a las sociedades en desarrollo. De forma inherente, aunque sutil, esta postura presenta a China ante el mundo en desarrollo como una alternativa al modelo occidental.

En su Iniciativa para la Civilización Global, Beijing pretende socavar el capital moral de Occidente en materia de democracia y otros valores planteando la validez de otras alternativas (no especificadas).

Más allá de este discurso, el compromiso comercial y de otro tipo de China -y su posición cada vez más dominante en las tecnologías y sistemas que definen las comunicaciones y la nueva economía digital- ha tenido un efecto transformador en la dinámica y el discurso sobre la democracia y el desarrollo a escala mundial.

Como resultado, China ha tenido un impacto complejo y multifacético sobre la democracia en el Sur Global - incluyendo América Latina, el foco de este artículo. Este impacto es a la vez deliberado e inadvertido, directo e indirecto, y se deja sentir principalmente a través de cuatro canales:

(1) el efecto del compromiso de socavar y alterar el discurso sobre China en las sociedades democráticas a medida que sus miembros persiguen los beneficios de trabajar con China; (2) los programas de formación patrocinados por Beijing que contienen narrativas y contenidos autoritarios; (3) el impacto del “modelo” chino y las arquitecturas tecnológicas asociadas; y (4) el papel de China como incubadora de sociedades autoritarias.

Como en otras partes del mundo, en América Latina existe un gran interés por hacer negocios con China, lo que incluye asegurarse el acceso a sus mercados y asociarse con sus empresas y bancos en proyectos locales. Este deseo lleva a las partes interesadas a autocensurarse para evitar ofender a Beijing, e incluso a realizar una defensa interesada de China.

Entre los temas que se sabe que ofenden a China -y que, por tanto, ponen en peligro los compromisos potencialmente lucrativos con el país- figuran referirse a Taiwán como un gobierno autónomo o independiente, hablar de la represión en Tíbet, hablar críticamente del encarcelamiento por China de millones de musulmanes uigures en Xinjiang, y hablar de la toma del poder y la represión de los actores democráticos en Hong Kong y la violación de sus compromisos con el enclave en virtud del tratado de 1997, su militarización de las islas y su comportamiento agresivo hacia los vecinos en los mares del Sur y del Este de China, y sus acciones contra los disidentes chinos. También se consideran temas delicados los comentarios negativos sobre los riesgos de hacer negocios con China y el historial de las empresas chinas en relación con el rendimiento de sus proyectos, el trato a los trabajadores, los subcontratistas y las comunidades afectadas, así como su historial medioambiental y otros aspectos de la responsabilidad social corporativa.

La reacción adversa de Beijing a este discurso crítico es bien conocida en la región y en todo el mundo, y China se lo recuerda con frecuencia. Entre ellos, las sanciones contra Australia después de que Canberra pidiera que se investigara el origen de la pandemia de COVID-19; las amenazas contra la Asociación Nacional de Baloncesto cuando uno de sus jugadores criticó el trato que China da al Tíbet; y, más recientemente, su suspensión de una parte de 5.000 millones de dólares de un swap de crédito con Argentina, tras los comentarios negativos sobre China del gobierno entrante del presidente Javier Milei.

Beijing también suspendió recientemente las compras de productos agrícolas a Guatemala, enviando un mensaje no tan sutil al gobierno de Arévalo de que su capacidad para continuar con sus modestas exportaciones agrícolas a China estaba en peligro si no cambiaba su reconocimiento diplomático de Taiwán a Beijing.

Cuando el gobierno chileno interpuso una acción antidumping bien fundamentada contra las empresas siderúrgicas chinas, el jefe de la federación de fruticultores de Chile, Fedefruita, se manifestó públicamente en contra de la acción del gobierno chileno. El temor de los exportadores de fruta chilenos que posiblemente motivó las declaraciones -que la acción de su gobierno pudiera poner en peligro su propio acceso al mercado chino (completamente ajeno a la cuestión)- ilustra cómo la reputación de China de ser vengativa conduce a la supresión selectiva y a la distorsión del discurso sobre China en las sociedades democráticas.

