Cada día que transcurre, la ilegalidad es mayor ya que esta convocatoria debió hacerse en 2023, tal y como sucedió en El Salvador, Panamá, México, Uruguay y Estados Unidos, cinco países que junto a Venezuela forman parte del calendario electoral presidencial del continente americano.
Mientras esperamos por el anuncio oficial, el gobierno intenta lavarse la cara al reunir a pseudos representantes de una oposición “postiza”, auspiciada y financiada desde Miraflores, supuestamente para escuchar y debatir propuestas sobre el tema en cuestión.
El objetivo, obviamente, no es otro que alargar y distraer sin concretar el día para escoger un nuevo Presidente de Venezuela y ratificar su estrategia de impedir unas elecciones libres y competitivas y provocar en los factores de oposición desánimo y desmotivación.
Aquí radica en buena medida el enorme reto que tienen los partidos políticos y organizaciones civiles de seguir los derroteros hacia las elecciones con María Corina Machado a la cabeza, al mismo tiempo de no desmayar en la exigencia de su habilitación.
Es cierto que lograr anular la inhabilitación de Machado será complejo dado el control del gobierno tanto sobre el TSJ como del CNE, pero es inoportuno y desleal exigir desde ya la selección de otro candidato, tal y como recientemente afirmó el Gobernador de Barinas, Sergio Garrido, quien fue electo el 9 de enero de 2022 gracias a que Freddy Superlano, legítimo vencedor en los comicios en esa entidad el 21 de noviembre de 2021, propuso su nombre y en una contundente demostración de unidad, derrotó al chavismo-madurismo sin atenuantes.
Es evidente que el gobierno busca generar que, en caso de impedir la inscripción de María Corina Machado, la opción sea llamar a no participar a través de una convocatoria de abstención. Y todo esto ocurre mientras arrecia la ola de persecución y represión en las últimas semanas.
La detención de Rocío San Miguel activista y defensora de Derechos Humanos, la expulsión de los funcionarios de la ONU si no se retractaban sobre los cuestionamientos por el encarcelamiento de San Miguel y varios de sus familiares, así como la detencion arbitraria de dirigentes cercanos a María Corina Machado, son sólo algunos hechos que ratifican el carácter autoritario del gobierno.
Desde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hasta el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica, pasando por la Unión Europea, OEA y muchos gobiernos, incluyendo a Estados Unidos, manifestaron su rechazo a tales acciones violatorias de los derechos humanos e hicieron un llamado a Maduro para que recapacitara, por llamarlo de alguna manera.
Creo que estos pronunciamientos se deben reiterar, especialmente ante la comunidad internacional, pues como reza el dicho: “las cosas por sabidas se callan, y por calladas se olvidan”.
Asimismo, los representantes de la oposición deben canalizar ante Petro y Lula Da Silva, elegidos ambos en procesos electorales transparentes y confiables, para que eleven la voz ante su “amigo” Maduro y exijan un proceso electoral libre y competitivo en Venezuela porque es un tema que afecta a sus países y no pueden hacer como el avestruz, meter la cabeza en un hueco.
El que pretendan hacer las elecciones presidenciales en desigualdad de condiciones no debe hacer perder el objetivo que es salir de Maduro y de su modelo político, que ha empobrecido a la mayoria de los venezolanos y aparte ha provocado que más de siete millones de compatriotas hayan salido del país en busca de oportunidades que aquí ya no encuentran.
Hay que evitar la perpetuidad en el poder de Maduro y su grupo, quienes son rechazados por ocho de cada diez habitantes de Venezuela, lo que expresa el deseo de cambio y así reconstruir el país. Vienen días duros para Venezuela, sin duda alguna, pero como dicen por allí: “cuando la noche está más oscura comienza amanecer”.