“Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina…”
Así empieza una famosa canción que bien podría ser el epitafio de los Panamá Papers. Por si alguno no lo recuerda, el caso de los Panamá Papers fue una filtración masiva de documentos confidenciales robados a una firma de abogados y servicios fiduciarios panameña, que ocurrió en 2016 y que reveló información sobre más de 214.000 entidades offshore, pertenecientes a individuos y empresas de todo el mundo.
Para que tengan una idea de la magnitud de la información robada y luego filtrada a la prensa, se trató de 2,6 terabytes de datos que contenían 11 millones de documentos, casi 100 veces el volumen de documentación de HSBC que robó y difundió ilegalmente en su momento Hervé Falciani.
Muchos quisieron vender este caso como “el mayor escándalo de evasión fiscal y lavado de dinero a nivel mundial”, pero el tiempo me dio la razón.
Hoy, a ocho años del suceso, todos los acusados en el caso fueron absueltos. ¿Qué dijeron los jueces? Por un lado, que la cadena de pruebas no era confiable y, por otro, que las mismas no eran suficientes ni concluyentes.
Lo advertí desde un primer momento, pero no quisieron escucharme: este caso era puro humo y su tratamiento mediático no fue el adecuado.
En cualquier otro caso de robo de información privada, los periodistas hubieran puesto el foco en el robo y no en la información robada. Las investigaciones habrían girado alrededor de los ladrones, no de las víctimas. Pero en los Panamá Papers, las reglas del juego fueron distintas, impuestas por los países de alta tributación cartelizados en nefastas organizaciones supranacionales como la OCDE.
Desde el primer momento, señalé que este escándalo era más una maniobra mediática que una revelación sustancial. En mi libro “Cómo protegen sus activos los más ricos y por qué deberíamos imitarlos”, dediqué un capítulo a esta temática titulado “La OCDE y el ICIJ deberían pedir perdón”. Ya es hora de que lo hagan. A ocho años de todo esto, siguen manipulando información y mintiendo para fustigar injustamente a países que defienden la competencia fiscal.
¿Es hora de que pidan esas disculpas? Sí, claro, hace rato que deberían haberlo hecho. Pero ya no es suficiente. No sirve pedir disculpas sin cambiar nada. Ya va siendo hora de abandonar esta presión ilegítima, tanto sobre países y territorios soberanos que han decidido competir en materia fiscal como sobre usuarios de estos, y llamarse luego a silencio.
Lamentablemente, los Panamá Papers, en lugar de ser un catalizador para una reforma financiera genuina y justa, se convirtieron en una herramienta de propaganda para los intereses de ciertos grupos que buscan consolidar su poder económico y político y ejercer presión sobre países y empresas y generar miedo y mentiras en torno a la figura de las jurisdicciones offshore.
Pero todo cae por su propio peso: pasaron los años y el escándalo se diluyó. No pasó nada, lo cual era absolutamente previsible por el origen ilícito en la adquisición de la información y documentación filtrada. Y porque no hay absolutamente nada ilícito en constituir o utilizar sociedades o estructuras offshore con motivos lícitos, lo cual sucede en el 99% de los casos.
Hoy, la indignación pública se ha desvanecido y los acusados están absueltos. La realidad es que, como acabo de señalar, la mayoría de las prácticas expuestas eran perfectamente legales y legítimas. Todos sabemos, inclusive los medios que eligieron hacerse los distraídos, que tanto la evasión fiscal como el lavado de dinero se dan mucho más frecuentemente “onshore” que “offshore”.
Pero, una vez más, queda claro que el problema no radica en la existencia de los paraísos fiscales, sino en los sistemas fiscales excesivos y desproporcionados que obligan a las personas a buscar alternativas para proteger su patrimonio.
En lugar de demonizar a quienes buscan legítimamente preservar sus activos, organizar eficientemente su sucesión y/o proteger su privacidad, deberíamos cuestionar las políticas fiscales y los tremendos avances de los Estados frente a los individuos que crean incentivos para hacerlo.
En definitiva, los Panamá Papers fueron puro humo. Nos queda la lección de que las campañas mediáticas y políticas no siempre se alinean con la justicia o la verdad, y que, en muchos casos, solo sirven para distraer de los problemas reales y perpetuar un status quo beneficioso para unos pocos.
Por suerte, la gente le dio mucho menos importancia a las filtraciones que le siguieron, conocidas como “Paradise Papers” y “Pandora Papers” respectivamente.
Como siempre he sostenido, la planificación patrimonial y el uso de estructuras internacionales no es una cuestión de evasión, sino de legítima defensa ante un entorno fiscal y político cada vez más hostil. El tiempo ha demostrado que teníamos razón, y es hora de que la OCDE y el ICIJ pidan perdón por la histeria colectiva que impulsaron y las mentiras a las que les dieron fuerza.
En el caso del consorcio de periodistas, si no tiene la integridad suficiente como para pedir disculpas, espero que al menos se abstenga de participar en estas operaciones de poca monta de aquí en más.