China es cada vez más activa en América Latina y otras partes del mundo en la realización de programas de formación en China para profesionales de la región. El problema es que estos cursos están plagados de contenidos y narrativas autoritarias.

Cada año, Beijing envía a cientos de periodistas latinoamericanos al país para realizar lucrativas visitas con todos los gastos pagados, en nombre de la formación o las conferencias. China acogió a una delegación de 30 periodistas hondureños y 25 nicaragüenses. Estos viajes no sólo engendran la gratitud de los receptores de la generosidad china, influyendo en lo que escriben sobre China, sino que posiblemente les inculcan la perspectiva autoritaria del Partido Comunista Chino (PCC) sobre el papel de los periodistas en la transmisión, en lugar de cuestionar, la información proporcionada por el gobierno y otras autoridades.

La formación que China imparte a un gran número de militares, jueces y, más recientemente, policías procedentes de América Latina también imparte posiblemente lecciones de carácter antidemocrático, como el enfoque del PCCh sobre el control de multitudes y manifestantes, o su orientación para que los jueces decidan casos legales en los que está implicado el gobierno.

La académica Niva Yau, del Atlantic Council, concluyó recientemente un importante estudio en el que revisaba miles de informes sobre programas internacionales de formación en lengua china. Descubrió que la cantidad de estos programas -y las narrativas autoritarias implícitas en ellos- ha aumentado sustancialmente en las últimas décadas. En el periodo comprendido entre 1981 y 2009, los documentos que examinó mostraban una media de 142 programas al año con 4.285 personas que viajaban a China anualmente. Durante el período posterior, de 2013 a 2018, ese número se multiplicó por diez, hasta una media de 1.400 programas al año con 40.000 personas viajando a China.

A diferencia de la Unión Soviética, que publicitó su “modelo” comunista de gobierno y organización económica como alternativa a la democracia occidental durante la Guerra Fría, China no ha promovido abiertamente su modelo como alternativa a Occidente. Más bien, Beijing afirma que no es más que un ejemplo del que los países en desarrollo pueden extraer lecciones.

No obstante, China ha sido cada vez más agresiva en esa autopromoción indirecta, incluido el discurso de Xi Jinping en el XIX Congreso del Partido Comunista en el que ofreció “sabiduría china y un enfoque chino para resolver los problemas a los que se enfrenta la humanidad”.

Aparte de la propia afirmación de Beijing de que es un ejemplo a seguir para los demás, la percepción que tiene el mundo de China como un país que progresa significativamente en crecimiento económico, orden y eficiencia puede influir en los debates sobre los modelos políticos y económicos, de un modo mucho más eficaz que el mediocre crecimiento y el autoritarismo de mano dura de la Unión Soviética. Incluso si tales percepciones no tienen en cuenta los límites reales del éxito chino y las distorsiones económicas y los costos medioambientales y humanos asociados, influyen en el pensamiento contemporáneo sobre el papel adecuado del gobierno frente a la iniciativa individual en el desarrollo económico, y el papel de la decisión de mando frente a la elección democrática, la expresión y la protección de los derechos individuales en el ámbito político.

Del mismo modo, los resultados percibidos de las soluciones técnicas chinas, incluidas sus arquitecturas interconectadas de seguridad, financieras, de servicios públicos y de otro tipo, podrían influir en las decisiones de otros países sobre el grado en que se debe ceder en la protección de la intimidad individual para lograr los beneficios potenciales en seguridad y eficiencia social que las nuevas tecnologías, impulsadas por la inteligencia artificial, prometen proporcionar.

Además de influir en las futuras opciones políticas sobre arquitecturas tecnológicas, a medida que las entidades con sede en China lideran cada vez más el desarrollo y despliegue de dichas arquitecturas, las decisiones que privilegian intrínsecamente los resultados sobre la protección de la privacidad y del individuo se convierten en la nueva realidad. Este camino se bloquea aún más a medida que las empresas chinas establecen las normas para esas tecnologías y expulsan a otras de la competencia.

Aunque Beijing se relaciona con gobiernos de todo el espectro ideológico, su voluntad de prestar apoyo a los que se mueven en una dirección autoritaria, sin las condiciones políticas y de otro tipo que los gobiernos occidentales suelen imponer a esa ayuda, repercute en la dinámica política de América Latina a medida que algunos de sus gobiernos avanzan hacia el autoritarismo. China consigue tales efectos, en el curso de la persecución de sus propios objetivos comerciales y de otro tipo, proporcionando tanto recursos como soluciones tecnológicas específicas a socios autoritarios.

Con respecto a los recursos, se estima que los 59.200 millones de dólares que China proporcionó a las dictaduras de Chávez y Maduro en Venezuela a partir de 2008, a cambio de petróleo, proporcionaron recursos y oportunidades para la corrupción que mantuvieron a flote el régimen venezolano, al tiempo que incentivaban a los compinches del régimen a permanecer leales a su liderazgo.

En Nicaragua, los 567 millones de dólares en compromisos para proyectos de trabajo a ser realizados por empresas chinas para el gobierno sandinista, de manera similar, proporcionan al cada vez más aislado gobierno autoritario de Ortega recursos y oportunidades asociadas para beneficio personal.

Con respecto a la tecnología, los sistemas chinos de vigilancia y control a nivel nacional en América Latina incluyen el ECU-911, vendido al régimen populista autoritario de Rafael Correa en Ecuador; el sistema BOL-110, vendido al régimen de Evo Morales en Bolivia; así como el sistema del Carnet de la Patria, que está ayudando al régimen autoritario de Venezuela a expandir su control social.

De forma similar, las contribuciones de China a las arquitecturas de Internet y telefonía de Cuba fueron decisivas para que la dictadura pudiera aislar a los manifestantes entre sí y del mundo exterior, y mantener así el control durante el inesperado levantamiento nacional cubano de julio de 2021.

Si bien hay pocas pruebas que sugieran que China promueve deliberadamente gobiernos autoritarios en detrimento de democracias de estilo occidental en América Latina o en otros lugares, los gobiernos de la región deben reconocer los riesgos implícitos para la dinámica de las democracias (ya bajo considerable tensión) que surgen de su compromiso comercial, político y tecnológico con China. Los factores de riesgo incluyen el “poder blando” de los beneficios esperados, el efecto corruptor y promotor del autoritarismo de los viajes de formación a China, además de la creciente adopción de soluciones tecnológicas de empresas con sede en China.

La forma adecuada de que América Latina y otras partes del mundo salvaguarden la democracia no consiste en renunciar a interacciones comerciales y políticas rentables con China. Por el contrario, se trata de garantizar que dichas interacciones se lleven a cabo en un marco de máxima transparencia, igualdad de condiciones jurídicas e instituciones sólidas que incluyan la capacidad adecuada para revisar contratos, adquisiciones propuestas y otros acuerdos en los que participe Beijing.

Los gobiernos también deben hacer más para reconocer los conflictos de intereses inherentes cuando sus funcionarios (incluso a nivel local) reciben lucrativos viajes a China con todos los gastos pagados. Aunque los gobiernos democráticos no pueden restringir fácilmente que ciudadanos privados como periodistas o académicos realicen viajes comprometedores a China, la transparencia sobre tales beneficios, incluidas las oportunidades de negocio con China que obtienen los embajadores y otros altos funcionarios tras su paso por el servicio, debería recibir mayor atención a la hora de interpretar el discurso prochino de tales figuras.

A Estados Unidos, como a otros gobiernos, le interesa que la democracia siga gozando de buena salud en América Latina, y tiene un gran interés en hacer más para ofrecer alternativas, desde proyectos de inversión hasta programas de formación. No obstante, tanto si Washington hace algo mejor por América Latina como si no, ello no eximirá a la región y a sus líderes de su deber de proteger las instituciones democráticas de sus países, así como la libertad de expresión y de acción.

Este artículo se basa en un discurso pronunciado el 25 de junio de 2024 ante el think tank argentino Fundación Libertad.